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¡Fuera corruptos!

Alberto Barranco

Firme el dedo en el renglón tras el veto presidencial a la Ley 3 de 3 aplicada a empresarios en pro de contratos públicos, la bancada priísta en el Congreso está ubicando otra rendija de cara a la revancha frente a la exigencia de transparencia fiscal, patrimonial y de intereses de servidores públicos

La vía planteada es una reforma a la Ley de las Cámaras Empresariales y sus Confederaciones que les ofrezca a éstas mayor juego en el combate a la corrupción.

Entre los puntos sobre las iés planteados en una iniciativa de la diputada Claudia Anaya se habla de constituir una suerte de Comisión de Honor y Justicia para juzgar a quienes cubran la otra parte de las transas bajo el agua.

Lo mismo peca el que mata la vaca, que quien le agarra la pata.

Hasta hoy el único organismo empresarial constituido por ley que mantiene un órgano similar es la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción.

Al interior de éste se ventilan las denuncias contra empresas que se prestan a componendas en la rebatiña por la obra pública federal, estatal o municipal. La pesquisa deriva en la expulsión del omiso del Código de Ética del organismo.

El presidente en turno de la Comisión en la época en que gobernaba Nuevo León Rodrigo Medina, se topó con que el padre de éste quería colocar las fichas a su modo, es decir designar al delegado estatal y a los municipales en un escenario en que llovían quejas por el cobro de comisiones en proporción a los contratos otorgados, que oscilaban del 10 al 30%.

La respuesta del interpelado ante el reclamo podría colocarse con letras de oro en el palacio de gobierno: “Los abrazos los da el gobernador; los chingadazos los doy yo”.

Naturalmente, siendo voluntaria la afiliación a los organismos, por más que en algunos casos se reclama ilegalmente constancia de inscripción como requisito para participar en una licitación pública, la expulsión de un socio seria inocua, vamos hasta le ahorraría la cuota.

En esa posibilidad la iniciativa apunta a plantear que los organismos empresariales integren un padrón con carácter público en el que se lleven al balcón a las empresas que han incurrido en actos de corrupción.

Trapitos al sol, pues, al estilo del Servicio de Administración Tributaria con los omisos del fisco.

En el papel, estar en la lista negra implicaría en automático el no acceso a los concursos para obtener contratos gubernamentales.

¿Se acuerda usted cuando la Coparmex exhibía públicamente, calificaciones reprobatorias al calce, a los legisladores faltistas o indolentes?

Ahora que la reforma propuesta va más allá, al plantear que las Cámaras empresariales trabajen en coordinación con la Secretaría de la Función Publica para investigar y esclarecer la participación de proveedores en posibles actos corruptos.

La posibilidad no incluye a la Coparmex, quien se constituye como sindicato patronal, es decir ni se erige por Ley que se creó al establecer la Suprema Corte de Justicia una jurisprudencia frente a solicitudes de amparo de empresas contra la obligatoriedad de pertenencia a una Cámara.

Al organismo se le ubica algo así como la conciencia del empresariado.

El problema es que no todos los que están están ubicados en una Cámara empresarial, por ejemplo los contratistas al servicio de Pemex, la instancia con mayor tradición en el juego de la transa, con la novedad de que en el escenario de precariedad de la empresa se les ha recortado en dos ocasiones el monto de renta pactada para el alquiler de plataformas marinas o barcos, y apenas unos cuantos se han “rajado” de seguirle.

Calcule usted el grueso del colchón que les otorgó la componenda.

Ahora que la mayoría de ellos son priístas de corazón colorado.

¿Para que la cuña apriete...?

Balance general. La precipitación de la Procuraduría de la Republica en la época de Jesús Murillo Karam para lanzar todo el peso de la caballería contra la empresa contratista de Pemex, Oceanografía, está provocándole un dolor más de cabeza al gobierno.

Hete aquí que las empresas propietarias de dos de los barcos estelares con que operaba la flota de la compañía encabezada por Amado Yáñez, “Caballo Marango” y “Caballo Maya”, están demandando en reclamo por su incautación.

Los navíos habían sido integrados a la firma especializada en mantenimiento en plataformas marinas vía un contrato de arrendamiento con opción de compra.

Legalmente, pues, no eran de la empresa.

El barco mayor de la flota, “Osa Goliat”, levantó ancla al estallido del escándalo, refugiándose en las costas del caribe.

Este tenía la misma condición.

El problema para el gobierno es que las empresas arrendadoras se constituyeron en Panamá, lo que les permite demandar bajo las leyes de ese país.

En el escenario, arraigado Yáñez en su casa de descanso en Acapulco, un día llegó un agitado Murillo Karam para notificarle que se había descubierto el destino de los préstamos otorgados por Banamex.

Según ello, el recurso, casi 5 mil millones de pesos, se había desviado a la compra de automóviles Rolls Royce. El caso es que, aunque el funcionario exhibía un legajo de copias de facturas pagadas a la empresa inglesa, hete aquí que éstas correspondían a motores… para barcos.

Empresa ejemplar. A diferencia de las firmas promotoras de vivienda o de los propios bancos que ofrecen créditos hipotecarios, la empresa Ingeniería Inmobiliaria del Centro no le cobró penalización alguna a la señora Angélica Rivera al deshacerse unilateralmente el contrato de compra de la llamada Casa Blanca. Más aún, la firma le devolvió los abonos otorgados con los intereses correspondientes.

El único cobro fue por concepto de renta por el tiempo en que el inmueble estuvo a disposición de la compradora. La firma es una filial del Grupo Higa, contratista estelar de los gobiernos del Estado de México y Federal.

Un ejemplo para los abusivos.

Sospechas. Una de las líneas de investigación de Televisa en afán de descubrir al autor o los autores de la carta enviada a la Comisión de Valores y Arbitrios de los Estados Unidos denunciando un supuesto fraude a los accionistas al no integrarse a los estados financieros de la empresa dinero en efectivo proveniente de gobiernos federal y estatales para “apoyos” propagandísticos, es que la zancadilla apuntaba a cortar el flujo crediticio.

El entredicho, pues, alertaría a los bancos internacionales y nacionales que estaban financiado la construcción de infraestructura de soporte para su empresa de triple play Izzi.

Como usted sabe, la firma de Emilio Azcárraga le encargó una investigación interna a un despacho de abogados de los Estados Unidos con fama de inflexible, quien concluyó en su dictamen final que no había sustento para dar cauce a la denuncia.

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