Carlos Urzúa bajo la lupa

A todo gobierno le ocurre durante sus primeros meses: los responsables del gabinete están bajo observación y por eso suele especularse sobre la permanencia en su cargo.

Desde el pasado mes de diciembre se dice que la definitividad en el puesto, dentro del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, no se confirmará hasta después del Día del Niño, el 30 de abril.

Si bien el ocio lleva a proponer la salida pronta del gabinete de distintos colaboradores, desde adentro la atención se centra en un funcionario principal: Carlos Urzúa Macías, el secretario de Hacienda.

El presidente colocó en manos de esta persona uno de los desafíos más complicados de su mandato: reformar la Hacienda Pública para que se multiplique, tanto la inversión en infraestructura como en transferencias a las poblaciones más vulnerables, sin incrementar impuestos, ni incurrir en deuda o déficit.

Esta combinación de instrucciones es muy difícil de armonizar y si Carlos Urzúa no lo logra, veremos, en efecto, muy pronto su cabeza rodar, no tanto por el eventual incumplimiento de las metas, sino por no haberse atrevido a disentir de su jefe.

El Tren Maya, las becas para los Jóvenes Construyendo Futuro, los apoyos a los adultos mayores, el subsidio a los productores del campo, el programa Sembrando Vidas, los caminos rurales, las transferencias a las madres solteras y las personas con discapacidad, todos son proyectos moral y políticamente defendibles.

Sin embargo, hubo un error de origen cuando se pensó que este esfuerzo de gasto podía financiarse gracias a los recursos obtenidos por el combate a la corrupción, así como por el recorte de gasto corriente —nómina— a la burocracia federal.

No se equivocó el presidente cuando supuso que frenar la corrupción liberaría recursos para financiar sus políticas, pero era rematadamente ingenuo creer que su gobierno iba a disponer de esos recursos pronto.

Por otra parte, el recorte brutal a la nómina, no sólo en sueldos sino también en plazas, se está revelando un mal remedio justo cuando la burocracia tiene la instrucción de sacar adelante políticas públicas y programas que requieren de máxima capacidad operativa.

Si a estos ingredientes se añade, ahora, la noticia de que la recaudación fiscal va a la baja, lo mejor es sacar el paraguas porque se avecina la peor de las tormentas.

Quiere Carlos Urzúa que creamos falsa esa caída en las contribuciones, pero los números son irrefutables: los ingresos de la Hacienda federal relativos al valor agregado muestran el peor comportamiento de los últimos diez años.

Si se compara el primer bimestre de 2018 con el primero de 2019, la reducción por concepto de IVA es de 12.3%. Cabe decir que esta es una de las dos contribuciones fundamentales, la otra es el Impuesto Sobre la Renta y juntas significan 80 centavos de cada peso que obtiene el fisco mexicano.

Frente a esta realidad, el jefe de la oficina de la Presidencia, Alfonso Romo Garza, comunicó recientemente que el presidente ordenó a sus funcionarios dejar atrás la austeridad republicana para pasar a la fase de la pobreza franciscana.

Para el buen entendedor, esto quiere decir que Urzúa hizo mal los cálculos iniciales y por tanto el gobierno requiere meter mayor tijera, ya no a la grasa, sino a los músculos y probablemente los tendones de la administración pública federal.

Arturo Herrera, subsecretario de Hacienda, ratificó que el gobierno no sacrificará ni transferencias ni inversión y, por tanto, serán nuevamente los recursos humanos quienes pagarán, con guillotina, los presupuestos malhechos.

¿Cómo han recibido las distintas secretarías este alarmante mensaje?

Lo que se escucha fuerte en la mayoría de las oficinas federales es un grito a favor de detener las máquinas: la parálisis se impone porque vienen más recortes de personal, porque van a bajar aún más los sueldos, y porque no habrá gasto corriente para sacar adelante los proyectos presidenciales.

ZOOM: O Carlos Urzúa aprende a contradecir al presidente, o bien será el chivo expiatorio del fracaso hacendario y otros competidores como Rogelio Ramírez o Santiago Levy, estarán muy pronto ocupando su oficina en Palacio Nacional.