Ciudad global

El proceso de elaboración del proyecto de Constitución de la Ciudad de México ha dado lugar a innumerables debates, en algunos de los cuales se abordan temas que no han merecido hasta ahora análisis claros y con visión de futuro. Así el que se celebró esta semana bajo el auspicio del Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República, donde se escucharon voces de la sociedad civil, académicas y parlamentarias en torno al papel internacional que le corresponde desempeñar a las entidades subnacionales, los estados de la Federación y en este caso a la capital de la República.

A pesar de las ambigüedades y prejuicios que subsisten respecto de la participación de las autoridades y actores de la Ciudad en la vida internacional, ésta se ha abierto paso gradualmente a partir de que alcanzó su relativa autonomía en 1997, y por primera vez en el programa de gobierno de la Ciudad 2012-2018 se contienen transversalmente actividades en el extranjero. Ahora se vuelve indispensable otorgar fundamento constitucional a estas actividades que normen los objetivos, obligaciones e instrumentos de las políticas públicas correspondientes.

Aun antes de la globalización y particularmente a partir de la creación de la ONU y de sus organismos especializados, comenzaron a multiplicarse las relaciones internacionales de agentes públicos, sociales y privados, como los sindicatos, las empresas, las universidades y las organizaciones civiles. Floreció la diplomacia parlamentaria y se establecieron redes de autoridades locales. Las ciudades desarrollaron mecanismos diversos de cooperación que han sido considerados como indispensables para la solución de problemas mundiales y de sus propios habitantes, ya que estas alojan al 60% de la población mundial.

A mayor abundamiento, desde la reforma de derechos humanos de 2011, los tratados y convenciones internacionales en la materia tienen plena jerarquía jurídica, por lo que la Constitución de la Ciudad de México será la primera impregnada de Derecho Internacional y habrá inclusive que diseñar mecanismos de recepción de nuevos instrumentos y sentencias que amplíen esos derechos y deban ser por lo tanto incorporados a nuestra legislación. Un aspecto esencial será el reconocimiento del derecho humano a la migración, establecido en los pactos civiles y políticos de Naciones Unidas y en consecuencia el respeto a los derechos humanos de los migrantes, asentados o en tránsito por la capital, en consonancia con la noble tradición que tenemos por lo que hace al derecho de asilo y al refugio.

También el reconocimiento del voto a los originarios de la Ciudad de México residentes en el extranjero para la elección de Ejecutivo, Legislativo y algunas consultas populares. La ubicación en la Ciudad de México de Embajadas y sedes diplomáticas, cuya protección nos corresponderá según el Estatuto de Capitalidad, facilita las más diversas formas de intercambio con sus servicios de comercio e inversiones, institutos de cultura y promotores turísticos.

Se sugirió la creación de un Consejo de Asuntos Internacionales de la Ciudad que coordine las acciones de entidades públicas y privadas. El gobierno podrá celebrar acuerdos interinstitucionales con órganos semejantes conforme al artículo segundo de la Ley de Tratados de 1992, así como compromisos de hermanamiento y amistad con otras ciudades que se traduzcan en beneficios concretos.

La cooperación internacional es un “propósito”, que no un “principio” del orden internacional, al que todos podemos tener acceso, sobre todo a la de carácter horizontal desde que decidimos considerarnos país desarrollado con nuestro ingreso a la OCDE. Los campos en que ésta puede desplegarse son innumerables. Desde la protección de los derechos humanos y laborales, los intercambios educativos, la sustentabilidad y el cambio climático, la movilidad y la planeación urbana, el combate a la desigualdad y a la pobreza, la justicia y los sistemas fiscales.

Por historia y vocación esta capital debe convertirse en una ciudad global. La intención última de la internacionalización de la Ciudad de México sería generar intercambios útiles e impactos positivos sobre la calidad de vida de sus habitantes y contribuir de modo resuelto y sistemático a la solución de grandes problemas humanos que exigen la acción coordinada de los grandes conglomerados demográficos. Esta visibilidad e interacción de la política capitalina contribuirá sin duda a la expansión de nuestras libertades públicas y al rescate de porciones de soberanía que hemos abandonado.

Comisionado para la reforma política de la Ciudad de México