Ciudad moderna y productiva

El descrédito en que han caído los actores políticos y las instituciones públicas genera una extendida desconfianza en la población. En ese clima se alimentan las críticas respecto de la relevancia que pueda tener para los habitantes de la capital y en el contexto nacional la adopción de una Constitución para la Ciudad de México. Olvidan que el desorden político prevaleciente se debe precisamente a la incapacidad para concretar la transición democrática en un nuevo orden constitucional. Lo que se ha logrado en la capital, después de innumerables esfuerzos, es porque ésta ha sido el epicentro del cambio político y aquí se afincó la precaria pluralidad del país.

El constitucionalismo ha sido el reflejo de las conquistas y aspiraciones históricas de los pueblos que han contribuido de manera notoria en la trasformación de la realidad. De otra manera no se explicaría que más de 95% de las naciones del planeta se hayan dado una o más constituciones desde el fin de la Segunda Guerra Mundial.

El proceso constituyente en el que estamos inmersos difícilmente podría interpretarse como una maniobra de “distracción”, ya que abre la posibilidad cierta de ampliar en la legislación interna derechos consagrados en la esfera internacional, de garantizarlos efectivamente y de ofrecer salidas con visión de futuro a un sinnúmero de dilemas de la capital.

Quienes estamos a cargo de elaborar el proyecto constitucional, por encargo del jefe de Gobierno, recibimos cada día —a pesar de lo avanzado del proceso— un número mayor de propuestas de la sociedad civil, de las organizaciones sociales, de intelectuales y de personajes políticos. Inclusive proyectos completos de Constitución, como el que presentó el parlamentario Pablo Gómez, suscitando intensos debates.

Destaca entre estas aportaciones la del excepcional economista David Ibarra, suscrita también por el investigador Ricardo Dosal. Analiza la evolución demográfica y económica de la Ciudad durante los decenios de la globalización y propone nuevas vías productivas para que recupere su papel preponderante en el contexto nacional.

La población se ha ido comprimiendo de 14% nacional en 1970 a menos del 8% en 2010 y parece haberse estabilizado en alrededor de 8.5 millones de habitantes. Su producto representaba entonces cerca de 28% y es en la actualidad de 16.5%, aunque reciba menos de 11% de las participaciones federales.

Sin demeritar el auge de las telecomunicaciones y servicios en la ciudad, se ha observado un desplome de su aporte al producto manufacturero, que en los 70 representaba 32% del total y que en la actualidad ha descendido a 7%, a causa de los efectos del libre comercio internacional y de la transferencia de la industria a otras entidades.

Así, “el ahorro citadino abandonó la inversión productiva para refugiarse en el rentismo, sobre todo inmobiliario”, lo que ha significado que las recaudaciones tributarias asciendan de 32% a 38%, aunque no se hayan gravado suficientemente los beneficios de la plusvalía. “Las presiones sobre la tributación se han orientado a gravar las nóminas de trabajadores, más que a elevar los impuestos locales directos”, contribuyendo a aumentar las desigualdades distributivas. Señala que las restricciones en los ingresos no han desembocado en endeudamientos desenfrenados de la capital; mientras las deudas de los estados se duplicaron, las de la Ciudad se redujeron de 2.8% a 2.2%.

La nueva Constitución podría liberar las finanzas de la Ciudad, no sólo por el fondo de capitalidad, sino por la recepción de mayores aportaciones federales en algunos rubros. Lo más importante es definir la orientación del desarrollo de la Ciudad y sus nuevas vocaciones socio-productivas, como el turismo, los centros educativos, el sistema aeroportuario y la investigación tecnológica.

La Ciudad cuenta con una masa crítica que le permitiría convertirse en una sociedad del conocimiento articulada, que garantice a las personas empleo, prosperidad y mejora continua en su calidad de vida. Sugiere encubar polos de investigación y desarrollo, vinculados a los sectores más dinámicos de la economía para acercarse a “la frontera tecnológica del mundo”; y menciona proyectos específicos destinados a encontrar soluciones que destraben los obstáculos al desarrollo local y nacional. Como consecuencia se establecería un nuevo pacto fiscal, capaz de sostener en la práctica los derechos y servicios que merecen los capitalinos.

Comisionado para la reforma política de la Ciudad de México