Nuevo pico de violencia

Editorial EL UNIVERSAL

Junio de 2017 marca un nuevo récord en la cifra de asesinatos en México. En dicho periodo se registró el número más alto de averiguaciones previas por homicidio doloso desde que se tiene registro (1997).

Un incremento pavoroso de prácticamente 40% con respecto al mismo mes del año pasado, que sólo viene a confirmar que las cifras de los meses previos, que ya anunciaban un aumento considerable en la violencia en comparación con el 2016, sí eran una preocupante tendencia —hoy sabemos al alza—, minimizada en su momento por las autoridades, e indicador indudable de la complicada agenda de seguridad en la que hoy volvemos a estar inmersos.

El aumento en la violencia homicida es prácticamente a nivel nacional: en 27 de las 32 entidades federativas creció el número de víctimas. Incluso, en estados como Baja California o Chihuahua, los homicidios se incrementaron en más de 50% en comparación con el año pasado.

Estos datos no debieran sorprender a nadie. Recientemente hemos atestiguado en entidades como Colima, Guerrero, Veracruz o la propia Ciudad de México hace tan sólo unos días, el alcance que vuelve a tener a lo largo y ancho del país la violencia criminal. Secuestros, extorsiones, robos o cobro por derecho de piso son afectaciones cotidianas para miles de habitantes en estados del centro, sureste o norte de México.

Independientemente de que esta nueva “oleada” de violencia pueda estar en parte relacionada —como seguramente argumentarán las autoridades— con la captura de capos, y la atomización de los cárteles y pugnas sucesorias que ello acarrea, o incluso, como varios actores políticos han sugerido ya, con la implementación del nuevo sistema de justicia penal acusatorio —más preciso sería decir, por las fallas en dicha implementación—, la situación actual no debe llamar a engaño. Éste es un problema por demás anunciado, del cual el origen es el estado de caos, colusión, corrupción e impunidad que reina en todo nivel en los entes encargados de la procuración e impartición de justicia de este país.

Lo anterior no es exagerado y por ello resulta urgente la transición a la Fiscalía General de la República, así como la consolidación plena del SNA. Quienes pugnan por volver al viejo sistema inquisitivo dejan de lado que justo se transitó a un sistema de justicia penal acusatorio para dejar atrás múltiples prácticas violatorias de derechos humanos. Continuar culpando al nuevo sistema es irresponsable, ahonda el problema y sólo genera confusión en la sociedad. Lo que urge es que cada eslabón de la larga cadena institucional haga lo que le toca.

La causa de fondo del aumento de la violencia criminal es la impunidad, que no se combate encarcelando a la mayor cantidad de imputados, como se hacía antes, sino instaurando una verdadera procuración de justicia, un real régimen de Derecho.

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