Informe de la CIDH y Álvarez Icaza

Leonardo Curzio

No es un tema menor, ya que pondría en una perspectiva diferente la reacción gubernamental al informe

No me parece saludable, para la credibilidad del grupo interdisciplinario que lleva el caso de Ayotzinapa, que esté ventilando en foros europeos un tema que todavía no ha concluido. El grupo tiene, por supuesto, todo el derecho del mundo a exponer sus avances en los foros que considere pertinentes, pero toda decisión implica un costo. En este caso, buscar un apoyo suplementario en la opinión pública europea para fortalecer su posición puede ser contraproducente. Puedo entender que los escollos y el continuo golpeteo de ciertos sectores a la trayectoria personal de alguno de ellos pueda minar el ánimo de algunos de sus integrantes, pero finalmente el grupo interdisciplinario estaba llamado a cumplir una función de legitimidad internacional para una Procuraduría mexicana que no consigue ganar credibilidad ni dentro ni fuera del país.

Me parece que su incursión europea fue un paso en falso, como también puede serlo el que Emilio Álvarez Icaza (como se rumora insistentemente) articule una candidatura presidencial independiente para 2018. Si esto ocurriera, buena parte de lo que ha hecho hasta ahora, incluido el informe de la Comisión sobre la situación que prevalece en México, quedaría absolutamente empañado por las aspiraciones políticas del citado personaje. No es un tema menor, ya que pondría en una perspectiva diferente la reacción gubernamental al informe.

No es lo mismo contestar a un órgano internacional que, con distancia e imparcialidad analiza la situación de un país, que contestárselo a un personaje que puede tener una agenda personal y política que lo ponga en una ruta de discrepancia con el gobierno.

Emilio está en su derecho de hacer lo que a su interés convenga, pero no habrá manera de que el informe, que tanta polémica ha despertado, no se lea bajo el prisma de su proyecto político personal.

Ahora bien, tal como están hoy las cosas, el informe de la CIDH le ofrece al gobierno una descripción muy precisa de lo que ocurre en el país en el ámbito de la seguridad, la justicia y los derechos humanos. Los niveles de impunidad que se comentan en ese texto no son diferentes a los que numéricamente comprobara la UDLAP con su Índice Global de Impunidad.

¿Por qué entonces, en vez de tomarlo como un insumo para mejorar e impulsar una agenda de transformación, el gobierno lo toma como si fuera una especie de acusación injustificada? No lo entiendo. Si la reacción se debe a la sospecha de que la agenda de Emilio y otros grupos sean las dominantes, puedo entender un poco más pero, desde luego, no compartir la reacción. Con Emilio o sin Emilio de por medio, el escrutinio externo debe (en materia de derechos humanos, como en todos los otros ámbitos de la acción gubernamental) ser considerado como una retroalimentación valiosa para mejorar la situación nacional y procesarlos para mejorar y no recurrir a un patético intento de tapar el sol con un dedo. Me resulta incomprensible que un gobierno que acepta el escrutinio externo para muchos temas como los económicos y sociales, encuentre siempre molestos los señalamientos en materia de impunidad y derechos humanos. Si el escrutinio externo para los primeros lo acepta y comparte, no veo por qué el de los derechos humanos le irrita.

Dicho de otra manera, si hay una evaluación externa del sistema educativo, calificándolo como un desastre, me parece lógico que (descontadas las sensibilidades) el gobierno lo use para impulsar su agenda de reforma educativa. Lo mismo vale para todos los señalamientos que pueden hacerse, desde el doing bussiness, hasta el Foro Económico Mundial, sobre la falta de competencia económica o la ineficiencia en los mercados laborales. Los señalamientos críticos ayudan a los gobiernos a impulsar sus dinámicas transformadoras. No me parece lógico que si te lo dice el WEF los veredictos se tomen con juiciosa resignación o con genuina voluntad de cambio y cuando lo hace la CIDH tomarlo por la tremenda.

Finalmente me parece que el gobierno de México debe aprender lo que el verbo compadecer significa, que es padecer con alguien. Padecer con las víctimas de la impunidad es entender mejor su situación y la indignación que genera. El gobierno parece frío ante las víctimas. No parece padecer con ellas. Y eso, más allá de ser un error político, es una falta de sensibilidad humana, que es mucho más grave.

Analista político

@leonardocurzio

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