¡Más Ejecutivo!

En esta columna hago un llamado a ver las cosas con mucho más pragmatismo.

Pongamos como ejemplo el tema de la corrupción. Cada vez que hay un escándalo de corrupción surge como respuesta la “creativa” idea de elaborar una nueva ley.

La nueva ley, entonces, se vuelve el tema que atrae a los medios, que llena las ocho columnas y el análisis de los editorialistas y articulistas.

Y mientras la nueva ley se debate, quienes detonaron la crisis de corrupción, pasean cínicamente por el espacio de la impunidad y la burbuja de la discusión pública creada para protegerlos. ¿No es más ejemplificante meter a la cárcel a los corruptos con las leyes existentes que crear nuevas normas y no aplicarlas?

Parece que los Poderes Ejecutivo, federal y estatales, han gustado más de normar y construir iniciativas que de actuar, construir, proteger y gobernar la vida cotidiana.

En todo el país los Poderes Ejecutivos se han hermanado con sus Legislativos, en vez de ser quienes ejecutan, hacen, construyen, aplican las leyes.

Es mucho más cómodo vivir políticamente del deber ser, de la legislación, de las ideas, que del ser, de asumir su responsabilidad plenamente, de arriesgarse a conducir el desarrollo, el conflicto social, la seguridad pública, la salud, la educación de calidad, e imponer la ley, aunque sea políticamente incorrecto.

En un mundo en donde todo el discurso político y el reclamo social son sobre derechos y no se habla de obligación alguna, gobernar es muy complicado. Pero por complicado que sea, se pidió el voto y se ofreció el compromiso para domar la realidad, no para dedicarse solamente a imaginar las normas. Eso es indispensable, pero sin olvidar, quién está responsabilizado de aplicar las leyes.

¿De qué van a servir nuevas leyes si no se aplican la Ley de Transparencia, la Ley Anticorrupción y todo el Sistema Nacional Anticorrupción, con siete nuevas leyes, incluyendo la Ley 3de3? Hay que exigir que se apliquen.

Un “país de leyes” como tanto se dice, no es tener muchas leyes, sino que la convivencia de la sociedad se desarrolle en un marco normativo obligatorio y que quienes no lo hagan así, sean acreedores a una pena. No hay que confundir: “Un país de leyes” con un “país de legisladores”.

Tenemos un déficit de Derecho positivo y de aplicación de la ley porque los Ejecutivos han buscado sombrita cerca de la legislación y lejos de la ejecución.

Junto con mejores leyes tenemos que ir armando en México una cultura de aplicación de la ley.

No hablo del Presidente de la República exclusivamente, hablo también de los señores gobernadores y de los presidentes municipales, que cuentan, en efecto, con la normatividad como parte de su función, pero más aún y fundamentalmente, con ejecutar la norma.

De lo contrario, frente a un nuevo problema de corrupción, ¿qué obtendremos? ¿castigo? ¿reparación del daño? No. ¡Una nueva ley!

Presidente ejecutivo de Fundación Azteca.
@EMoctezumaB
emoctezuma@tvazteca.com.mx