Holbox: la exclusión del “all inclusive”

Maite Azuela

El paraíso mexicano se llama Holbox. Para quien ha soñado con caminar sobre el mar, el efecto visual y la sensación de andar entre dos mares se hace posible en esta isla del Caribe

El paraíso mexicano se llama Holbox. Para quien ha soñado con caminar sobre el mar, el efecto visual y la sensación de andar entre dos mares se hace posible en esta isla del Caribe. Su riqueza natural es inaudita, pero la calidez de la comunidad convierte a la isla en un sitio que afortunadamente contrasta con la invasión de concreto que ha devastado a Cancún, a Isla Mujeres o a Playa del Carmen. La isla hasta hoy es para todos y de todos, nadie tiene que pagar una noche de miles de pesos para caminar con total libertad sobre sus playas. A excepción de la construcción del hotel Las Nubes, que sí cercó la playa, el resto del oleaje descansa en la arena para el goce y el disfrute colectivo.

Gracias a las ofertas del priísta Félix González Canto, entonces gobernador de Quintana Roo, los desarrolladores del Grupo Península Maya, Fernando Ponce García y su yerno Ermilio Castilla, pudieron agilizar la compra de terrenos ejidales y convertirlos en propiedad privada. Librada esa dificultad, tienen todavía pendiente el cumplimiento del Reglamento de Impacto Ambiental. Sin embargo, los desarrolladores aseguran que el modelo de su proyecto tiene una visión sustentable que únicamente utilizará el diez por ciento de la superficie asignada. Holbox se encuentra dentro del área protegida de flora y fauna de Yum Balam, lo que implicaría que por ningún motivo debería permitirse el desarrollo de megaproyectos turísticos.

Para los ejidatarios originarios de la isla, el riesgo de depredación de los recursos naturales está latente, pero su capacidad para detener ese proyecto es limitada, ya que de los 117 terrenos ejidatarios, los empresarios han podido apropiarse hasta ahora de 73, a través de pagos que no rebasaron los 5 millones de pesos por parcela. Cuando le pregunté a uno de los hijos de los ejidatarios cuál fue la razón por la que su padre decidió vender, respondió sin titubear: “Aquí la mayoría de los dueños de las parcelas vive en condiciones precarias y consiguen trabajo solamente en temporadas vacacionales, así que cuando mi papá imaginó tantísimo dinero en sus manos, ni siquiera se cuestionó si eso valdría realmente su tierra y la entregó a otro yucateco que no es de la isla, pero que trabaja para los del proyecto”. Como su padre, el resto de los ejidatarios originarios tuvieron que entregar el certificado agrario. La persona que me cuenta la historia me pide que no revele su nombre y aunque su preocupación por la devastación de su isla le afecta directamente, me comenta que lo que más le alarma es la división que se ha generado entre vecinos y familiares. No quiere que ni su padre sepa que ha conversado con alguien sobre este tema, porque las amenazas y las presiones para que los ejidos pendientes sean entregados a la desarrolladora han ocasionado enfrentamientos violentos entre sus propios parientes. La disputa no sólo se ha generado entre quienes ya vendieron y quienes no han vendido, sino entre quienes están dispuestos a vender por un precio más ajustado a la realidad (más de 100 millones por parcela) y quienes no venderán bajo ninguna circunstancia.

Justamente hace un año el gobierno federal intervino para controlar el conflicto a su manera. Elementos de la Secretaría de Marina y de la Procuraduría Federal de Medio Ambiente detuvieron a 16 personas sin demostrar la flagrancia de ningún delito, a través de un operativo en el que se les acusó de cortar mangle. No es coincidencia que varios de ellos se oponían a la venta de los ejidos o reclamaban al menos un pago justo por los mismos. Entre los detenidos cometieron el “error” de llevarse a tres topógrafos y un estudiante que hoy ya están libres. Pero los 12 habitantes de la isla siguen encarcelados.

Mientras los esfuerzos de quienes deben proteger el patrimonio natural del país estén centrados en beneficiar a políticos y empresarios, Holbox y nuestros cada vez más escasos paraísos serán sólo un exclusivo privilegio de los turistas dispuestos a pagar un “all inclusive”, que terminará por excluir del acceso a sus tierras a los dueños originarios.

Analista política y activista ciudadana

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