Órdenes para abatir la justicia

Maite Azuela

La semana pasada se cumplió el aniversario de dos eventos que nos obsequian deleznables muestras de la inconsistencia con la que se imparte la justicia en México

La semana pasada se cumplió el aniversario de dos eventos que nos obsequian deleznables muestras de la inconsistencia con la que se imparte la justicia en México: la intervención del Ejército en Tlatlaya y la aprehensión del doctor Manuel Mireles, quien fuera líder de las autodefensas en Michoacán. Con las diferencias lógicas que tiene cada uno de los casos, las arbitrariedades generadas por instrucción de las autoridades, provocan una incertidumbre que aterra. No hay ley que valga más que las ocurrencias autoritarias de los mandos armados o de las oficinas para la procuración de justicia.

El pasado jueves 2 de julio, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, como representante legal de una de las víctimas de Tlatlaya, emitió un informe titulado “Tlatlaya a un año: la orden fue abatir”. Entre la información más novedosa y preocupante que presentó la organización, se encuentra un oficio dirigido a Ezequiel Rodríguez Martínez, teniente de Infantería, en el cual se le ordena trasladarse al mando de personal de tropa al poblado de San Antonio del Rosario, en Tlatlaya, Estado de México; entre las instrucciones que se le dan, una de ellas dice textualmente: “Las tropas deberán operar de noche en forma masiva y en el día reducir las actividades a fin de abatir delincuentes en horas de oscuridad”.

Con su acostumbrada falta de autocrítica y carencia plena de apego al respeto de los derechos humanos, tanto el general Cienfuegos, secretario de la Defensa, como Roberto Campa Cifrián, subsecretario de Derechos Humanos, en vez pedir disculpas y comprometerse a encaminar la reparación de los daños a las familias de las víctimas de Tlatlaya, dedicaron sus esfuerzos al absurdo enredo de obsequiarnos un listado de otros posibles significados del verbo “abatir” para negar que las órdenes dadas a los ejecutores del crimen buscaban acribillar por la noche a los “delincuentes”, sino únicamente debilitarlos.

En respuesta a la vergonzosa justificación de ambos funcionarios, el relator especial de la Organización de las Naciones Unidas sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, Christof Heyns, emitió un comunicado el viernes 3 de julio en el que asegura que “las órdenes a oficiales encargados de hacer cumplir la ley nunca pueden consistir en salir y matar criminales; deben consistir en arrestar, y sólo si se prueba necesario, el uso de la fuerza debe ser el mínimo necesario.” Aludiendo al informe presentado por el Centro Prodh.

Por otra parte el afortunado anuncio de la ahora procuradora general de la República, Arely Gómez, sobre la liberación de Mireles, derrumba las acusaciones de la propia PGR, que en 2014 con Jesús Murillo Karam a la cabeza, aseguraba que Mireles era culpable por posesión de armas, cartuchos y droga, con lo que hace un año justificaron su detención para recluirlo en el penal federal de Hermosillo, Sonora. Para entender la contradictoria actuación del gobierno federal con las autodefensas, vale la pena ver “Tierra de Cárteles”, un documental que consigue acompañar de cerca a Mireles, quien primero fue considerado un aliado para el gobierno, pero cuando hizo pública su desconfianza sobre el proceder de las policías locales y federales para defender a las comunidades del crimen organizado, se convirtió ante sus ojos en un criminal. Fue el entonces comisionado por la Seguridad de Michoacán, Alfredo Castillo, quien anunció con orgullo la detención de Mireles y sin elementos suficientes lo mantuvieron un año en prisión, tan es así que su liberación parece responder más a un acuerdo que a un debido proceso.

La justicia de contentillo con la que contamos otorga un poder metalegal a las autoridades que con la mano en la cintura pueden ordenar el abatimiento de decenas de personas o incriminar a un líder social inocente que dejó de ser conveniente para sus intereses. En un contexto de violencia desatada y desconfianza esparcida, las pretensiones de los ejecutores de la justicia deberían concentrarse en abatir de una vez por todas su desconcertante discrecionalidad.

Analista política y activista ciudadana

TEMAS RELACIONADOS
Guardando favorito...

Comentarios