"No hay política de seguridad efectiva que no contemple el acompañamiento y supervisión de la sociedad civil", me quedo con estas palabras que el Comisionado Nacional de Seguridad, Renato Sales, mencionó en la reunión para afinar el acuerdo de colaboración que permitirá a algunas organizaciones de la sociedad civil implementar un mecanismo de supervisión externa para Policía Federal y el Sistema Federal Penitenciario.

Desde hace casi 3 años, el Observatorio Nacional Ciudadano (ONC), Causa en Común, México Unido Contra la Delincuencia, el Instituto para la Seguridad y la Democracia, la Red de Profesionistas en Seguridad Pública, el Instituto de Administración Pública y la Unidad de Asuntos Internos de la Policía Federal (UAI), hemos desarrollado un mecanismo que permitirá acompañar y entender con detalle los procesos internos disciplinarios, de desarrollo policial y de efectividad de la actuación de la Policía Federal. El objetivo es mejorar el desempeño individual de los policías al mismo tiempo que se fortalecen la institución, los procesos de transparencia y rendición de cuentas y se prueba un modelo que podrá replicarse a nivel local.

Lograrlo implicó muchas horas de trabajo, planeación, discusión teórica y análisis de lo factible en términos de supervisión ciudadana según el marco normativo que rige a la institución.

Es destacable la cooperación del entonces titular de la UAI Edgardo Flores quien dio pie para que este proyecto pudiese surgir y más aún del actual Comisionado Nacional de Seguridad, Renato Sales quien decidió expandirlo a toda la CNS.

Falta mucho en México en materia de transparencia y rendición de cuentas, la mayor parte de nuestros gobernantes ni dialogan con la sociedad, ni tienen vocación democrática ni les interesa rendir cuentas. Sin embargo, poco a poco, la sociedad mexicana ha ido ganado espacios y construyendo una cultura de la corresponsabilidad donde la observación, acompañamiento, demanda y crítica se vuelven relevantes y fungen como instrumentos de contrapeso a las decisiones de la autoridad.

En el ONC entendemos que la demanda y la crítica son necesarias, tanto como lo es el reconocer la apertura al diálogo y al trabajo en conjunto con la sociedad. En un país donde la regla sigue siendo descalificar a los ciudadanos que observamos y criticamos, es importante hacer visible cuando las autoridades abren las puertas de las instituciones.

Con ese espíritu, es importante dar a conocer que la Procuradora Arely Gómez y la Procuraduría General de la República nos han permitido diagnosticar y fortalecer el combate a las desapariciones forzadas e involuntarias en el país y observar el cumplimiento de las políticas de derechos humanos por parte de la institución.

De igual manera, es destacable la colaboración del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y del Centro Nacional de Información para construir un mejor instrumento de medición que permita conocer con mayor exactitud y de una manera más homogénea el número de averiguaciones previas en el país.

Es destacable la apertura, transparencia y colaboración que la Coordinación Nacional Antisecuestro tiene con la sociedad civil, lo que nos ha permitido entender, explicar y evaluar avances en esta materia, y que además, ha atendido las observaciones y críticas que desde la sociedad tenemos, poniendo siempre al centro el bienestar de las víctimas y el objetivo por erradicar este delito.

Destacable es la apertura de las procuradurías y fiscalías generales de Chiapas, Chihuahua, Morelos y Veracruz para permitir monitorear el proceso de los registros de denuncias, los procesos de construcción de la información, al mismo tiempo que han permitido construir en conjunto la integridad de los servidores públicos a través de programas que fomentan la Cultura de la Legalidad.

Destacable la colaboración que en lo local algunas autoridades han logrado a través de la Red de Observatorios Locales del ONC.

Ojalá que esta reflexión motive a otras autoridades que hoy parecen ignorar estos grandes avances democráticos. Al mismo tiempo que algunas autoridades permiten la colaboración, otras desestiman los hallazgos de los informes de la Comisión Interamericana de Derecho Humanos y del Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas que señalan una constante violaciones a los derechos de las personas en nuestro país. La apertura de algunos contrasta con el actuar de autoridades que mal informan sobre la incidencia delictiva o de plano presumen números alegres sobre la reducción de delitos pese a la innegable crisis de inseguridad que todavía vivimos en el país.

Mientras algunos entienden la necesidad de rendir cuentas, el gobernador de Quintana Roo niega la crisis de feminicidios en su entidad; la fiscalía general de Nayarit omite contestar solicitudes de información en materia de trata, extorsión, secuestro o robo y no registra las extorsiones y el robo a transeúntes en la entidad o en Coahuila el Gobernador desconoce sus propios datos de incidencia delictiva y descalifica la sociedad civil local.

Ojalá y el ejemplo de la CNS, la PGR, el SNSP, las procuradurías y fiscalías de Chiapas, Chihuahua, Morelos o Veracruz motive a las autoridades del Estado de México y Nuevo León para que permitan fortalecer la transparencia, el combate a los delitos y la corrupción.

Espero que esta reflexión motive a más ciudadanos a participar en la solución de los problemas y necesidades de sus comunidades y a asumir que la innegable crisis de corrupción, derechos humanos e impunidad podrá disminuir sólo cuando la sociedad sea corresponsable y solidaria.

Invito a través de este espacio a la sociedad civil de Baja California, Baja California Sur, Ciudad de México, Colima, Durango, Estado de México, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Oaxaca, Quintana Roo, Sinaloa, Sonora, Tabasco y Tamaulipas a unirse y trabajar para mejorar los índices delictivos, de transparencia y rendición de cuentas. Sabemos que el activismo social en nuestro país es difícil e incluso peligroso, que aparentemente existen pocos incentivos y que nadie nos ha enseñado a participar, pero sabemos también que, pese a todo, participar es necesario y urgente.

Las puertas del Observatorio Nacional Ciudadano están abiertas para quien decida acercarse. Cuenta con todo nuestro apoyo y con la posibilidad de donarles metodología y acompañarles en su trabajo. Algo hemos logrado a nivel federal; pero sabemos que es en lo local donde falta aún más, donde la autoridad es autoritaria, amenazante, se burla y minimiza los problemas de la sociedad; sabemos que es ahí donde debemos actuar y ahí es donde necesitamos a muchas más personas generando contrapesos, construyendo ciudadanía, rendición de cuentas y Cultura de la Legalidad.

Francisco Rivas

@frarivasCoL

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