¿Qué pasa en Salud?

La cobertura universal de salud es una aspiración realizable. Se podría lograr en los próximos 3 años. Y sin embargo, hay barreras que se deben resolver para garantizar acceso efectivo y no sólo afiliación de papel.

La Cámara de Diputados debe evitar el recorte a la salud. Y puede reforzar las medidas de transparencia y rendición de cuentas para mejorar los servicios. Un conjunto plural de organizaciones hemos presentado propuestas específicas a incluir en el Decreto del presupuesto.

La campaña “Cero Listas de Espera” por el acceso efectivo a la salud de la Acción Ciudadana Frente a la Pobreza tuvo como actividad principal un ejercicio de observación ciudadana, pionero en su tipo. Entre julio y octubre más de 700 voluntarios, coordinados por 21 organizaciones civiles, aplicaron casi 7 mil cuestionarios en 160 unidades de salud de 16 entidades federativas.

Los resultados son preocupantes. No se surten los medicamentos completos, se posponen los estudios y las cirugías. Se solicitan pagos o llevar insumos para recibir una cirugía. (Aquí el reporte http://bit.ly/1QeqmtS).

Estas fallas no se justifican por falta de dinero. En estos doce años ha habido una gran inyección de recursos para salud. El incremento se da por la creación del Seguro Popular.

El Seguro Popular en realidad es un mecanismo de financiamiento que transfiere recursos a los gobiernos estatales para que estos garanticen la provisión de servicios a la población afiliada.

El problema es que hay dos modalidades de asignación de recursos. La aportación mayor es para los tratamientos más comunes incluidos en el Catalogo Único de Servicios de Salud (Causes). El Fondo de Gastos Catastróficos (FGC) cubre la atención de un conjunto de padecimientos de alto costo, pero poco frecuentes.

La diferencia entre el funcionamiento del fondo para el Causes respecto del Fondo de Gastos Catastróficos (FGC) es una falla estructural del Seguro Popular. Mientras que el FCG cubre los costos de las atenciones efectivamente realizadas, el fondo del Causes se entrega a las tesorerías estatales con base en el número de familias afiliadas al Seguro Popular.

Esto contradice uno de los pilares ofrecidos en el diseño original del Seguro Popular. La idea es que como en todo seguro, el dinero sirviera para pagar la atención recibida. Se trataba de subsidiar a la demanda.

Esto no sucedió. El dinero del Causes se canaliza a las tesorerías de los gobernadores. En el mejor de los casos, se canaliza para subsidiar la oferta. En el peor de los casos, se desvía. Lo más frecuente es el dispendio, el incremento de burocracia, la construcción de grandes instalaciones y equipamientos de alto costo, las compras con mala planeación.

El problema central de la prestación de servicios de salud radica en su administración. Esto debe cambiar. ¿Por dónde empezar?

Uno de los resultados más alarmantes del estudio de la Acción Ciudadana Frente a la Pobreza es que el sistema de indicadores sobre la calidad del servicio (Indicas) de la Secretaría de Salud presenta grandes inconsistencias. La peor: un tercio de las unidades no reportaron nada en 4 años y casi la mitad no entregaron su último reporte de 2014.

Sin esta información no hay cómo atacar los grandes males en la provisión de los servicios. Tener indicadores es el primer paso para mejorar. Su acceso público es esencial para vigilar y exigir.

Los diputados pueden incluir en el Decreto del Presupuesto 2016, la obligación de la Secretaría de Salud y los Servicios Estatales de Salud de entregar información oportuna, confiable, completa y en formato de datos abiertos, desglosada por unidad de salud. El beneficio puede ser inmenso.

Consultor internacional en programas sociales.

@rghermosillo