Funcionarios blindados

Editorial EL UNIVERSAL

Se ha vuelto común relacionar los cargos públicos con beneficios económicos y tratos privilegiados, aunque no necesariamente debieran estar ligados. Más allá de que este hecho por demás conocido motive la desconfianza ciudadana hacia los funcionarios, es reflejo de un distanciamiento que resulta gravísimo para la comprensión de las problemáticas a las que se enfrenta la sociedad.

Lo anterior se refleja en temas nodales como la seguridad: mientras que el ciudadano común y corriente debe afrontar el riesgo de sufrir un asalto, un secuestro o un atentado contra su vida, los funcionarios federales aprovechan los recursos públicos para sortear el grave clima de amenaza que impera en casi todo el país.

EL UNIVERSAL informa hoy que 799 millones 97 mil 928 pesos fueron invertidos de 2012 a agosto de 2016 en automóviles blindados para garantizar la seguridad de funcionarios públicos. Entre las dependencias que más vehículos blindados poseen, se encuentran la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y hasta la Secretaría de Educación Pública.

En días pasados, en estas páginas le informamos de los nuevos automóviles de lujo que estrenarían los integrantes de la Sala Superior del TEPJF, producto de una inversión de 4.5 millones de pesos. Al parecer esa es la forma en la que las instituciones afrontan el obscuro panorama económico que se cierne sobre nuestro país. Y para este caso, la forma es fondo.

¿Y si esos recursos se hubieran invertido en beneficio de las instituciones policiacas? ¿Para empujar la implementación de la Ley de Seguridad Interior o de mando policial mixto? ¿Y si se empieza a pensar en el beneficio de todos y no solo de unos cuantos?

Puede entenderse la necesidad de medidas de seguridad para nuestros altos funcionarios públicos pero, más allá del dispendio, queda la sensación de que mientras más compleja se torne la situación, más alejados necesitan estar dichos funcionarios de los problemas que aquejan cotidianamente a la población. Basta observar que incluso un organismo que debiera representar la cercanía entre gobierno y sociedad, como lo es la CNDH, cuenta con el cuarto automóvil blindado más caro que se reportó.

Para convocar a la unidad en torno a un mismo objetivo se debe caminar con el piso parejo. Por más que se pida el respaldo de la ciudadanía para afrontar el vendaval del gobierno estadounidense, esta no redundará en unión verdadera si el ciudadano continúa observando los dispendios y el alejamiento que parecen fomentar los mismos funcionarios.

Como se ha dicho en ocasiones anteriores, México está ante una gran oportunidad de cambiar el rumbo. No se debe desaprovechar, pues de seguir abonando al descontento social, no habrá vuelta atrás. Lo que está en juego es la autoridad moral, la credibilidad y la confianza en las instituciones.

 

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