Embarazos de terror

Pasó la temporada de disfraces, altares de muertos, niños pidiendo dulces puerta a puerta, casas decoradas con calabazas y vampiros. Se fueron los días en los que se aborda el miedo como una emoción a la que se recurre para entretenerse, para reírse e incluso para realizar conmemoraciones familiares y homenajes con la intención de hacer tangible la muerte a la que en realidad desconocemos por completo.

La catarsis se manifiesta, pero el pánico que no resulta recreativo, se visualiza con la publicación en redes sociales de una conferencia de prensa celebrada en Oaxaca en mayo de este año, en la que participó como representante de la organización Católicas por el Derecho a Decidir, María Groeti Moreno Martínez, quien recalcó el hecho de que “México ocupa el primer lugar a nivel Latinoamérica en incidencia de embarazos en niñas y adolescentes, mientras que en América Latina según informes de la Planned Parenthood el 90% de los casos es por incesto”.

¿Cuántas de esas jóvenes adolescentes que juegan a asustar estarán embarazadas a su cortísima edad? ¿Sus embarazos son producto de un acto de terror en las que son víctimas de sus padres, hermanos mayores, abuelos o tíos?

Efectivamente entre nuestros orgullosos primeros lugares como país, tenemos también el del país con mayor número de embarazos adolescentes a nivel mundial, según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), México lidera el problema de embarazos en adolescentes, de 12 a 19 años de edad. Al día se registran mil 252 partos, cuyas madres se encuentran en este rango de edad, esta cifra representa que en uno de cada cinco alumbramientos está implicada una joven, pues se estima que el total nacional es de 6 mil 260.

Las consecuencias son predecibles, ya que los embarazos obligan a los jóvenes a dejar la escuela. Según los reportes oficiales, 80% de los adolescentes deserta de la academia. Sin embargo las razones y contextos que dan lugar a estos embarazos no han sido profundamente revisados. Es aterrador suponer que la mayoría de las niñas entre 12 y 19 años resultan embarazadas a causa de una violación o una relación sexual con algún familiar. Si consideramos que de acuerdo con la Unicef, en nuestro país 55.2% de los adolescentes son pobres, uno de cada cinco tiene ingresos familiares y personales tan bajos que no le alcanza siquiera para la alimentación mínima requerida, las condiciones de ignorancia y abuso en las que estos embarazos se hacen posibles, son evidentes.

El incesto como una de las variables más recurrentes refleja no sólo los alcances de violencia intrafamiliar, sino la tolerancia social con la que se alimenta la vulnerabilidad de las mujeres dentro de sus propios hogares. Aunque existen esfuerzos por parte de las organizaciones de la sociedad civil o incluso de ombudsman estatales para prevenir el embarazo adolescente e insistir en el delito que representa el incesto y abuso de menores, existen importantes omisiones de gobierno que inevitablemente avalan este tipo de agresiones cuando propician la impunidad. ¿Qué mejor ejemplo de impunidad que la negligencia con la que se tratan los feminicidios?

No son pocos los gobernadores que prefieren mantener las cifras de feminicidio bajo el tapete. En Puebla, el gobierno de Moreno Valle ha sido acusado por el Movimiento Alternativa Social (MAS) de ocultar las cifras de los feminicidios para evitar la promulgación de la alerta de género y por ende la salida de capital extranjero, con la fábrica de delitos y culpables. Han solicitado alerta de género, pero el gobierno considera que los casos de violencia contra las mujeres en el estado no lo requieren. Lo mismo sucede en Veracruz con el gobierno de Javier Duarte: Veracruz tiene información sobre feminicidios cometidos en una década, la cual no está clasificada, pero de acuerdo con el fiscal del estado, Luis Ángel Bravo Contreras, “no es por pereza, sino que son procedimientos y sin estos datos no es posible emitir la alerta de género que han demandado organizaciones civiles y de mujeres”. A pesar de la presión de la sociedad civil, tras la muerte violenta de 90 mujeres, no ofreció fecha para concluir esta clasificación y se limitó a declarar que de su número dependerá si se determina emitir la alerta de género.

Si las cifras de feminicidio y las acciones para castigarlo se tratan con total irresponsabilidad por parte de los gobiernos, ¿qué podemos esperar de un tema como el embarazo adolescente como resultado de la violencia intrafamiliar? El tipo de políticas públicas que se diseña para reducir la violencia desde el ámbito federal y en los gobiernos locales, tiene implicaciones ineludibles sobre los comportamientos y el trato de género inequitativo que se reproduce socialmente. Si los feminicidios no se contabilizan y mucho menos se castigan, ¿qué riesgo corren los familiares de adolescentes que abusan sexualmente de ellas? Ninguno. El miedo entonces resulta permanente.

Analista política y activista ciudadana