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México, por desgracia, sigue siendo un país profundamente machista en el que las mujeres, por el solo hecho de serlo, son las más vulnerables a todo tipo de agresiones y discriminación, pero marcadamente a múltiples ataques de índole sexual.
Como lo publica hoy esta casa editorial, únicamente en la Ciudad de México, una capital plural y de avanzada, entre 2013 y 2016 se abrieron 10 mil 58 averiguaciones por algún tipo de ataque sexual hacia las mujeres. En una de cada cuatro de estas averiguaciones se registra la violación de una capitalina: una estadística de dos mil 366 violaciones de 2013 a 2016.
Para dimensionar lo anterior, otro dato: cada día siete mujeres son atacadas sexualmente en algún punto de la CDMX, estadística que en el periodo aludido se incrementó.
No obstante lo escandaloso de estas cifras, la magnitud de estos delitos podría ser mucho mayor debido a que el subregistro y la omisión de las fiscalías mantienen en la sombra el verdadero número de delitos sexuales en la capital de la República.
Y a la desgracia de sufrir una violación debe agregarse el calvario que supone denunciar y tener que probar ante las autoridades su acusación. Por ello, de cada cinco violaciones, sólo una se denuncia, según la organización Semáforo Delictivo, lo que deriva en que la estadística se queda muy corta respecto a la realidad, y por ende en que la cifra de estos delitos sea mucho mayor que la que se conoce oficialmente.
El trato que las autoridades dan a las víctimas contribuye en buena medida a esta cifra negra. Preguntas como “¿por qué ibas sola?, ¿de qué manera ibas vestida?, ¿por qué no te acompañaba nadie?, con un sesgo machista cruel e insensible, son usuales cuando las mujeres denuncian alguna agresión, y evidentemente constituyen una revictimización inaceptable por parte de la autoridad. Las personas que sufren violencia sexual lo último que necesitan es ser tratadas de esta manera. Víctimas acusan incluso que la atención psicológica es peor que la médica.
A pesar de que sí se puede afirmar que en México existe una agenda de género que intenta abatir estas prácticas, tanto en medios de comunicación como en instancias de gobierno, pareciera que ésto no tiene grandes efectos a la hora de brindar una atención realmente integral a las víctimas —no se hable ya de hacer justicia y de brindar una reparación del daño—. Y la falla no está en las leyes, que sí se tienen, sino en el actuar de las autoridades, que no abordan estos casos con perspectiva de género porque, casi con seguridad, no están preparadas para hacerlo.
Ante una problemática tan alarmante, desde la sociedad y los entes públicos no se debe seguir naturalizando la violencia contra las mujeres. Mucho menos revictimizándolas y culpándolas de la misma. Ellas, más de la mitad de la población, lo demandan
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