La marihuana mostró la transformación del andamiaje político de México. El detonador fue la resolución de la Suprema Corte en materia del uso lúdico de la planta. Fue la Corte la que efectivamente movió al país: al gobierno, al Congreso de la Unión, a la academia, a la sociedad civil y a la opinión pública. Nunca antes, una resolución judicial había propiciado la convocatoria de dos Poderes a un gran debate nacional. La sentencia llevó a Peña Nieto a fijar su posición sobre el tema.

Criticable el tono personal de un asunto social, pero al menos se sabe lo que piensa el presidente: mantener la prohibición. Su decisión conservadora tiene la ventaja de conocer la posición del gobierno. Aunque también el inconveniente de situar al gobierno en una posición irreductible: ningún funcionario se atreve a opinar diferente al presidente. El Ejecutivo ofreció un debate para enero. La interrogante es si el Congreso legislará en contra del presidente, otra si éste utilizará su facultad para vetar la ley.

El Senado más ágil y abierto, se adelantó con un Acuerdo para establecer la “Metodología del Proceso de Debate sobre la Legalización de la Marihuana”. Convocó a autoridades sanitarias, instituciones académicas, representantes de la sociedad civil, institutos nacionales de salud, Comisión Nacional de Derechos Humanos, al representante de la ONU contra la Droga y el Delito en México y a tres académicos para integrar un Consejo Técnico.

El presidente del Senado, Roberto Gil Zuarth, encabezó la propuesta con destreza política. Tanta que a la convocatoria se sumó la Cámara de Diputados, con lo que ahora es el Congreso el que con la información recabada revisará las iniciativas pendientes relacionadas con la marihuana. Gobernación, por su parte, conducirá otro debate al que ha convocado el Poder Ejecutivo. Me imagino que ambos ejercicios serán complementarios o deberían serlo.

¿Cuál será el resultado? Es difícil precisarlo. Si es complicado explicar por qué estamos como estamos, mucho más será adivinar el futuro. No obstante, hay cuestiones previsibles. La evidencia científica, clínica, la Medicina comparada y los argumentos de salud pública permitirán modificar la Ley General de Salud para importar marihuana medicinal, como ha venido insistiendo Miguel Ángel Mancera, el jefe de Gobierno del DF.

El asunto es particularmente complejo: por un lado hay pacientes que necesitan el alivio de la Cannabis en condiciones extremas de sufrimiento. Por el otro, se tiene que enfrentar el peligro de una droga, como tal adictiva y riesgosa para la salud pública. Si bien menos perniciosa que el alcohol y el tabaco, especialmente dañina para menores y adolescentes.

Descriminalizar, legalizar, penalizar, despenalizar son los desafíos, por lo que valdría la pena empezar por saber qué significa cada término desde la óptica jurídica y qué repercusiones tendrán en el ámbito nacional, sin olvidar que existen tratados internacionales de los que México es parte. Por ello será fundamental la posición del gobierno mexicano en la sesión especial de la Asamblea General de la ONU (UNGASS, por sus siglas en inglés) sobre drogas, a la que México convocó con Colombia y Guatemala.

La posición mexicana ante la ONU, en abril de 2016, no podrá evitar la referencia a la sentencia de la Suprema Corte, y al resultado de los debates.

Tratándose de marihuana la Suprema Corte definió ya constitucionalmente los límites del gobierno y protegió a los ciudadanos de violaciones a sus derechos humanos. El Poder Legislativo hará las leyes necesarias para la reforma, mientras el Ejecutivo instrumentará políticas públicas, de acuerdo a lo que fijan los otros Poderes. Ese es el sentido de una república democrática y de la división de poderes.

Si al presidente le parece o no, es, como él mismo dijo, un asunto personal, a menos claro, que ejerza el veto con el que está facultado.

Miembro del SNI. @DrMarioMelgarA

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