De la evidencia y su importancia

Observatorio Nacional Ciudadano

María Teresa Martínez Trujillo

Para Fariba Adelkhah

Entre muchos análisis, la renuncia del Carlos Urzúa como responsable de las finanzas públicas alimentó la discusión sobre la importancia de la evidencia como base de las toma de decisiones en política pública. Algunos, inspirados en filias y fobias partidistas, apuraron comentarios y conclusiones para, a través de los señalamientos del ex Secretario, llevar agua a sus respectivos molinos.

En esa coyuntura fue posible ver, casi de cuerpo entero, a los dos más grandes enemigos que parece tener la evidencia como herramienta del quehacer público, no sólo en términos hacendarios: por un lado, los que ven en ella la expresión inequívoca de la tecnocracia y el deleznable Neoliberalismo y, por otro lado, los fetichistas de la estadística y el “dato duro”. En el fondo, ambos se encuentran en un registro parecido, el que empobrece el conocimiento y, por ende, el que estorba a una mejor comprensión de lo que ocurre en un país como el nuestro. Y es que ambos, me parece, visualizan “evidencia” como una sola y única cosa.

Si nos enfocamos, por ejemplo, en la crisis de seguridad y violencia que enfrenta México desde hace varias décadas, a estas alturas, y tras una creciente producción de reportes, artículos y libros de diversas calidades, ya deberíamos tener claros los puntos ciegos de los datos disponibles y, en ese sentido, emprender más trabajos innovadores. Así, por ejemplo, los análisis de los registros delictivos deberían complementarse con lo que ya están haciendo antropólogos, sociólogos, historiadores, politólogos, periodistas y otros tantos que rechazan las explicaciones simplistas y generalistas y, en cambio, asumen que horas y horas de recolección y análisis de la tan mentada evidencia sólo alcanzan para comprender una parte, no soslayable, de un todo complejo y cambiante.

En éste, como en tantos otros temas, hace falta privilegiar el trabajo de campo. Y no, eso no se limita a la imagen que tenemos del antropólogo (o, en el extremo el white saver) que se muda por años a una comunidad lejana para entenderla –y en algunos casos exotizarla–. Tampoco significa renunciar a los números y los modelos estadísticos. Se trata de darle valor a los archivos, a los periódicos que se empolvan en las semidesiertas hemerotecas, de analizar discursos y narrativas, echar mano de entrevistas, observaciones, encuestas y sí, de valorar los registros estadísticos y lo que gracias a ellos puede comprenderse, y lo que no. Y es que, los que estudian lavado de dinero requieren métodos y estrategias muy distintas que aquellos a quienes ocupan los patrones de extorsión y control territorial criminal, o los que se interesan por la transformación de las policías, aunque a veces todo parezca parte de un mismo saco.

No hay métodos de investigación perfectos y cualquiera que se tome en serio este oficio lo sabe. Entonces, a las intuiciones y conjeturas deberían acompañarlos las advertencias, la conciencia de los límites, la curiosidad por ir más lejos, el compromiso por seguirse haciendo preguntas y afinar o explorar otras formas de responderlas.

Ahora bien, suponer que la producción del conocimiento y las agendas político-ideológicas deberían ir por senderos estrictamente separados resultaría, por lo menos, ingenuo. El investigador suele ser, explícitamente o no, un militante de determinadas causas. Eso no es, de suyo, un problema, pues es precisamente esa militancia, o bien incomodidad e insatisfacción con cierto status quo, ánimo de explicarse cómo llegamos ahí, lo que lo lleva a hacerse preguntas y buscar respuestas.

Por otro lado, causas personales pueden ser detonantes de importantes avances. Madres y familiares de desaparecidos en todo el mundo, por ejemplo, han resultado piezas clave para hacer avanzar estudios sobre fosas clandestinas. Son ellos, desde su interés personal, quienes han provocado que geólogos y criminólogos desarrollen y empleen tecnología de punta para detectar y recuperar restos inhumados clandestinamente.

Por supuesto, el éxito e impacto de esas empresas suele ir de la mano de gobiernos que las apoyan y alimentan, por ejemplo, a través de la información que pueden aportar presuntos criminales durante sus procesos judiciales. En estos casos, la configuración supone que la sociedad civil (más o menos) organizada, los científicos y las instituciones de seguridad y justicia se alinean en un mismo propósito.

El problema de las filias y fobias, en todo caso, radica en que la estridencia de una agenda política condicione toda la producción –o falta de ella- del saber científico. Hace algunas semanas fue arrestada en Irán Fariba Adelkhah, investigadora franco-iraní, adscrita al CERI-Sciences Po, uno de los institutos de investigación más reconocidos en Francia y Europa. Su detención, junto con la de “otros sospechosos” está plagada de interrogantes. El gobierno iraní no ha aclarado, por ejemplo, de qué es sospechosa.

Tal como lo sugiere una nota de Le Monde, la suerte que ha corrido la investigadora debe leerse en el marco de las actuales tensiones que hay entre Irán y varios países de occidente, incluyendo Francia. Sin embargo, este tema debe también verse en un panorama más amplio. Y es que esta experiencia se suma a la de un investigador expulsado temporalmente por el gobierno Ruso, arguyendo que su trabajo de campo era parte de una estrategia de espionaje, a la de otro que ha cambiado su nombre e identidad debido a sus hallazgos y publicaciones sobre un país ubicado en el corazón asiático, o a la de una investigadora pakistaní que, en foros internacionales estrictamente académicos, suele reconocer al enviado de la embajada de su país, quien atento e inquisitivo toma nota de lo que su compatriota expone.

Estos casos, todos reales, parecen ser extremos y propios de países en los que la ciencia y el saber son perseguidos por regímenes para quienes un investigador es otro enemigo. Países de los que México está lejos, geográfica e ideológicamente. Sin embargo, deberían alertarnos sobre un aspecto en particular: nadie, ni gobierno, ni analista, ni activista, ni intelectual, debería tener la tentación de erigirse en quien decide qué conocimiento es “correcto” o no. Cuál le hace bien al pueblo y cuál lo daña.

Investigadora del ONC y doctorante en Sciences Po, Paris.
@TereMartinez

Artículo publicado por Le Monde
https://www.lemonde.fr/international/article/2019/07/16/iran-la-justice-...
 

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