Donald Trump (DT) será el cuadragésimo quinto presidente de Estados Unidos (EU). Lo será por haber ganado un mayor número de votos electorales; no por haber ganado con el mayor número de votos. Aún no toma posesión y ya ha causado fuertes turbulencias en los mercados financieros de todo el mundo por la incertidumbre que implican sus promesas electorales. También han salido miles de jóvenes a las calles de varias ciudades para protestar.

Algo nos debe quedar claro: el señor Trump ganó la presidencia; el Partido Republicano ganó tanto la Cámara de Representantes como el Senado. No son lo mismo, y aunque ganaron por los mismos colores partidarios sí puede esperarse que las promesas de campaña se moderen. Los representantes, equivalentes a los diputados en nuestro poder legislativo, irán a las urnas dentro de dos años.

Para México el resultado electoral no es nada favorable. Las promesas explícitas que hizo DT contra el libre comercio en general, contra TLCAN en especial y las deportaciones masivas de mexicanos indocumentados nos afectan seriamente. Como no se sabe qué tan severas vayan a ser las medidas adoptadas, esto ha ocasionado lo peor que nos puede suceder: incertidumbre. Por lo pronto los mercados cambiario, de valores y de deuda se han expresado contundentemente. La volatilidad del peso ha aumentado, y al momento que escribo, la cotización cerró en 20.85 pesos por dólar contra 18.32 del martes. El Índice de Precios y Cotizaciones de la Bolsa Mexicana de valores perdió del cierre del martes al viernes 7.2%. Y las tasas de interés en el mercado secundario de deuda aumentaron más de 100 puntos base.

Desde el punto de vista económico están en riesgo inversiones y empleos por las restricciones y aranceles que se impongan a las exportaciones. Actualmente nuestras exportaciones a EU ascienden a alrededor de 380 mil millones de dólares (mmd) anuales, de este monto sólo 6% son petroleras. El consumo se podrá ver afectado si llegan a limitar o gravar remesas, las cuales en el 2015 fueron de 24.8 mmd. Con ello comunidades de Michoacán, Guanajuato, Jalisco, Estado de México, Puebla, Oaxaca, Guerrero y CDMX podrán verse afectadas.

Lo que representaría otro choque con fuertes implicaciones sociales serían las deportaciones masivas. Se estima que hay alrededor de 12.2 millones de mexicanos indocumentados. A estos habría que sumar los mexicanos documentados que, al sentirse acosados, también buscarán regresar.

Ante este escenario, ¿qué nos toca hacer? El gobierno federal tiene que tener a las mejores mujeres y hombres en secretarías clave: Relaciones Exteriores y Economía. El presidente Peña Nieto tiene que devolverles poder y potenciarlas. No hay lugar para improvisaciones. Más allá de la buena intención de que nuestra política exterior tiene que lograr que se respeten los intereses de México y nuestros connacionales, el respeto se logra con lo que se concreta en el interior del país y que se muestra con mayores niveles de bienestar de su población.

Es el momento de la unidad y de la coordinación de los gobiernos federales, estatales, CDMX y municipios para una definición estratégica: ¿seremos sí o no un Estado democrático de derecho? México tiene que hacerse mucho más atractivo de lo que actualmente es tanto para los mexicanos como para los extranjeros. El atractivo de México tiene que derivarse porque aquí sí se aplica la ley; porque aquí sí se combate la impunidad; porque sí hay seguridad pública; porque el Estado cumple con dar educación pública de calidad y acceso a servicios de salud.

El triunfo de DT no es el fin del mundo; pero, dada la proximidad y la integración económica y social con los EU, sí obliga a hacer la tarea que viene postergándose. La responsabilidad recae en quienes dirigen e integran los poderes ejecutivo, legislativo y judicial; también en los actores económicos como son los empresarios y los sindicatos. Sin titubeos, sin cortapisas tenemos que mostrar que le estamos apostando a un país conformado por estados y municipios ordenados en los que no hay cabida para la simulación, la corrupción, para las prácticas anticompetitivas, y donde el Estado domina territorialmente proveyendo la seguridad pública que demanda la población.

Economista.

@jchavezpresa

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