¿Cambiamos un poco las cosas para que siguieran como estaban?

Durante muchos años, la gran mayoría de los mexicanos vivimos de espaldas a nuestros vecinos del sur. Hoy, México y Centroamérica enfrentamos desafíos similares.

He tomado el título de este artículo de un ensayo del profesor Constantino Urcuyo, de la Escuela de Ciencias Políticas en la Universidad de Costa Rica. Nuestra profunda ignorancia sobre el Istmo nos impide entender su importancia estratégica y el destino compartido que nos aguarda como región.

Se ha convertido en un lugar común afirmar que en 1997 se inició la transición democrática en México. Sin embargo, la democracia formal no ha ido acompañada del crecimiento económico, ni del fortalecimiento de los derechos políticos y civiles, ni del respeto a los derechos humanos.

Asimismo, dos décadas después de firmado el último tratado de paz en Centroamérica, la ilusión del fin de las guerras no vino acompañada del progreso social.

Veinte años después de inaugurada la democracia electoral, los trabajadores mexicanos subsisten con los más bajos salarios en América Latina y carecen de derechos elementales de asociación. Además, el trato que les damos a trabajadores transfronterizos guatemaltecos y a transmigrantes centroamericanos los condena al ciclo infernal explotación-expulsión-detención-deportación.

Por lo que toca a Centroamérica, Urcuyo pone el dedo en la llaga: dos décadas después de la firma de los acuerdos de paz, los cambios de partidos políticos en el poder sólo han administrado las crisis y congelado la correlación de fuerzas políticas existente, en sociedades de muy escasa movilidad social.

En México y Centroamérica la violencia tiene matrices comunes: un modelo económico que depreda la naturaleza para concentrar riqueza en pocas manos; un racismo y segregación social que impide el ejercicio de derechos elementales a la población indígena e incluso a la mestiza, y la multiplicación de los tentáculos del crimen organizado que en ocasiones es uno y el mismo con la clase gobernante. El recién publicado libro Centroamérica después de la firma de los Acuerdos de Paz: Violencia, fronteras y migración, de las investigadoras Natalia Armijo, de la Universidad de Quintana Roo, y Mónica Toussaint, del Instituto Mora, es extremadamente revelador al respecto.

Nuestras élites entienden al gobierno como un negocio particular. Nuestras violencias se entrecruzan y convierten a niños, niñas y jóvenes en desarraigados, los nuevos condenados de esta tierra.

Imaginemos juntos un futuro diferente. Éste no puede edificarse sobre la base de la ayuda externa, o de falsas promesas de prosperidad compartida que sólo acaba llegando para unos pocos.

Necesitamos invertir más y mejor en nuestra gente, en un nuevo pacto social que incluya los ámbitos laboral-productivo, agrario, fiscal-tributario, jurídico-institucional y de seguridad, educativo, de la salud, de los derechos humanos y la libertad de expresión, y de las relaciones internacionales e integración regional.

La vieja política no genera esperanza. Necesitamos un pacto de las juventudes y de las universidades. Urge trabajar en nuevos liderazgos, que suponen nuevas alianzas.

Hace décadas, muchos centroamericanos se formaron en nuestras escuelas y universidades.

Vaya desde aquí una modesta proposición: hoy podemos contribuir a la estabilidad y la prosperidad de la región si invitamos a jóvenes guatemaltecos, salvadoreños y hondureños amenazados por las pandillas en sus comunidades a estudiar carreras técnicas en México —una herramienta para reivindicar la vida misma y prepararse para el futuro, un futuro suyo que, en palabras de Gabriel García Márquez, les dé a ellos y, por lo tanto, a todos nosotros una segunda oportunidad sobre la tierra.

Profesor asociado en el CIDE

@Carlos_Tampico