Los que SÍ joden a México

Jorge A. Chávez Presa

De acuerdo con el Diccionario de la Real Academia Española, el vocablo “joder” tiene siete acepciones, unas más malsonantes que otras. En México es más que nada sinónimo de molestar, de contrariar. Seguramente a eso se refería el presidente Peña en el Foro Impulsando a México, al que asistió para dialogar sobre cómo pudieron lograrse importantes reformas a las estructuras del Estado mexicano. Pero ya que mencionó que él no se despierta pensando “cómo joder a México”, vale la pena reflexionar sobre quienes sí están “jodiendo” a los mexicanos.

De los indicadores más cercanos para cuantificar a cuánto “joder” estamos expuestos, están los relacionados con la medición de corrupción. Al tocar el tema de corrupción necesariamente tenemos que hablar de quienes al ejercer un cargo público sacan provecho de su posición en detrimento del interés público, pero que benefician a alguien en el sector privado. El punto es que en materia de corrupción el país no está saliendo bien librado. Esto preocupa por dos razones básicamente: seguridad y regulación de actividades antes reservadas sólo al Estado.

En materia de seguridad, se reserva al Estado el monopolio de la fuerza para proteger la integridad física y patrimonial de las personas. Se crean instancias y contrapesos para no abusar de ese poder monopolístico. Sin embargo, tenemos un grave problema. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental que elabora el Inegi, que mide la percepción de la corrupción a nivel nacional y por entidad federativa, la población está percibiendo gran corrupción en las policías (90%), los partidos políticos (89%), los gobiernos de los tres órdenes (poco menos de 82%), ministerios públicos (79%), instituciones electoras (70%), jueces y magistrados (68%), sólo por citar los de mayor percepción negativa. Estos números nos dicen que la población siente que estas instancias lo tienen francamente “jodido” al abusar del poder. Lo sienten al interactuar con el poder público al realizar trámites, autorizaciones y decisiones judiciales.

Y si a lo anterior le aunamos los malos servicios públicos, también tenemos otra medida de que la población sí siente que la están “jodiendo”. La ENCIG también tiene mediciones sobre la satisfacción en los servicios públicos. Pagamos impuestos y derechos a municipios y al gobierno de la CDMX para tener buenos servicios de agua, drenaje y alcantarillado; alumbrado público; parques y jardines públicos; servicio policíaco; calles y avenidas. En todos estos rubros la satisfacción a nivel nacional es muy baja. En ese orden, la satisfacción es de 51.7%, 40.4%, 33%; 38%, 25.3% y 20.7%.

En materia energética la caída en los precios del petróleo hizo evidente un descalabro gigantesco en Pemex, donde la reforma llegó tarde: ni el nuevo consejo de administración tuvo la capacidad ni sentido de oportunidad para actuar y sacar a un director general y su equipo que simplemente lo acabó de depredar. Con la reforma energética el Estado abandona el monopolio como modelo para regular las actividades relacionadas con los hidrocarburos y la electricidad para abrir y crear mercados con competencia para atraer inversión con reguladores y supervisores gubernamentales que darán concesiones y autorizaciones. El simple hecho de que haya percepción de corrupción aleja las inversiones deseadas. Con corrupción se expone al país que lleguen las inversiones que no queremos.

Si la ENCIG es una aproximación para medir la molestia que sentimos, hay una serie de preguntas que no podemos dejar de hacernos: ¿qué estamos haciendo como ciudadanos para tomar cartas en el asunto en materia de corrupción y calidad de servicios públicos? Haber logrado que se presenten las declaraciones patrimonial, fiscal y de intereses es un pequeño paso. También es un paso el Sistema Nacional Anticorrupción. Falta ponerlo en marcha. No obstante que aún nos falta mucho, se necesita de nuestra participación en las elecciones, de lo contrario el modelo democrático no sirve para sacar lo que no está sirviendo. Nos falta exigir al Instituto Nacional Electoral que los partidos políticos abran los espacios para atraer talento con la aptitud de gobernar. Los buenos políticos son indispensables, pues son los que encabezan las instancias a las que como sociedad entregamos monopolios para decidir sobre el interés público. Con corrupción hay malos servicios públicos y fatiga en la población para creer y aceptar reformas. La estabilidad política es tan necesaria como la económica, si no veamos por lo que está pasando Brasil.

Economista.

@jchavezpresa

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