Sobre la muerte de alcaldes

Alejandro Hope

En el último mes, tres presidentes municipales han sido asesinados. No se trata, por desgracia, de un fenómeno nuevo. En la última década, casi 80 alcaldes y ex alcaldes han sido víctimas de homicidio

¿Qué hay detrás de esa violencia contra gobernantes locales? No hay una explicación única, pero van algunas teorías:

1. La delincuencia organizada se ha hecho más local. El submundo criminal de México pasa por un momento de transición. A resultas de la política de decapitación del gobierno federal, las grandes organizaciones del narcotráfico se han fragmentado. Ese proceso ha dejado un ecosistema complejo de bandas más pequeñas, menos conectadas con el tráfico de drogas y más involucradas en actividades predatorias (secuestro, extorsión, robo). Con ello, la relación entre el crimen organizado y las autoridades locales ha cambiado inexorablemente.

Los viejos cárteles mantenían un vínculo de tolerancia mutua con los gobiernos municipales. Mientras no colaboraran activamente con el gobierno federal, los alcaldes eran dejados en santa paz.

En cambio, las bandas emergentes requieren la complicidad activa de los gobiernos municipales. En su modelo de negocio, la información sobre la vida local es un activo imprescindible. Por otra parte, las policías municipales pueden ser proveedoras de músculo para los grupos criminales (como se vio en el caso de Iguala, por ejemplo). Por último, los gobiernos locales pueden ser una fuente de ingreso, ya sea por la vía directa del robo o la extorsión, o mediante contratos de obra o servicios públicos.

En consecuencia, las bandas emergentes tienen más incentivos para capturar gobiernos locales. Y eso significa intervenir en el proceso político por medio de la corrupción, la intimidación o el asesinato.

2. En un entorno de alta inseguridad, la violencia política puede hacerse pasar por violencia del crimen organizado. En algunas regiones, hay tantos homicidios que es muy difícil determinar el móvil de cualquiera de ellos. Además, la mayoría de los homicidios en muchos estados tienden a ser etiquetados por las autoridades como atentados de la delincuencia organizada. Esto proporciona una coartada para otros tipos de violencia. Un homicidio puramente político se puede disimular fácilmente como un golpe del hampa. Eso desvía la atención de las autoridades lejos de las disputas políticas.

3. Es muy fácil matar a un alcalde. Como ha quedado claro en las últimas semanas, el asesinato de un presidente municipal es un evento extremadamente disruptivo. En consecuencia, las autoridades nacionales deberían tomar medidas extraordinarias para proteger a los alcaldes y castigar los atentados en su contra. Pero eso no es lo que sucede en México. El alcalde de Pungarabato denunció amenazas en su contra semanas antes de su asesinato y no hubo ningún esfuerzo por protegerlo.

Más importante aún, la tarea de investigar los homicidios de alcaldes se deja a las procuradurías estatales. Los asesinos de un alcalde tienen tanto riesgo de ser capturados como cualquier otro homicida. Dado que sólo uno de cada cinco homicidios en México conduce a una detención, las probabilidades de que los homicidas de alcaldes se salgan con la suya son elevadísimas.

En esas circunstancias, la sorpresa no es que algunos alcaldes sean asesinados, sino que no haya muchos más municipios vestidos de luto.

EN OTRAS COSAS. Una mujer colombiana es encontrada muerta en calles de la Ciudad de México. El Tribunal Superior de Justicia del DF (sí, el Tribunal, no la Procuraduría) afirma que fue matada a golpes. Días después, rectifica y dice que no, que murió por una caída. Y luego se preguntan por qué la gente no cree en las instituciones.

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@ahope71

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