Entre el 13 y el 22 de julio pasados fallecieron ocho recién nacidos en el Hospital General de Los Mochis en Sinaloa, todos ellos en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales.

De acuerdo a la explicación dada por el Dr. José Narro Robles, Secretario de Salud: “Esas muertes se debieron a las condiciones físicas de las madres y a las circunstancias físicas en que nacieron”, y agregó que no había indicios de que el fallecimiento hubiera sido provocado por una bacteria en el lugar.

Sabemos que los bebés prematuros siempre son muy frágiles, más cuando las condiciones de sus madres son difíciles, y sabemos también que en los hospitales hay bacterias. Sin embargo, resulta demasiado inusual, por no decir sospechoso, que tantos recién nacidos hayan muerto en tan corto lapso.

No es la primera vez que esto sucede. Hace casi dos años fallecieron 23 bebés en el Hospital del Seguro Social de Culiacán, también en Sinaloa. Por lo visto es una tragedia que se repite con cierta periodicidad en los nosocomios públicos.

¿De quién es la responsabilidad?

Cuando en el 2003 sucedió algo similar en un hospital público de la Ciudad de México, ninguna autoridad salió a dar la cara, de hecho al contrario: una doctora se percató de que se había infiltrado una bacteria que provocó inflamación en los órganos vitales de un bebé, pero guardó silencio. Los padres de familia también se dieron cuenta y lo comunicaron a los médicos, pero nadie les hizo caso. Así permanecieron las cosas hasta que ya no se las pudo ocultar porque para entonces “ya se me había infectado todo el cunero”. según dijo el médico encargado. Doce bebés murieron y la única explicación la dio el subdirector del nosocomio, no el director, diciendo que “a lo mejor entró un paciente con el zapato sucio y así entró la pseudomona”.

¿Cómo es que entraban al cunero y a la unidad de cuidados intensivos personas ajenas a las encargadas de los bebés?

Allí se hizo obvio que en dicho hospital cualquiera entraba y salía sin problema y peor aún, que cualquiera podía introducir comida de la calle y que médicos y enfermeras compraban sus alimentos en los puestos ambulantes de los alrededores. A ello se agregaba que, como tuvo que reconocer el médico en jefe, la limpieza y desinfección eran siempre insuficientes, porque no había jabón, ni papel higiénico, ni desinfectantes y ya entrado en verdades, agregó que ni equipo para esterilizar, ni batas, guantes y tapabocas para las enfermeras que manipulaban a los bebés, todo lo cual, dijo, se debía “al insuficiente presupuesto que les habían asignado.”

Por cierto que también en el caso de Los Mochis, algunos padres de familia y trabajadores del hospital hablaron de falta de higiene y de que se empleaban productos caducados.

En aquel entonces, como el caso se hizo público y había que investigar, se apuntaron a “esclarecer los hechos” la Comisión Nacional de Arbitraje Médico, el ISSSTE, la Secretaría de Salud, la Facultad de Medicina de la UNAM, la Cámara de Diputados y por supuesto el Ministerio Público y la Agencia Federal de Investigaciones. El resultado fue un montón de gente que entraba y salía del nosocomio estorbando, interrumpiendo, preguntando y “recogiendo evidencias”.

En esta ocasión las cosas han sido diferentes porque las más altas autoridades de salud del país y del estado dieron la cara y organizaron la investigación, algo que sin duda es importante, pero de nuevo lo hicieron para liberar de toda responsabilidad al hospital y pasarle la factura de los decesos a las propias familias. Nuevos modos de dar las mismas viejas respuestas.

El Dr. Narro afirmó que “trabajaban para evitar que se repitan estos hechos”, lo que indica que sí es posible evitarlos. ¿Por qué entonces no los evitan antes de que sucedan? Incluso ordenó suspender por unos días el servicio de esa unidad para remodelarla. ¿Por qué hay que esperar a que se ahogue el niño para tapar el pozo?

Escritora e investigadora en la
UNAM. sarasef@prodigy.net.mx
www.sarasefchovich.com

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