Ley antimemes de Veracruz: luces y sombras

La denominada públicamente ley “antimemes” que fue aprobada por el Congreso de Veracruz con el fin de regular y minimizar los abusos, cuando en las redes sociales se difama a alguien, nace de un hecho contundente: en las redes sociales hay quienes abusan de ellas y generalmente no son los ciudadanos.

Es importante reconocer el derecho de ciudadanos y de instituciones públicas y privadas de expresar sus opiniones, críticas y cuestionamientos por redes sociales o cualquier medio.

Sin embargo, es infantil soslayar que hoy un importante porcentaje de la información que circula en redes sociales proviene de personas o grupos de poder que tienen intereses propios y pretenden manipular a la opinión pública para ejercer presión sobre terceros e incluso sobre autoridades y gobierno, ya sea con fines políticos, empresariales, comerciales, judiciales, ideológicos e incluso delincuenciales.

Para ello contratan despachos altamente especializados en el manejo de redes para que generen tendencias sociales y políticas a su favor.

Por tanto, esos memes que ingenuamente reproducen de buena fe los ciudadanos, simplemente para compartir una buena ocurrencia con mucho humor, o una denuncia en contra de alguien que suponen que actuó en perjuicio de la sociedad o cometió una injusticia, o alertar de un riesgo previsible, entre otras motivaciones, pueden tener como origen un despacho de profesionales en redes sociales contratados por un tercero que pretende beneficiarse.

Basta reproducir unas frases del texto publicado por Héctor Mauleón en El Universal, titulado “Guerreros Unidos en la noche de Iguala”, en el cual describe que al día siguiente de la denominada noche de Iguala, donde desaparecieron los 43 normalistas de Ayotzinapa, se comunicaron, entre ellos, por Blackberry, os hermanos Adán y Ángel Casarrubias Salgado, líderes del cártel Guerreros Unidos, quienes por encontrarse ambos distantes de la zona de Iguala y separados, uno en Cuernavaca Morelos y el otro en Teloloapan, Guerrero, se estaban poniendo de acuerdo en la estrategia a seguir para enfrentar el escándalo.

Según intervenciones telefónicas de la DEA, según narra Mauleón, uno de ellos, a quien apodaban El Cabo, se comprometió con su hermano a “poner unos chavos a manejar redes sociales para que abrieran páginas de Internet y culparan de la desaparición al procurador del Estado de Guerrero”.

De esta forma circuló por Whatsapp la noticia que vinculaba al Procurador Iñaqui Blanco con el líder de la banda enemiga, El Carrete.

Como vemos, los mismos cárteles tienen su equipo de “trolls” listos para emprender campañas por redes sociales.

No debemos olvidar la denuncia que hay respecto a que durante la última campaña presidencial de Estados Unidos la intervención de trolls y hackers rusos debilitó a Hillary Clinton y favoreció a Donald Trump.

También hay despachos de abogados que manejan redes sociales para crear fenómenos de opinión pública a favor de sus clientes.

En las campañas electorales, es una constante la participación de expertos en redes sociales, principalmente para desgastar a los oponentes, muchas veces dando información falsa o simplemente difundiendo rumores creíbles.

La “ley antimemes” del Estado de Veracruz quizá está mal planteada al no diferenciar las responsabilidades y derechos del ciudadano real, tanto el individuo, como la institución con identidad clara y verdadera y por otra parte el trabajo sucio de los despachos que como mercenarios trabajan para el mejor postor, aquel que paga sus servicios.

Al ciudadano se le deben respetar sus derechos de expresión, pero se deben desarticular y castigar a los despachos y empresas, que sin ética manipulan a la opinión pública.

El riesgo de esta indefinición es dejar vigente un sistema represor que puede ser manipulado por el gobierno, como hizo el gobernador de Veracruz Javier Duarte al encarcelar a una activista social, Maruchy Bravo Pagola, quien le estorbaba a él y su gobierno y a la que pudo fincar responsabilidades judiciales al amparo de las indefiniciones relacionadas con el manejo de redes sociales.

Debiese ser castigado quien opera las redes sociales falsas y manipuladoras de modo profesional y también quien las contrata, no el ciudadano.

Las redes sociales pueden ayudar a construir ciudadanía y generar una opinión pública responsable, pero también pueden ser manipuladoras cuando son dirigidas por profesionales mercenarios. Detrás de muchos linchamientos y movilizaciones en contra de la autoridad, hay campañas de redes sociales guiadas con fines delincuenciales.

Este tema debe ser estudiado a fondo y no desechado a la ligera como se pretende hacer.

¿Usted cómo lo ve?

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