La reforma constitucional en materia de telecomunicaciones que entró en vigor hace dos años, incluyó una muy importante revisión de los derechos fundamentales relacionados con la información, la libertad de expresión, el ser humano-usuario, el ser humano-audiencia, el ser humano-consumidor. Algunos cambios constitucionales, como la obligación del Estado de garantizar el derecho de acceso a Internet, en mi opinión, fueron más demagogia que realidad, sobre todo conociendo las instituciones de nuestro amado pero desgraciado país; otros temas que nos entusiasmaron mucho, recularon o se ausentaron en la ley secundaria, como los límites a la propiedad cruzada, la construcción de una verdadera y robusta televisión pública, los derechos de las audiencias y los usuarios o el derecho de réplica.

La cuestión es que todos estos temas forman parte de un sistema que puede fortalecer o debilitar estos derechos que la reforma vino a apuntalar. En materia de derechos de los usuarios, la Profeco no ha creado la subprocuraduría especial que se ordenó y el Ifetel está trabajando en diversas herramientas que si bien podrían ayudar a los consumidores a tomar decisiones más informadas, requiere también de un esfuerzo conjunto con la industria para lograr un buen resultado. En cuanto a las audiencias, la Unidad de Contenidos Audiovisuales del Ifetel, a cargo de María Lizárraga, trabaja en los lineamientos y la Secretaría de Gobernación ha incumplido ya el plazo que lo otorgaba la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión para emitir los reglamentos en materia de contenidos, quizás sea mejor así.

Mención aparte merecen los artículos 189 y 190 de la ley, que vinieron a violar varias garantías constitucionales con el establecimiento de un “Estado Vigilante”, al ordenar a los operadores colaborar con las instancias de seguridad en la localización geográfica en tiempo real de los equipos móviles, sin que esté limitado a la comisión de delitos graves, como restringía la anterior ley. Estos preceptos pasaron de noche por el IFAI quien decidió no defendernos ante la Corte, a pesar de que ahora muy dignamente es un organismo autónomo. Pero también muy preocupante resultó el anteproyecto de lineamientos de colaboración en materia de seguridad y justicia que puso el año pasado a consulta el Ifetel que pretende que los concesionarios guarden nuestros datos de navegación en Internet por dos años. De estos lineamientos aún no se conoce la versión final, pero ojalá que el Instituto tome en cuenta las diversas opiniones que se han publicado en su sitio, incluyendo la de su Consejo Consultivo, presidido por Ernesto Flores Roux.

Como ve, querido lector, el fortalecimiento de los derechos fundamentales no es precisamente el mejor referente del curso de nuestra #Reformatelecom. Hubo retrocesos en la ley secundaria y el curso del resto va lento. Ojalá el resultado en algunos años sea favorable.

*Presidenta de Observatel y profesora de la Universidad Iberoamericana. Este artículo refleja la posición personal de la autora.
Twitter @soyirenelevy

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