Sistema Anticorrupción trunco

Editorial EL UNIVERSAL

A escasos cuatro días de que, por mandato de ley, el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) comience a operar plenamente, este entramado de leyes e instituciones carece de fiscal anticorrupción, así como de magistrados especializados y de prácticamente todos los sistemas y leyes anticorrupción estatales.

A pesar de estas anomalías, adjudicables al Senado de la República y los gobiernos de los estados por su incumplimiento del plazo constitucional, fijado por la propia Cámara Alta, desde luego que el SNA emprenderá el vuelo, pero no por “todo lo alto”, como tendría que ser.

Debido a los importantes vacíos, —uno de ellos nada menos de quien se encargará de juzgar los actos de corrupción de funcionarios públicos y del sector privado—, la operación del sistema podría presentar deficiencias, algo nada deseable en vista de todo lo que está en juego —la legitimidad del propio SNA en primer lugar—, y además enfrentar serias dificultades a la hora de intentar concretar su propósito: sancionar los actos de corrupción.

Sin fiscal y magistrados, ¿quién entonces evaluará, procesará y juzgará los tantos casos de corrupción que casi a diario conocemos en México? Ya no se diga sin las leyes contra la corrupción homologadas en los estados de la República. El gran problema es pues que tenemos un SNA incompleto, cojo.

Es por ello que especialistas en materia de transparencia y rendición de cuentas resaltan la gravedad de que los senadores no hayan cumplido con su obligación de ley. Dicho incumplimiento se torna aún más grave en el caso del fiscal anticorrupción, retraso que obedece meramente a tiempos políticos, a la falta de voluntad de las bancadas y de líderes partidistas y al reparto de cuotas en el Congreso.

De poco o nada servirá para suplir la falta de un fiscal anticorrupción que la PGR cuente con la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos y contra Administración de Justicia —que puede iniciar investigaciones penales por corrupción—, pues la PGR forma parte de las instituciones públicas señaladas por ese mismo tipo de casos.

La deuda que hoy los legisladores tienen con el país es grande. La falta de acuerdos, el privilegio de la agenda política-electoral sobre aquella que tiene que ver con uno de los temas que más ofenden y perjudican a la ciudadanía, y que frenan el crecimiento económico, ponen a este Poder en grave falta ante aquellos a quienes en años anteriores fueron a buscar para pedirles su voto: los ciudadanos

Nada ni nadie puede impedir que el SNA comience a operar, pero ante el tamaño del problema hacerlo de manera incompleta es conceder ventaja a aquellos a los que se quiere erradicar. Si el Senado y los estados no hacen su trabajo ganarán los corruptos.

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