Si revisamos las reformas electorales locales, desde que se realizaron para integrar requisitos de registro de candidatos independientes, podemos detectar que la mano de ciertos gobernadores temerosos de la figura se vio plasmada en las decisiones de sus Congresos.

Como ejemplo de entidades que desde el inicio limitaron la posibilidad de que emergieran candidatos sin partido político, tenemos el caso de Puebla, cuya reforma constitucional en 2013 determinó que cualquier aspirante a ser candidato independiente requería al menos 3 por ciento de firmas de la lista nominal como respaldo para obtener el registro. El porcentaje aplica parejo para candidaturas locales, presidentes municipales y gobernador, lo que implica que un candidato independiente que pretenda competir para la gubernatura requiere juntar 131 mil firmas aproximadamente. El acoso que el gobierno de Moreno Valle realizó contra quienes pretendieron ser independientes, dejó huella para que se la piensen dos veces en el próximo proceso.

Lo mismo sucede con el Estado de México que con el 3 por ciento requerido, obliga a que un ciudadano sin partido que desea ser candidato a gobernador tenga que integrar alrededor de 221 mil firmas para obtener su registro. En contraste, Sinaloa estableció el 2 por ciento de firmas de la lista nominal para candidatos independientes a la gubernatura, lo que implica juntar poco más de 40 mil firmas. Para quienes pensamos que el 3 por ciento es un requisito sumamente alto habrá quien ponga como contrargumento el hecho de que Jaime Rodríguez Calderón El Bronco consiguió sin problema ese porcentaje, ya que, junto poco más de las 107 mil firmas que requería en Nuevo León para ser candidato a gobernador. Sin embargo, quienes visualizamos esta figura como un espacio que debería ser accesible para ciudadanos no militantes que no cuentan con el apoyo de un aparato de gobierno o de grupos políticos que militan en un partido, el 3 por ciento está cuesta arriba.

La novedad de la figura y las expectativas que puede generar para las elecciones a celebrarse en 2016 han encendido la luz de alerta de aquellos gobiernos que saben que sus poblaciones pueden optar por este camino con tal de no ratificarlos. Así que hasta ahora no son pocos los congresos locales que se han dado a la tarea de limitar las candidaturas independientes.

En algunos casos lo que se busca es impedir la fuga de militantes o funcionarios gubernamentales que intenten salirse del carril partidista para pasarse al de los independientes. Así que en Chihuahua el Congreso aprobó que para registrarse como independientes, los candidatos deban comprobar que no militaron en algún partido durante los tres años previos a la elección. En Veracruz y Tamaulipas también se consideró esta limitante. Aunque coincido con la idea de que la independencia debería implicar una distancia sensata de las actividades de partido, tres años puede resultar un exceso y en tanto esa limitante no está contemplada en la regulación federal, seguramente será insumo de impugnaciones próximas. Tamaulipas, al igual que Veracruz, estableció el requisito de 3 por ciento de firmas para las candidaturas independientes que tendrán que presentar, una cédula de respaldo ciudadano por su distrito, municipio o del estado, de acuerdo con el cargo al que aspiren.

Las reacciones de los congresos locales y la intervención de varios gobernadores para colocar barreras a las candidaturas independientes son un peligroso referente de lo que podrían intentar el PRI y el Verde con su mayoría en el Congreso Federal. Si a César Duarte, Egidio Torre y Javier Duarte les temblaron las rodillas con la posibilidad de que un independiente ocupe la gubernatura el próximo año, debe haber varios temerosos de lo que pueda suceder en la elección presidencial de 2018.

Mientras los amantes de la partidocracia sigan resolviendo sus temores con la saturación de barreras que eviten la construcción de alternativas políticas en lugar de analizar con suficiente autocrítica los abusos y el mal uso de poder con el que han demeritado la figura partidista, seguirán alimentando el desprecio colectivo por sus partidos y la sensación urgente de redefinir el sistema de acceso al poder.

Analista política y activista ciudadana

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