Una comparación rápida a los números de incidencia delictiva de los primeros nueve meses del año, contra el mismo periodo de 2014, nos presenta una disminución del número de denuncias de delitos de alto impacto con excepción del homicidio doloso.

Existe la tentación de pensar que es una buena noticia, la mayor parte de delitos de alto impacto bajan, sólo uno sube. Sin embargo, es importante una mirada más atenta: el hecho de que bajen las denuncias no significa necesariamente que el número de delitos cometidos baje; el comportamiento nacional a la baja de los delitos no transmite una clara imagen de lo que sucede a nivel local, ya que varias entidades y municipios tienen una importante tendencia a la alza; además, no es un tema menor que el homicidio tenga, en 2015, un comportamiento a la alza tras tres años de bajas continuas.

Precisamente es en el nivel local donde existen estas contratendencias que nos muestran que en 2015 hay personas que viven en condiciones de mayor violencia que en 2014.
 
Guerrero es uno de los casos más extremos y preocupantes: en lo que va de 2015 se han iniciado 62 averiguaciones previas por secuestro lo que significa una tasa dos veces más alta que la nacional (Guerrero tiene 1.73 secuestros por cada 100 mil habitantes, mientras que a nivel nacional sólo son 0.63), esto nos hace pensar que cerrará el año con una cantidad entre 77 y 83 averiguaciones previas de este delito; se han iniciado 108 averiguaciones previas por extorsión, el doble que en 2010. También han sucedido 1,985 homicidios, de los cuales 1,484 son homicidios dolosos y 501 culposos, lo que significa una tasa total de homicidios de 55.6 es decir 41.6 homicidios dolosos y 14 culposos por cada 100 mil habitantes. La tasa de homicidios dolosos es 3 veces mayor que la nacional que es de 10.4 y la de culposos es 50% más grande.
 
En este contexto, el pasado 27 de octubre el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, anunció un nueva estrategia federal de seguridad para Guerrero, acompañado del nuevo gobernador de la entidad, Héctor Astudillo Flores, y por el general Alejandro Saavedra Hernández, comandante de la IX Región Militar, encargado de llevar a cabo este plan.
 
El secretario Osorio Chong, al momento de lanzar este plan renovó el respaldo del gobierno federal para el regreso de la paz al estado y enfatizó que este plan incluye la puesta en marcha de una nueva unidad especial de combate al secuestro, acciones en las zonas con mayor índice de violencia y la construcción de una carretera que unirá a la Costa Grande con la Tierra Caliente de Guerrero para facilitar el comercio y el traslado por la entidad.

Paralelamente existe el compromiso del gobierno estatal de fortalecer las instituciones locales.

Si analizamos los hechos por sí mismos, esta “nueva estrategia” ya la vimos y conocemos, nueva no es y sabemos cuáles son los resultados potenciales: aumento de la presencia de fuerzas federales, algunas capturas importantes, autorreconocimiento y palmadas en la espalda por “los avances”, acciones positivas que no llevan a logros o a darle la vuelta sustantiva al problema.
 
Antes de concluir este artículo diciendo que no hay nada nuevo bajo el sol, me dí a la tarea de contactar a diversas autoridades federales, locales y actores de la sociedad civil local, pidiendo que me explicaran qué tiene de nueva esta estrategia y cuáles eran los indicadores de resultados o de impacto; cuál es el plan estratégico, cuáles son las metas específicas y cómo se van a medir, etc. Debo confirmar que esta “nueva estrategia”, nueva no es, acciones y compromisos son similares a los que tantas veces hemos escuchado y visto implementar en esa entidad.

Sin embargo, quiero destacar algo que escuché de todos aquellos a quienes interrogué y dentro de los que destacan voces objetivas e independientes: “Ahora sí hay colaboración y corresponsabilidad”.

A través de varios ejemplos, mis contactos me explicaron el involucramiento de fuerzas federales, empresarios y sociedad civil en la supervisión de la nueva unidad antisecuestro; de cómo se está construyendo policía estatal confiable y cómo la presencia de fuerzas federales se ha desplazado hacia las áreas más internas de la región tierra caliente.

Ninguna acción nueva, como ya dije; lo que se palpa diferente es el entusiasmo y la visión y retórica compartida.

¿Será suficiente? Un año después del terrible caso Iguala, donde el alcalde, la policía municipal y la policía municipal de Cocula fueron corresponsables de desapariciones forzadas, homicidios y lesiones graves, tenemos el caso de Erick Ulises Ramírez alcalde de Cocula en arraigo por 40 días, tras haber sido detenidos junto con Adán Covarrubias, líder de plaza de los Guerreros Unidos.

En la entidad, fosas y fosas clandestinas siguen apareciendo sin la garantía de que los cuerpos reportados por lo menos aparezcan en estadísticas oficiales de homicidio, y ni pensar que se le dé acceso a la justicia y reparación del daño para las víctimas indirectas del delito.

¿Más de lo mismo para Guerrero? Parecería que sí, aunque con un componente que puede ser la diferencia sustancial: la voluntad política, el compromiso institucional, el acompañamiento de la sociedad civil. Estos tres factores se han demostrado determinantes en otros casos para lograr sentar las bases del cambio.

Nos queda acompañar el proceso, evaluarlo y estar listos para pedir cuentas a la autoridad por lo que no se hizo. Para los nuevos gobernadores de Michoacán, Nuevo León, Querétaro, Sonora, la oportunidad de observar y, tal vez, aprender algo.

Director general de Observatorio Nacional Ciudadano.

@frarivasCoL

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