Diez años de absurda guerra

Diez años después de que Felipe Calderón declarara la guerra contra el narcotráfico, el gobierno mexicano ha gastado 1.8 billones de pesos y movilizado más de 56 mil elementos para combatir los cárteles de la droga, con graves consecuencias.

De acuerdo con el Sistema Nacional de Seguridad Pública, entre diciembre de 2006 y octubre de 2016, han ocurrido más de 174 mil homicidios vinculados con la delincuencia organizada, así como 29 mil 136 personas no localizadas. Por su parte, la Sedena reportó que 490 efectivos militares han muerto en enfrentamientos con bandas delictivas, mientras que la Semar informó que 77 marinos habían sido asesinados en el mismo periodo.

México registra uno de los mayores índices de letalidad del mundo. Las Fuerzas Armadas ultiman a ocho delincuentes por cada herido; lo que junto con las víctimas inocentes y los abusos de la milicia en los lugares donde opera ha abultado las denuncias por violación a los derechos humanos, que suman 12 mil 408 presentadas ante la CNDH, en demérito de su prestigio institucional y de una política que había evitado, después de 1968 y de la guerra sucia de los 70, todo roce violento del Ejército en contra de la población.

El pasado 8 de diciembre el titular de la Sedena señaló que los militares deben regresar a los cuarteles a desempeñar las tareas que le corresponden, ya que “no estudian para perseguir delincuentes”. Llamó a autoridades civiles a asumir su responsabilidad en seguridad pública y demandó que, en tanto esto no suceda, se dote a las Fuerzas Armadas de un marco legal para desempeñar tareas de seguridad interior. Llamado que debe leerse acuciosamente en momentos que el Senado discute una iniciativa de Ley de Seguridad Interior, que pretende permitir el uso de la fuerza militar en operativos contra amenazas que signifiquen un peligro para “la estabilidad, seguridad o la paz pública”.

En ésta, se propone diferenciar a la seguridad nacional de la seguridad interior, definiendo la participación del Ejército y la Marina en acciones de orden interno, coordinadas por la Segob. Estas acciones permitirían a la milicia establecer destacamentos de seguridad, bases de operaciones móviles y fijas, puestos de seguridad, intercepción terrestre, aérea y marítima, patrullajes, puestos de vigilancia, y asumir la seguridad de instalaciones estratégicas. Lo que derivaría en que las Fuerzas Armadas puedan hacer uso de cualquier método de acceso a información, obligando a las instituciones gubernamentales y órganos autónomos a proporcionarla. Asimismo, consideran amenazas que ameritan la intervención de las Fuerzas Armadas, fenómenos como el cambio climático, corrupción, deficiencia de la profesionalización de los cuerpos de seguridad pública, terrorismo, delincuencia organizada, portación y tráfico ilícito de armas de fuego.

La iniciativa concibe la seguridad interior como función primaria e irrenunciable del Estado para garantizar su subsistencia y las condiciones necesarias para el pleno desarrollo de las potencialidades de los habitantes, incluyendo el monopolio del uso legítimo de la fuerza, el cual recae en el Presidente de la República como Jefe Supremo de las Fuerzas Armadas.

Esta iniciativa da cuenta de la equívoca visión del actual gobierno, que lejos de rectificar la fallida estrategia promovida por Calderón, conculca la libertad de los ciudadanos. Lo advertí con la Ley reglamentaria del artículo 29 Constitucional que permite establecer el estado de excepción, a solicitud del Presidente, y suspender los derechos y garantías que puedan ser obstáculo en caso de perturbación grave de la paz pública u otro que ponga a la sociedad en grave peligro o conflicto, así como con las reformas al Código de Justicia Militar, que faculta a juzgados militares para ordenar cateos en domicilios de civiles o de cualquier instalación de gobierno, intervenir comunicaciones privadas y ubicar en tiempo real dispositivos móviles de telecomunicación.

La seguridad nacional se construye con base en la defensa exterior y la seguridad interior, la cual debe garantizar el mantenimiento del orden constitucional, el Estado de derecho y la gobernabilidad democrática. Regular la intervención de las Fuerzas Armadas en tareas que competen a la autoridad civil, centraliza el poder, debilita el federalismo y empodera a las Fuerzas Armadas por encima de la sociedad, al imponer como prioridad, al igual que en los peores momentos del autoritarismo gubernamental, el ejercicio del poder y la razón de Estado, no la seguridad de los mexicanos.

Diputado Constituyente