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Los presidentes de los partidos que conforman la coalición Por México al Frente (PAN- PRD-MC) entregaron una carta al secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, donde denuncian el uso “faccioso” de las instituciones en México por parte del gobierno federal, en el marco del proceso electoral.

Además de solicitar al organismo internacional desplegar desde un mes antes de la jornada electoral del 1 de julio una “misión de observación electoral” en México, debido a la grave y compleja situación por la que atraviesa la democracia mexicana y al probable uso de los programas sociales para la coacción del voto.

También pidieron “abstenerse” de circular cualquier información a misión o representación ante la OEA, que “afecte o dañe” a la coalición Por México al Frente y a su candidato presidencial, pues podría ocasionar “un daño irreparable” al proceso electoral.

“Queremos que la participación de la OEA contribuya a la estabilidad del proceso y no a escalar un conflicto a nivel internacional. Mantener una constante comunicación con nuestra coalición, a fin de que su intervención coadyuve a garantizar el pleno ejercicio de los derechos políticos de la ciudadanía en México y de la estabilidad política del país”, mencionaron en la misiva.

El documento entregado y firmado por los presidentes Damián Zepeda (PAN), Dante Delgado (Movimiento Ciudadano) y Manuel Granados (PRD) señala a Luis Almagro que hay preocupación de su parte por las “amenazas, el uso ilegal y faccioso” de la Procuraduría General de la República, que se encuentra directamente bajo el mando del presidente Enrique Peña Nieto.

Esto, porque en las últimas semanas se ha desatado una “campaña orquestada desde esta entidad pública”, cuya función es la de procurar justicia y no “perseguir opositores o inventar delitos”, en conjunto con el PRI para “intentar sacar de la boleta a su candidato presidencial, Ricardo Anaya”, señala el texto.

El documento, con fecha del 19 de marzo, resalta que el uso “faccioso e ilegal” de las instituciones por parte del presidente Enrique Peña Nieto, junto con la violencia política que vive el país, al sumar ya 40 candidatos fallecidos, constituye la “más grave amenaza” al proceso electoral en curso.

“Existe la intención no sólo de inventar un caso donde no hay razón, sino de generar una campaña de desprestigio e incertidumbre en contra de Anaya Cortés”. De hecho el Instituto Nacional Electoral (INE) ha expresado claramente [que] la intervención de la PGR vulneró la equidad de la contienda al difundir un video de forma indebida e ilegalmente se muestra a Ricardo Anaya y su equipo jurídico en las instalaciones de la procuraduría.

“Esto, además de una serie de acciones que denotan una sistemática acción de persecución mediante el uso ilegal de sus atribuciones y de abuso de poder”, refiere la carta.

Sin mencionar a Andrés Manuel López Orador, los líderes partidistas recordaron que México vive la polarización y división que generaron un hecho similar durante el proceso electoral de 2006, cuando se intentó sacar de la boleta electoral a otro contendiente mediante la figura del desafuero, “no podemos permitir ni aceptar que ese traumático hecho se repita ni siquiera en forma cercana o similar”, expresaron.

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