Una salida institucional en Venezuela

Editorial EL UNIVERSAL

Este sábado, mientras la comunidad internacional miraba perpleja el resquebrajamiento de la democracia en Venezuela, la crisis política en ese país vivió un nuevo giro, luego de que se derogaran las sentencias del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) —controlado por el chavismo— que suspendían las potestades de la Asamblea Nacional.

Con esta retractación y su sorpresiva disposición al diálogo, en un gesto evidentemente estratégico para tratar de apaciguar la crisis política que desató en su país y las condenas a nivel internacional, el presidente Nicolás Maduro, aparentemente, solo puede ganar algo de tiempo. Porque como lo dejan ver las reacciones de miembros de la oposición, dicha maniobra del chavismo, a estas alturas de la crisis, difícilmente podría dar cauce al diálogo con el régimen, quedando así zanjada, al menos por ahora, la posibilidad de un acuerdo mediado por el Vaticano, como ahora sí aceptó y de hecho propuso el presidente Maduro.

Tras los hechos más recientes, la oposición venezolana ha escogido el camino de la presión para procurar una salida democrática al gobierno de Maduro y de paso presionar al resto de los poderes: como primera muestra, ayer mismo, tras una excepcional sesión parlamentaria al este de Caracas, los opositores emprendieron rumbo hacia la sede de la Defensoría del Pueblo para pedir la destitución de los magistrados del Tribunal Superior de Justicia.

Julio Borges, presidente del Parlamento venezolano, advirtió que no acatarán propuestas de dialogo del régimen debido a que el “golpe de Estado” ya está dado. “No hay marcha atrás. Hay un golpe de Estado continuado en el país y el pueblo se mantendrá en las calles para presionar por una salida democrática de la dictadura de Maduro”, dijo. Por su parte, Henrique Capriles, gobernador del estado de Miranda y ex candidato presidencial, rechaza que mediadores internacionales insistan en una reconciliación con el régimen. La intenciones de la oposición son, por tanto, presionar al régimen hasta que convoque a elecciones generales.

Entre tanto, los cancilleres del Mercosur se reunieron ayer para evaluar la situación venezolana e instaron al gobierno a garantizar la separación de poderes, liberar a los “presos políticos” y respetar el cronograma electoral después de la “ruptura del orden democrático” ocurrida en el país caribeño. De poco sirve que, tras tres días de fuertes protestas y de absoluto silencio del gobierno, Maduro quiera mostrarse como el mediador entre los poderes del Estado. Desafortunadamente, la aclaratoria de las sentencias no resuelve la situación que llevó a la ruptura del orden constitucional en Venezuela.

Hasta ahora el chavismo había bloqueado cualquier salida a la crisis, y aún hoy se niega a convocar las elecciones regionales por miedo a seguir perdiendo control. Ante ésto, lo deseable es que, como hasta ahora, la oposición siga el cause de las instituciones. Por su parte, Nicolás Maduro, acorralado como se encuentra, está a tiempo de evitar el derramamiento de sangre.

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