El fantasma de este gobierno

Un fantasma persigue al gobierno del presidente Peña Nieto, el fantasma del conflicto de interés.

En efecto, desde que hace más de un año fueran destapados los escándalos de las casas que supuestamente le habrían comprado la esposa del Presidente, Angélica Rivera, y el secretario de Hacienda, Luis Videgaray, a una empresa contratista del gobierno (Grupo Higa), el fantasma de la corrupción y del conflicto de interés parece perseguir a este gobierno. Una y otra vez reaparece el tema, cuando se habla de manera pública o privada del desempeño de este gobierno y del legado que dejará a su término. La prensa extranjera, por ejemplo, menciona de manera recurrente el tema al referirse a la actual administración.

A la percepción de corrupción que ya caracterizaba a esta administración, se le sumó un poco más tarde la del autoritarismo, cuando pocos meses después de que se diera a conocer lo de las casas fuera abruptamente despedida Carmen Aristegui, la periodista que, junto con un gran equipo de investigación, fuera la primera en develar los secretos de la llamada Casa Blanca.

Ahora, a poco más de un año de la salida del aire de Carmen Aristegui, y cuando ya muchos miembros de esta administración seguramente le apostaban al olvido del asunto, una vez más reaparece el tema de las casas y del conflicto de interés. Reapareció esta vez de la mano de los llamados Panama Papers, una serie de documentos filtrados a un medio de comunicación alemán y analizados por un consorcio periodístico mundial, que han revelado una enorme cantidad de operaciones realizadas a través del despacho legal Mossack Fonseca, el cual estaba establecido estratégicamente en un paraíso fiscal.

La cuestión de las casas y del conflicto de interés reaparece en al menos dos dimensiones distintas. Primero, porque en los documentos dados a conocer se muestra cómo Armando Hinojosa, el dueño de Grupo Higa y amigo cercano del Presidente, trató de esconder 100 millones de dólares, poco después de que se hicieran públicas las revelaciones sobre la relación entre su grupo empresarial y la esposa del Presidente. Para ello, Hinojosa estableció dos fideicomisos en Nueva Zelanda, en los que usó a su madre y a su suegra como beneficiarias para tratar de disimular el nombre del verdadero dueño de los recursos. Más aún, en esos mismos documentos el despacho del señor Hinojosa menciona de manera explícita que los 100 millones de dólares son apenas una fracción muy pequeña de su riqueza, lo que lleva a preguntarnos de manera inmediata sobre el verdadero tamaño y el origen de la misma. En la justificación que escribió el despacho de abogados que le ayudó al señor Hinojosa se aludía precisamente al escándalo político en el que estaba envuelto el empresario. Si el escándalo no hubiera brotado, quizás el señor Hinojosa tampoco habría buscado esconder estos recursos y quizá no habría aparecido en esta lista.

Segundo, porque una vez que se supo que el señor Hinojosa transfirió esos recursos a cuentas personales, las preguntas sobre la licitud de los mismos y sobre su pago de impuestos es algo natural. Paradójicamente, el área encargada de revisar esos temas desde el gobierno federal es la Secretaría de Hacienda, la cual es dirigida por Luis Videgaray, la persona que se benefició de la venta de una casa en condiciones anormalmente benévolas (con una tasa de interés muy por debajo de la tasa de mercado, con un pago en especie de origen desconocido, etcétera). Así pues, el conflicto de interés ahora reaparece, pero por otro lado. Antes, el tema era que funcionarios o personas vinculadas al gobierno hacían tratos ventajosos con un contratista de la administración. Ahora, una de esas personas será la encargada de evaluar la legalidad de las acciones de ese mismo contratista. El conflicto de interés reaparece, pero recargado. Para nadie será una sorpresa lo que va a ocurrir: no habrá delito que perseguir. Esa es la lógica inevitable con la que operan los conflictos de interés: favor con favor se paga. El fantasma sigue vivo.

Economista.

@esquivelgerardo

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