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Desde hace por lo menos una década Veracruz vive una crisis de incidencia delictiva, inseguridad y violencia. La penetración de la delincuencia organizada se ha dado en un contexto caracterizado por una notable debilidad institucional, corrupción generalizada, así como por contar con un sector empresarial y una sociedad civil que se adapta a los problemas, más que exigir contundentemente acciones efectivas. Esto ha permitido que la entidad sea vista como botín.
Entender a Veracruz es difícil, la información oficial habla de crisis de algunos delitos violentos como el secuestro, pero en general los crímenes comunes parecen no azotar a la ciudadanía. Se trata de un contexto en el cual se ha confirmado que las autoridades locales, por mucho tiempo, se han dedicado a mentirle a la sociedad, ocultar datos, negar delitos y revictimizar a quien ha sufrido directa e indirectamente determinados ilícitos.
Simplemente recordemos que en más de una ocasión, las autoridades estatales agregaron por lo menos un año después la estadística de decenas de miles de delitos que no habían sido reportados ante el Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP) y que, por ende, nunca se investigaron.
En este sentido, es pertinente recordar las múltiples mofas del prófugo Javier Duarte ante los reclamos de víctimas o la misma declaración que en la entidad “sólo hay 300 desaparecidos”, cuando han aparecido fosas clandestinas con centenares de víctimas.
¿Cuál es el comportamiento de los delitos de alto impacto en la entidad? Si se comparan las tasas por cada 100 mil habitantes de 2015 respecto a las de 2016, las extorsiones aumentaron 51%; las violaciones, 20%; los secuestros, 35%; los robos de vehículos, 22%; los robos totales con violencia, 4%; los homicidios culposos, 27%, y los homicidios dolosos, 121%.
El 2017 parece querer cobrar las cuentas de todos los daños y omisiones que tuvo la autoridad. Si comparamos las tasas de enero de 2015 en relación con las del mismo mes de 2016, vemos que prácticamente todos los delitos incrementaron: la extorsión, 446%; la violación, 359%; el secuestro, 49%; el robo de vehículo, 61%; robo a casa habitación, 44%; el robo a negocio, 270%; el robo a transeúnte, 69%, el robo total con violencia, 204%, el homicidio culposo, 175%, y el homicidio doloso, 27%.
Para entender estos datos sería necesario responder las siguientes preguntas: ¿de 2016 a 2017 mejoraron la captación de denuncias, clasificación y registros de incidencia delictiva o se desbordaron los delitos comunes en la entidad?
¿Qué criterios de clasificación se tuvieron en enero 2017 para ver un aumento de casi dos veces el número de homicidios culposos? ¿Negligencia e imprudencia aumentaron o podemos con esto demostrar que muchos homicidios dolosos se mal registran como culposos?
En un contexto en el cual los datos estatales y nacionales del Registro de Datos de Personas Extraviadas y Desaparecidas (Rnped) no tienen ninguna validez para entender el fenómeno de las desapariciones, es necesario cuestionar qué están haciendo las autoridades correspondientes para construir un sistema en el cual sea un hecho que los familiares de personas desaparecidas tengan acceso a la justicia y a la verdad.
Considero que un caso ocurrido hace poco más de una semana es sumamente representativo de la descomposición de Veracruz: dos personas fueron asaltadas con violencia y una patrulla de la Fuerza Civil no atendió a las víctimas bajo el argumento de que estaban encargados de ser “guaruras de un civil”, dejando escapar a los ladrones. Varias notas periodísticas dieron cuenta del robo, en ninguna encontré el dato de la falta de cumplimiento de la autoridad, como si esto fuera algo normal o alguien lo hubiese callado.
Quizás en otra entidad, la sociedad civil local hubiese exigido la cabeza de los titulares de la institución de seguridad que fueron —por lo menos— omisos en supervisar y sancionar la gravísima falta de los policías en cuestión.
Sin embargo, esto pareciera ser impensable en un estado en donde la corrupción pareciera que es la norma y la sociedad se acostumbró y adapta a condiciones que para otros serían inaceptables.
Director del Observatorio Nacional Ciudadano
@frarivasCoL
