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Los resultados electorales del pasado día 20 de diciembre en España reflejan una fuerte caída del Partido Popular y del Partido Socialista Obrero Español y han dejado un panorama muy complejo para la integración del próximo gobierno. En nuestro país, es importante prever los escenarios que podríamos tener en 2018 a raíz de algunas de las figuras que se introdujeron a nuestra Constitución en la última reforma político-electoral.
España y México compartimos historia, lenguaje, cultura, amistad y tradición política. La transición española a la democracia siempre ha sido vista como un referente en nuestro país. Muchos de quienes participamos en la lucha por la democracia desde hace ya varias décadas, hemos visto con admiración cómo España logró transitar hacia una democracia vigorosa y pluralista de manera pacífica y exitosa. Y hemos tratado, con sus debidas diferencias, de aplicar muchas de las lecciones españolas al caso mexicano.
México vive hoy en democracia. El pluralismo, las libertades políticas, los derechos humanos y la competencia electoral son la norma que nos debemos proponer, mantener y fortalecer. México enfrenta nuevos desafíos en su devenir democrático que pueden resumirse a modo de pregunta: ¿Cómo mejorar la representación política y la calidad de la democracia? Hace un par de años, el Congreso mexicano aprobó una reforma político-electoral que atiende aspectos clave de esta pregunta.
Buscando una relación más eficiente entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo, se han creado nuevas facultades al Presidente de la República para, en caso de así decidirlo, formar un gobierno de coalición con cualquiera de los partidos políticos representados en el Congreso. Además, para fortalecer el equilibrio de poderes, si se forman gobiernos de coalición, el Senado ratificará a todos los secretarios de Estado, mientras que la Cámara de Diputados lo hará con el secretario de Hacienda.
Esta reforma también introdujo un cambio muy importante para darle más poder al ciudadano: la elección consecutiva de diputados y senadores. Ahora, el votante podrá reelegir a sus representantes hasta por cuatro periodos consecutivos a diputados federales y por dos periodos a los senadores, es decir, hasta por doce años. ¿Qué se logra con esto? Que los representantes ciudadanos rindan mejores cuentas a los electores y no a las cúpulas de los partidos políticos o a otros grupos de interés.
Así mismo, la reforma abrió nuevas vías para la participación ciudadana con las candidaturas independientes que ya se experimentaron en la pasada elección. Ahora, cualquier mexicano podrá postularse a la Presidencia de la República o a otro cargo de elección popular y recibirá, como los candidatos de partido, recursos públicos y tiempo en radio y televisión para sus campañas.
La reforma se pondrá a prueba en 2018. El reto que México sigue enfrentando es cómo hacer que la voluntad de la mayoría de los ciudadanos se traduzca de manera efectiva en mejores gobiernos. En particular, hay un tema que debe llamarnos a la reflexión y que es medular para la calidad de la democracia: restaurar la confianza de la ciudadanía en las instituciones democráticas. Para ello, en México es urgente avanzar en un tema fundamental: la cultura de la legalidad.
Los ciudadanos exigen que sus gobernantes sean los primeros en cumplir y hacer cumplir el Estado de derecho. Exigen que los recursos públicos se usen con transparencia y eficacia. Demandan que la ley sea igual para todos y que las instituciones públicas defiendan los derechos del débil y protejan al inocente del abuso. Si queremos que haya una democracia fuerte, necesitamos un Estado de derecho fuerte. Es una lucha que debemos dar en el salón de clases, en los hogares, en las calles. México exige un compromiso real de cada servidor público y de cada ciudadano con la legalidad. Sólo de esta forma desterraremos la impunidad que tanto lastima a los mexicanos.
Abogado.
@jglezmorfin
