Jaque al rey… del cobre

La instancia inglesa reclama desde 2008 un paquete de acciones equivalente a 8% del capital del conglomerado, cuya cotización total se ubica en 16 mil millones de dólares.

Estamos hablando de 64 millones de papeles cuyo precio sería de 2 mil millones de dólares.

Lo inaudito del asunto es que el paquete se cotizó en su momento, es decir en 2003, cuando el imperio empezaba a despuntar, en 75 millones de dólares, que según los reclamantes le enteraron religiosamente al empresario, sin que éste haya entregado a su vez los valores.

Aunque el grupo minero, propietario entre otras de las minas Buenavista del Cobre en México y Southern Copper en Perú, ha calificado el reclamo de intento de extorsión, la situación del “rey del cobre” se agravó al no presentarse a una audiencia convocada por el tribunal de la ciudad de México que lleva el caso.

Enigmático, el empresario ha sido visto pocas veces en público. De hecho, las pancartas de sindicalistas o activistas que han exhibido su efigie en diversos escenarios de protestas, utilizan una fotografía deslavada.

De acuerdo a la querellante, el magnate de 61 años pactó, aunque nunca lo firmó, un contrato mercantil de comisión en respaldo de la operación, que a la hora de la verdad incumplió al encontrar una coyuntura para aumentar su participación.

Dicho con todas las letras, con el paquete de la discordia Larrea logró adquirir 68 millones de acciones de la serie B que sólo se podían vender a quien tuviera determinado porcentaje, tras un aumento de capital.

De acuerdo a Infond LLP, el empresario, ubicado según la revista Forbes como el segundo rico más rico de México, con una fortuna calculada en 13 mil 900 millones de dólares, mantuvo las acciones como propias… cobrando los dividendos generados.

En el camino, ante la pretensión de Larrea de encaminar el litigio hacia la empresa, utilizando el equipo jurídico para su defensa, la contraparte presentó una denuncia que se elevó hasta un tribunal de distrito, quien lo conminó a atender el asunto bajo su responsabilidad.

La bronca es contra usted, pues.

El abogado original contratado por el Grupo México era Juan Pablo Silva, hijo del ex ministro de la Suprema Corte, Juan Silva Meza.

Del otro lado de la mesa la firma promovió el encarcelamiento de un ex funcionario de nombre Héctor García de Quevedo, quien había sido representante legal del fondo reclamante.

La firma sostiene además que Infond LLP está siendo investigado en su país de origen por haber reaparecido misteriosamente tras salir de la escena.

El pleito coloca en jaque, decíamos, 2 mil millones de dólares.

Las acciones de la discordia se mantienen congeladas.

La cantidad es idéntica al monto que el Grupo México se comprometió a pagar para cubrir el costo de remediación del daño provocado por una fuga de sustancias tóxicas de una de las minas del emporio, Buenavista del Cobre, que envenenó el río Bacanuchi, afluente del Sonora.

Jaque al rey… del cobre.

Balance general. El “balconeo” realizado de cara a los medios por el presidente de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, Carlos Ramírez, exhibiendo a la Afore Banorte Siglo XXI como remisa frente a la exigencia de bajar sus comisiones, tiene furiosos a los directivos de ésta.

De hecho, están planteando la posibilidad de solicitar a la Asociación Mexicana de Administradoras de Fondos para el Retiro que ponga una queja en el escritorio del funcionario.

Incluso se habla de llevar el caso a la Secretaría de la Función Pública.

Ramírez señaló que había rechazado la propuesta de la intermediaria de reducir sus comisiones de 1.4 a 1.3, aduciendo que le había dado un plazo de cinco días hábiles para plantear un escenario “más competitivo”.

Los trapitos al sol alcanzaron a las afores Azteca y MetLife.

La resultante de la fusión de las afores Banorte y Siglo XXI es la que mantiene el mayor número de clientes, integrando su estructura con un Comité de Mejores Prácticas Corporativas.

El año pasado la Consar había planteado un escenario similar, exhibiendo a la
intermediaria.

Villano de la película. Quien reveló las telas de la solicitud de la Fiscalía Anticorrupción de España al solicitar asistencia jurídica a la Procuraduría General de la República fue Paulo Díez representante legal de Infraiber, la firma que se volvió pesadilla para la constructora.

Firmante de los desplegados en que se denunciaban supuestas componendas entre el gobierno del Estado de México y la filial en el país de la española Obrascon Huarte Lain para elevar al infinito el fruto de las concesiones para construir y operar el Viaducto Bicentenario y el Circuito Exterior Mexiquense, el abogado fue vocero del Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB).

En su presencia en el escenario público trabajó unas semanas en el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE).

Díez, a quien se le sembró un arma tras su detención hace una semanas para declarar sobre las demandas colocadas en la mesa por OHL por espionaje telefónico, le ha enviado decenas de cartas a funcionarios públicos sobre el asunto.

La información sobre la extensión a España del caso llegó tras una solicitud de información a la Unidad de Enlace de la PGR.

Yo no fui. Aunque el grupo ICA reflejó en sus estados financieros cuentas por cobrar de 20 mil millones de pesos, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes se lava las manos.

De acuerdo a ello la dependencia ha pagado en tiempo y forma las facturas derivadas de contratos de infraestructura, por más que la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción se queja de retrasos de seis meses.

El problema, a decir de la dependencia, son los reclamos que hacen las empresas por supuestos vicios ocultos en los contratos que obligan a elevar los costos pactados.

A ICA se le deben remanentes de obras terminadas en 2013.

Derechos Humanos. En un gesto digno de ser imitado, la empresa cementera Holcim México acaba de comprometerse a no hacer negocios con firmas que violen derechos humanos.

En el catálogo se incluye a las que explotan el trabajo infantil; las que acostumbran castigos físicos contra sus trabajadores; las que le dan trato discriminatorio a colaboradores por cuestiones de género, origen, religión y orientación sexual; las que distinguen a solicitantes de empleo, y las que operan con trabajos forzados.

albertobarrancochavarria0@gmail.com