Obama, como buen político, sabe ocultar lo malo y resaltar lo bueno. Conforme se acerca el fin de su gestión crece la popularidad y aceptación de un presidente excepcionalmente dotado, cuyo problema más visible será dejar en el poder a Trump o a Hillary, ninguno comparable a su talento. No obstante todo lo bueno que parece, tiene una deuda con los migrantes, particularmente con los mexicanos y centroamericanos, a los que deportó despiadadamente, como ningún otro presidente de EU lo había hecho.

Desde el inicio de su gestión lleva más de dos millones y medio de personas deportadas. 23 por ciento más que George W. Bush, su antecesor. Conforme a datos del gobierno estadounidense, Obama deportará al final de su gestión más personas que la suma de los deportados por los 19 presidentes que lo antecedieron desde 1892 a 2000.

Esta política de negar asilo a familias que buscaban la protección del sistema estadounidense contrasta con uno de los programas de apoyo a migrantes como han sido DAPA y DACA, por sus siglas en inglés. Se trata de programas de acción diferida que protegería a 3.6 millones de migrantes sin papeles, a los que no se les deportaría y se les permitiría estudiar o trabajar. Los destinatarios del programa están estrechamente ligados a EU y sus lazos con sus países de origen son meramente románticos. 69 por ciento de los destinatarios han vivido diez años o más en EU, mientras que el 25 por ciento cuando menos 20 años.

El programa estaba en marcha, pero el gobernador de Texas primero y después otros gobiernos estatales acudieron a los tribunales para echarlo abajo, al considerar que violaba las leyes y la Constitución.

Un tribunal federal dio la razón al gobernador y puso en entredicho el programa de Obama. El asunto llegó a la Suprema Corte y como no se ha podido nombrar al noveno integrante, el asunto quedó empatado, consecuentemente prevalecerá el criterio del juez de la causa, hasta que la Suprema Corte vuelva a estar completa.

Se dice que en las elecciones presidenciales de noviembre no sólo está en juego el poder ejecutivo, sino el destino de la Suprema Corte. El nuevo gobierno habrá de proceder a cubrir la vacante que dejó la muerte inesperada del ultraconservador juez Antonin Scalia.

El asunto de la acción diferida, de hecho el diferimiento de las deportaciones, es un tema controversial. Para algunos sólo el presidente no tiene la facultad de no aplicar las leyes emitidas por el Congreso y decidir a quien deporta y a quien no. Eso es lo que la Suprema Corte debería definir y es un tema más de contenido político que jurídico.

No obstante, Obama podría resolver el problema, como lo ha planteado el profesor Peter L. Markowitz de la Escuela de Derecho que lleva el nombre de Benjamin. N. Cardozo, uno de los más reconocidos jueces de la Suprema Corte: otorgando el perdón a millones de migrantes considerados como ilegales (sin papeles).

Dice Markowitz, en un artículo en el New York Times, que la facultad unilateral del presidente de otorgar perdones está sustentada en criterios de la Suprema Corte sostenidos desde hace cien años. El presidente puede otorgar amnistía a grandes grupos de personas si considera que con ello favorece los intereses públicos. El último precedente fue del presidente Carter al otorgar perdón a medio millón de jóvenes que se negaron a prestar su servicio militar en Vietnam y con ello violaron las leyes.

El perdón presidencial no tiene muy buena fama. Bill Clinton otorgó cientos de perdones, pero los más controversiales fueron los que “obsequió” el último día que despachó  en su oficina. Otorgó el perdón a un traficante de cocaína y a un lavador de dinero. Estos criminales obtuvieron el perdón con la ayuda, además de Clinton, de un abogado que resultó ser el hermano de su esposa Hillary, Hugh Rodham, a quien cada uno le pagó 200 mil dólares por obtener la clemencia. Cuando se supo del cochupo, el hermano incomodo de Hillary tuvo que devolver el dinero.

La mayor ventaja que encontró el profesor Markowitz es que el perdón no dejaría precedentes, pues nadie, ni siquiera Trump, si llega, podría revertir la decisión. En 1986 Reagan, el presidente que ahora todos admiran, concedió, con la participación del Congreso, una amnistía a 3 millones de indocumentados. Obama no pudo cerrar Guantánamo, ni suspender el embargo a Cuba, ni arreglar la portación indiscriminada de armas. En cuanto a migrantes sin papeles tiene la gran oportunidad de no pasar a la historia como ya empiezan a conocerlo, el “deporter in chief”.

Miembro del SNI.

@DrMarioMelgarA

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