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Periscoperativos y libertades

26/02/2016
01:50
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A estas alturas, dos cosas me sorprenden en relación con la discusión pública generada por los periscoperativos de Arne. Por un lado, que el temor al escarnio que pueden sufrir quienes, abiertamente, y casi siempre con prepotencia, son sorprendidos transgrediendo normas en flagrancia, opaque el hecho de que la única persona agredida físicamente hasta ahora ha sido, justamente, el propio funcionario. Por otro que, a pesar de que esta polémica se suscita alrededor de la retórica de las libertades e involucra al menos ya institucionalmente a un órgano público especializado, la discusión no acaba de centrarse perfectamente desde una perspectiva de derechos humanos.

Cualquier debate serio en materia de derechos humanos, pasa por tratar de resolver los problemas que genera su colisión: los derechos no son estáticos y, por lo tanto, interactúan y casi siempre chocan.

Resolver el choque o conflicto de derechos es una labor ardua y casi siempre inacabada, pues los conflictos de derechos se resuelven tras discusiones largas, complejas, difíciles y, por lo regular, judicializadas caso a caso.

Sin embargo lo que ha venido sucediendo en la Delegación Miguel Hidalgo, nos pone frente a uno de los pocos, extrañísimos casos en los que un choque de derechos, tiene una solución dada, curiosamente, por una de las normas más relevantes del sistema jurídico.

En efecto, el artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos, la cual tiene rango constitucional en México, es bastante claro: el derecho humano al pensamiento y expresión, comprende la libertad de recibir cualquier clase de información por cualquier medio (párrafo 1.1.) y su ejercicio, no puede estar sujeto a censura previa, sino a responsabilidades ulteriores que deben estar fijadas en la ley para garantizar a) el respeto a los derechos o a la reputación de los otros y b) la protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas.

Desde un punto de vista estricto, los periscoperativos de Arne proporcionan información en tiempo real, esto es, otorgan, a cualquiera que pueda conectarse, el nutriente de la libertad de pensamiento que resulta esencial para que, quien así lo quiera, pueda deliberar, pueda tomar su lugar el debate público.

El periscopeo dirigido a evidenciar conductas ilícitas detectadas en flagrancia, como poner la basura en lugares prohibidos, estacionar carros en las banquetas o usar carros de guaruras sin los permisos debidos, consolida la libertad de libertades de la democracia: la de pensamiento que nos garantiza el derecho a saber, a formar nuestra opinión y, en todo caso, a discutir con otros acerca de nuestras libertades y derechos.

Bajo esta perspectiva, Persicope es, irónicamente, una nueva y poderosa herramienta que auxilia a los funcionarios públicos a cumplir con algunas de las obligaciones que le son impuestas convencionalmente, no a ejercer sus atribuciones abusivamente como muchos lo creen.

Por último, es cierto que de acuerdo con la Convención Americana, el ejercicio del derecho que contiene a la libertad de pensamiento y expresión, debe reforzarse con un catálogo de medidas de reparación, en prevención del los daños que la divulgación de la información puede causar a otros, a la moral o al orden público.

Sin embargo, no debemos perder de vista que, aunque el cómo garantizamos proteger los derechos de tercero, la reputación, la moral o el orden público, es un problema que hay que atender y resolver, la ausencia de esas garantías condicionan en modo alguno el derecho al pensamiento y la expresión del que somos titulares. Lo que hay son responsabilidades y sanciones, no censura, ordena el Pacto de San José.

Me atrevo a sugerir una posible solución: en lugar de exigir que Arne no transmita sus periscopeadas, y que deje de cumplir con su obligación, exijamos que una vez terminado el operativo que originó la flagrancia, las autoridades tomen medidas para archivarlo y para sancionar, con todo el rigor de la ley (que no tenemos) a quien intente perpetuar el escarnio.

Socio Director del Centro por un Recurso Efectivo, A.C.

@carpervar

Carlos Pérez Vázquez
Socio Director del Centro por un Recurso Efectivo, A.C. y profesor de Derechos Humanos en la Facultad de Derecho de la UNAM