Crimen y castigo

Porfirio Muñoz Ledo

El doctor Pedro Salmerón ha escrito un sugerente artículo en el que afirma que sólo en tres breves momentos México se ha acercado a la democracia: 1861-1863, 1911-1913 y 1997-2003. El primero fue ahogado por la Intervención Francesa, el segundo fue asesinado junto con el presidente legítimo y al tercero lo mataron los poderes fácticos y se enterró con el fraude electoral de 2006. Sostiene que “fuera de esos paréntesis hemos vivido bajo el autoritarismo puro y duro o la democracia ficción”.

Por lo que hace al último período, queda claro que fue víctima de las más variadas formas de corrupción que se multiplicaron en todos los ámbitos del poder político y económico y que desnudaron la inconsistencia de la clase dirigente para encabezar una genuina transición. La Comisión de Estudios para la Reforma del Estado había concluido el año 2000 que era necesario “esclarecer debidamente el pasado para poder construir el futuro”. Propuso la creación de una comisión de la verdad que averiguase faltas graves en materia de derechos humanos y delitos patrimoniales contra la nación. El consenso fue confiar al Congreso una legislación sobre transparencia y la creación de un órgano investigador que ponderara las faltas cometidas y propusiera a las autoridades competentes acciones para repararlas. No sólo la sanción de la opinión pública sino, en su caso, el castigo ejemplar para quienes hubiesen violentado sistemáticamente el Estado de derecho.

Ese propósito, como otros empeños por la democratización, naufragó en el contubernio y en el uso irresponsable de poder público. La prevaricación —mal endémico del “estilo mexicano de gobernar” heredado de la Colonia— se salió de control al faltar el pivote autoritario que permitía mitigarlo o administrarlo según las necesidades de una estructura vertical. El llamado “fenómeno cultural” ha sido entre nosotros fuente de poder para gobiernos hegemónicos, divididos o descuartizados.

El abuso es cada vez más ostensible y ha alcanzado peligrosas repercusiones internacionales. Las evidencias de la corrupción se reflejan en la inmensa desconfianza de los ciudadanos hacia la autoridad. La aprobación a la gestión del Ejecutivo apenas llega a 32% y el rechazo al resto de las instituciones es de más de 70%. La clase política se ha visto obligada a reaccionar pero de modo parcial, confuso y predominantemente hipócrita.

El debate parlamentario obligado por la tragedia, termina invariablemente en comedia. Todos los partidos resultan, a la postre, cómplices de la simulación e incapaces de concretar el equilibrio de poderes en rendición efectiva de cuentas. “Anegada entre protagonismos y declaraciones airadas”, la creación del Sistema Nacional Anticorrupción no fue aprobada en el período legislativo ordinario y se desechó la posibilidad de convocar a uno extraordinario. El pretexto de los procesos electorales en curso para aplazar la discusión, revela sólo el temor al juicio ciudadano de aquellos partidos que sostienen las posiciones más débiles e inconsistentes. Máxime que las dos iniciativas faltantes, de las siete leyes secundarias mandatadas por la reforma constitucional, tienen que ver con los nuevos tipos penales de corrupción y las competencias de la fiscalía especializada para enfrentarlos. Las dos claves operativas que, más allá del descubrimiento de las riquezas, harían posible detener la corrupción.

Los desajustes son diversos. Para comenzar, el origen del nombramiento del fiscal. Igualmente las notorias diferencias en las obligaciones respecto de la iniciativa ciudadana Ley 3de3, avalada por más de 600 mil personas. La pretensión por ejemplo, de que las declaraciones fiscal, patrimonial y de conflicto de intereses sólo se publiquen en su totalidad con la aprobación expresa de los funcionarios y por lo que hace a la última de ellas, con el beneplácito de sus familiares. Restricciones inaceptables al principio de máxima publicidad que rige las leyes de trasparencia.

Sería cuando menos escandaloso que se conocieran los desmesurados montos de las fortunas de nuestros políticos, si no existiese la posibilidad real de investigar su origen y de indagar inclusive sobre su relación con los paraísos fiscales. Todo cambio político supone una circulación de las “élites”, lo que debiera ocurrir por métodos pacíficos e institucionales para no dañar más la maltrecha estabilidad del país. La movilización social habría de ser el disparador de esa transformación fundamental.

Comisionado para la reforma política de la Ciudad de México

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