En mayo de 2014, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, aseguró que el programa nacional de prevención del delito implementado por la actual administración federal sería “transexenal y no momentáneo o de coyuntura”.

Pues resulta que no. En el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para 2017, se le asignaron cero pesos con cero centavos al llamado Pronapred. Dicho de otro modo, están matando al programa.

Esto no deja de resultar extraño. Hace un año, el presidente Peña Nieto presumió que en las comunidades de más de 100 mil habitantes donde se aplicaba el programa, los homicidios habían disminuido cuatro veces más rápido que en el resto del país. Por su parte, en noviembre pasado, el secretario Osorio llamó al programa la “piedra angular” de la política de seguridad.

Luego entonces, si les parecía tan eficaz y tan importante ¿por qué lo matan apenas un año después? ¿Qué salió mal? En una palabra, todo:

1. El programa estuvo dominado desde el principio por una lógica política. Si la prevención hubiese sido el objetivo dominante, los responsables del programa hubieran empezado con algunas prácticas promisorias en unas pocas comunidades, las hubieran sometido a evaluación sistemática y luego, de resultar eficaces, habrían incrementado su escala. Pero no: arrancaron con un programa de 2500 millones de pesos, distribuidos en 60 demarcaciones en las 32 entidades federativas. Y se pusieron a financiar literalmente lo que fuera, desde lentes para niños de primaria hasta plantas deshidratadoras de frutas, pasando por macromurales y clínicas de futbol. Es decir, era una máquina de construcción de clientelas políticas.

2. El Pronapred estaba atravesado por una contradicción insalvable. Por una parte, los funcionarios de la Subsecretaría de Prevención del Delito de la Segob afirmaban que no se podía evaluar al programa midiendo el número de delitos prevenidos, que lo suyo era la atención a “factores de riesgo” (definidos como cualquier indicador social que tuviese cualquier asociación estadística, por tenue que fuera, con la comisión de delitos). Por la otra, le pasaban tarjetas al secretario y al Presidente para que presumiesen sobre caídas en el número de delitos producidas supuestamente por el programa ¿Entonces cómo debía evaluarse al programa? ¿Con delitos o con factores de riesgo? Nunca acabaron de decidir.

3. El remate fue la inestabilidad. La Subsecretaría de Prevención ha tenido tres titulares en tres años y medio (y uno de ellos fue Arturo Escobar, ese fino caballero del Partido Verde). Además, para empeorar las cosas, esa unidad de la Segob estuvo acéfala durante casi un año (en dos periodos). Entre tanto cambio y tanto tiempo sin cabeza, yo apostaría a que el programa acumuló un desorden administrativo de buen calado.

En resumen, se trataba de un programa mal diseñado, mal implementado, desordenado, sin foco, con poca conexión con su objetivo expreso y básicamente imposible de evaluar. No sorprende por tanto que, en condiciones de restricción presupuestal, le haya caído la tijera de Hacienda. En lo que a mí respecta, bendita sea su defunción. Con esto, se abre una ventana de oportunidad para repensar y rediseñar la política de prevención del delito. Y, con suerte, para hacerlo bien esta vez.

EN OTRAS COSAS. La Ciudad de México no es inmune a la ola de violencia que recorre el país. El fin de semana, nueve personas fueron balaceadas en Xochimilco. Cuatro de ellas perdieron la vida. Contrario al discurso de las autoridades capitalinas, no todo está en calma en este alto valle metafísico.

alejandrohope@outlook.com

@ahope71

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