Ayotzinapa como México

De la verdad histórica a la realidad actual podría ser también el título del artículo. Los diferendos entre los padres de los 43 jóvenes normalistas, la verdad histórica proclamada por el gobierno tras los sucesos de Ayotzinapa y las discrepancias actuales entre el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) y las declaraciones de Eber Betanzos, subprocurador de Derechos Humanos, son inmensos e incómodos. Las múltiples versiones sobre los lamentables sucesos de Ayotzinapa retratan diversas facetas de nuestra realidad. Chocan las versiones gubernamentales contra las del GIEI. Chocan las explicaciones del gobierno contra las de los padres de los 43 estudiantes desaparecidos.

Han pasado casi dos años tras la matanza ocurrida en septiembre de 2014, tiempo suficiente para que en México y en el mundo se conozca la verdad. Los sucesos de Iguala y las incontables contradicciones entre la glosa oficial y la no oficial, incluyendo la de los padres de los normalistas, dilapidaron el deseo de nuestro gobierno por acceder al club de los países ricos y “civilizados”. Faltar a la verdad en el mundo globalizado cuesta. Incumplir con la denominada ética de la responsabilidad en otras latitudes cuesta. Basta hojear el periódico para enterarse. Tras los sucesos en el aeropuerto y la estación de metro en Bruselas, como señala Béatrice Delvaux, dos ministros han dimitido y otros dos han (pseudo) dimitido (¡Socorro, auxilio!, El País, 25 de abril de 2016).

Se dimite por incumplir, por ética, por reclamos de la ciudadanía, por honestidad, o para permitir que se investigue libremente. Dimitir es uno de los ingredientes de la ética de la responsabilidad y uno de los peldaños en busca de la verdad. Tras Ayotzinapa, ¿quién en el gobierno renunció?, o, ¿quién en el gobierno denunció?

De acuerdo a Eber Betanzos, subprocurador de Derechos Humanos, la presencia del GIEI fue un “acto de apertura al escrutinio internacional” decidido por el gobierno; además, señala que en todo momento se brindó a la comisión internacional “las mayores facilidades y el pleno acceso” a la información. “Esta procuraduría ha recibido y atendido 941 peticiones del GIEI, de las cuales 85% han sido cumplidas en su totalidad y el resto se encuentra en vías de serlo”. Para Betanzos no era adecuado permitir las entrevistas a militares tal y como lo solicitaba el GIEI, pues vulneraba “el debido proceso”.

La versión de Betanzos difiere del equipo de GIEI, dependiente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. A lo largo de 608 páginas habla de “dilaciones, obstrucciones y bloqueos”, de “conductas omisivas de los funcionarios públicos”, de incontables problemas: “La investigación tuvo dificultades que no son imputadas de manera exclusiva a la simple complejidad del caso. La lentitud de las respuestas a las solicitudes del GIEI, la demora en la práctica de muchas pruebas, las respuestas formales y no sustanciales a muchas de las inquietudes, la no investigación de otras líneas de investigación, no pueden leerse como simples obstáculos improvisados o parciales. Muestran barreras estructurales”. Y subrayan que no pudieron entrevistar a los militares del 27 Batallón, que estuvieron presentes en los hechos.

La brecha entre una y otra versión es infinita. Entre más se profundiza en la lectura de los hechos, mayor la distancia. Esas discrepancias enferman. La polarización entre el sentir de la ciudadanía y las opiniones del Estado mexicano es inmensa. Parecería que en el gobierno nadie se percata del enojo y desasosiego de la población. El caso Duarte, el caso Moreira, los sucesos en Coatzacoalcos, el asesinato de periodistas, Liconsa, los pueblos abandonados en el norte del país, la captura de incontables ciudades por el narco y… etcétera. Todo sigue igual. Y nadie renuncia. Y nadie del gobierno denuncia.

El 26 de septiembre de 2014 desaparecieron 43 normalistas en las inmediaciones de Iguala. El GIEI inició sus labores en marzo de 2015. El 24 de abril acusaron a nuestro gobierno de obstruir las informaciones. El GIEI se fue. Expuso su versión. El gobierno replicó. Poco faltó para que refrendasen su verdad histórica. Los 43 jóvenes, “guerrilleros” para unos, estudiantes para la mayoría, siguen desaparecidos. Y sin ellos, escuece el inmenso dolor de los padres y la deleznable imagen de nuestro gobierno en casa y en el extranjero.

Notas insomnes. Las distintas versiones gubernamentales y la del grupo dependiente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos retratan los diferendos cotidianos entre gobierno y ciudadanía.

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