Desapariciones en México; los escenarios que se abren si el tema llega a la Asamblea General de la ONU
Especialistas prevén desde apoyo internacional y financiero hasta mecanismos como una comisión de investigación; subrayan que no se trata de un proceso judicial o de sanción
Debido a los casos de personas desaparecidas en México, el pasado 2 de abril el Comité contra la Desaparición Forzada (CED) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) solicitó invocar el artículo 34 de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas.
Es la primera vez que se activa este artículo, por lo que especialistas consultados por EL UNIVERSAL señalan que sus implicaciones son inciertas. No obstante, hay algunos escenarios posibles, que pueden ir desde asesoramiento internacional y financiamiento para ayudar a México a atender las desapariciones hasta una comisión de investigación de la ONU en el país.
Te explicamos en qué consiste la aplicación del artículo 34 y cuáles son sus probables repercusiones.
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¿Qué dice la ONU?
El CED solicitó que la situación de México sea considerada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, tras identificar elementos que podrían indicar un problema de desapariciones con carácter sistemático.
En entrevista con este diario, Edith Olivares Ferreto, Directora Ejecutiva de Amnistía Internacional México, explica que el proceso para activar el artículo 34 de la Convención consiste en que la petición se traslade al Secretario General de Naciones Unidas, António Guterres, quien sería el encargado de llevar el tema a la agenda de la próxima Asamblea de las Naciones Unidas.
Paulina Palencia, miembro del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales (COMEXI), puntualiza que el hecho de que el tema haya sido catalogado como urgente por el CED tiene la finalidad de que en el orden de la Asamblea General se aprueben medidas de apoyo para México.
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El CED plantea que se brinde cooperación técnica, apoyo financiero y asistencia especializada en México para apoyar la búsqueda, análisis forense, investigación de desapariciones forzadas e investigación de vínculos entre servidores públicos y crimen organizado.
Olivares Ferreto, considera que la determinación del Comité simboliza “un llamado no sólo al Estado mexicano, sino a los países que forman parte del sistema de Naciones Unidas a que cooperen con México”.
El Comité ha detallado que no está acusando a México de tener una política de Estado para desaparecer personas, pero sí advierte que la combinación de omisiones y falta de resultados puede configurar responsabilidades del Estado Mexicano.
¿Qué implica llevar el tema de las desapariciones a la Asamblea General de la ONU?
Las sesiones de la Asamblea General de la ONU iniciaron el 9 de septiembre de 2025 y concluyen el 8 de septiembre de 2026, “entonces, podría ser que en septiembre de este año México comparezca ante la Asamblea General de Naciones Unidas”, estima Olivares.
En caso de que el tema llegue a las sesiones, “el estado mexicano comparecerá, pero no como si fuera un juicio. Comparecerá en términos de la sesión para explicar lo que está ocurriendo en el país”, señala en entrevista Leslie Jiménez, maestra en derecho.
En este escenario, los estados miembros de la ONU debatirán la situación y entonces podría emitirse un pronunciamiento o resolución sobre el tema, coinciden las expertas.
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La directora ejecutiva de Amnistía Internacional en México menciona también que podrían darse mecanismos de cooperación internacional: “en el llamado del Comité se habla de la posibilidad de que se instaure una comisión que pueda trabajar, asesorar, e investigar qué es lo que está pasando en México con la desaparición forzada”.
La creación de comités o grupos de expertos para asesorar o investigar los casos ya ha sucedido previamente, Edith Olivares y el abogado especializado en derechos humanos. Eliud Tapia Olivares, señalan como un antecedente el Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense (MEIF) que instauró la ONU en 2021 para atender la crisis vinculada a la gran cantidad de personas fallecidas sin identificar en el país, el cual fue disuelto en febrero de 2024 debido a la falta de presupuesto federal.
Olivares menciona también el antecedente de una comisión contra la desaparición instaurado por la ONU en Siria, “Naciones Unidas ha definido que el tema de la desaparición en Siria no es un problema solamente del gobierno y de la población siria, sino de todas las personas de todo el mundo y lo mismo podría suceder en el caso de México”, explica.
Los especialistas aclaran que el proceso no implica consecuencias jurídicas, pues el objetivo de poner el tema de las desapariciones en la Asamblea General es la aprobación de apoyo financiero o técnico en la búsqueda de personas desaparecidas.
En términos prácticos, señalan los especialistas consultados, el escenario no apunta a sanciones, pero sí implicaría presión internacional y mayor visibilidad al tema de las personas desaparecidas en México.
La instalación de estos mecanismos dependería, en todo momento, de la voluntad del Estado Mexicano, pues México puede rechazar las determinaciones de la Asamblea, “pero quedaría en una posición bastante incómoda frente a los países y a la propia Asamblea General, porque México tiene posiciones que son respetadas, su presencia siempre es bienvenida en esos espacios, por lo que no hacer caso a un mandato que venga a la Asamblea General, degradaría su posición”, considera Luis Eliud Tapia.
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No obstante, Olivares recuerda que anteriormente México ya ha rechazado apoyo internacional en casos de violaciones a los derechos humanos: “tenemos un antecedente muy desafortunado, el del Grupo Interdisciplinario de Expertas y Expertos Independientes (GIEI) para el caso Ayotzinapa, en donde el Estado mexicano decidió suspender su continuidad en México”.
Los especialistas apuntan a que, de llegar el tema de las desapariciones a la Asamblea General de la ONU, lo más probable es que México rechace las medidas de apoyo planteadas por el organismo.
Sobre si esta resolución puede considerarse como una intervención a la soberanía del país, los expertos coinciden en que esto no es así, pues México suscribió de manera voluntaria los acuerdos que lo incluyen en la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas. “Son decisiones del marco jurídico internacional a las que México se unió soberanamente”, señala Tapia.
En caso de rechazo a las medidas de apoyo del CED, Paulina Palencia menciona que otra posibilidad es que la asistencia y apoyo financiero se canalice a organizaciones no gubernamentales: “la ONU podría tomar la segunda vía de ayudar a las organizaciones. Y ahí no puede anteponerse el gobierno de México”, indica. Sin embargo, este proceso no podría darse mediante la Asamblea de la ONU, sino a través de un órgano subsidiario del organismo.
¿Qué dice el gobierno de México?
El gobierno mexicano, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Secretaría de Gobernación, rechazó el informe del Comité, al que calificó como tendencioso.
“Desde el inicio, desafortunadamente, la respuesta del Estado mexicano ha sido sumamente defensiva”, afirma la directora ejecutiva de Amnistía Internacional en México. Señala que el gobierno ha negado la existencia de desaparición forzada y ha mostrado “una reacción muy negativa” hacia el Comité contra la Desaparición Forzada, particularmente desde 2025, cuando se informó sobre la posible activación del artículo 34 de la Convención. En ese contexto, el Senado de la República aprobó un punto de acuerdo para solicitar la destitución del presidente del órgano.
El gobierno sostiene que, desde 2018, se han registrado avances relevantes tanto a nivel constitucional como en el diseño de políticas públicas. A su vez, argumenta que el informe del Comité omite estos progresos y ofrece un diagnóstico incompleto. También subraya que una parte importante de las desapariciones está vinculada al crimen organizado, y no a acciones del Estado mexicano.
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