La fuerza atrofiada

Alejandro Hope

El gobierno no quiere o no puede utilizar a la Policía Federal ante la CNTE porque teme las consecuencias políticas de otra jornada violenta

El viernes pasado, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, lanzó una temible advertencia. Afirmó que, en lo referente a los bloqueos carreteros de la CNTE y sus aliados en el sur del país, “el tiempo se ha agotado” y que, “en breve, se estarán tomando las decisiones estratégicas” para liberar las vías de comunicación.

Casi cuatro días después, los bloqueos persisten tanto en Oaxaca como en Chiapas. Las “decisiones estratégicas” siguen sin manifestarse y el conflicto se muestra tan trabado como la semana pasada.

Y eso obliga a una reflexión. Si, desde la perspectiva del gobierno, la fuerza es indispensable, ¿por qué no se ha utilizado? ¿Por qué lanzar una amenaza en vano? ¿Es un asunto de capacidades? Probablemente no: la Policía Federal, de la mano de fuerzas estatales, tal vez no tenga elementos suficientes para liberar todos los bloqueos simultáneamente, pero sí para abrir algunas carreteras principales y debilitar la estrategia de estrangulamiento de la CNTE y sus aliados.

¿Se trata entonces de un asunto de tiempo? ¿Se está esperando a que se acumule el desgaste político de la CNTE antes de usar la fuerza? ¿O se considerará aún posible resolver el problema por la vía de la negociación? Ambos escenarios son posibles. Pero entonces, ¿qué sentido tiene afirmar que “el tiempo se ha agotado”, cuando a todas luces el tiempo sigue corriendo?

Más bien, los titubeos del gobierno son probablemente resultado de las dudas sobre el posible comportamiento de la Policía Federal. Tras Nochixtlán (y antes Tanhuato y Apatzingán), no hay confianza de que un operativo para desalojar las carreteras de Oaxaca y Chiapas salga limpio. Menos aún en un entorno donde las provocaciones son casi inevitables.

La consecuencia es la parálisis del gobierno. Cuenta con un instrumento que no quiere o no puede utilizar porque teme las consecuencias políticas de otra jornada violenta. Y eso lo saben sus adversarios, por más advertencias que el secretario de Gobernación quiera emitir.

El gobierno está pagando los costos de haber solapado abusos policiales en el pasado, de haber descuidado la aplicación de protocolos para el uso racional y proporcional de la fuerza, de no contar con los debidos controles internos y la indispensable supervisión externa.

Si hoy hubiera confianza de que, en una intervención para desalojar los bloqueos, la Policía Federal se apegaría a reglas y de que cualquier abuso sería investigado y sancionado, el gobierno no estaría atrapado en el dilema en que se encuentra: permitir el estrangulamiento económico del sureste del país o correr el riesgo de enfrentamientos violentos que aticen la disputa con los maestros disidentes y sus aliados.

Más allá del desenlace del conflicto magisterial, esto debería de servir de lección para el futuro. Las policías eficaces son las que están dotadas de amplia legitimidad social. Y la legitimidad no puede existir cuando la autoridad se ejerce arbitrariamente, cuando no está sujeta a reglas y controles. Normar y controlar el uso de la fuerza no es hacer un favor a los que infringen la ley. Es proteger la reputación de la policía (y del Estado entero). No es idealismo, es pragmatismo puro.

EN OTRAS COSAS. Hay que poner de nuevo el ojo en Ciudad Juárez. Si bien la violencia criminal se encuentra muy por debajo de los niveles registrados entre 2008 y 2012, el número de homicidios se ha incrementado a buen ritmo en el primer semestre del año. Y empiezan a surgir algunos incidentes de violencia extrema: el sábado pasado, cuatro cadáveres calcinados fueron hallados en una camioneta. Señal macabra de la fragilidad de la paz en esa ciudad fronteriza.

Analista de seguridad

@ahope71

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