Odebrecht pone contra las cuerdas a Cervantes

Mario Maldonado

Odebrecht corrompió a casi toda Latinoamérica. Pagó sobornos en 12 países y por ello varios de sus directivos, incluyendo su líder, Marcelo Odebrecht, están enjuiciados o tras las rejas. La misma suerte han tenido presidentes, ex presidentes y funcionarios de alto nivel de los países involucrados en los actos de corrupción. ¿En México qué ha pasado? Nada. Aquí le contamos que la Procuraduría General de la República (PGR), a cargo de Raúl Cervantes, tenía congelado el caso por razones desconocidas. Pero el escándalo, tarde o temprano, le explotaría en la cara, como sucedió este fin de semana cuando se revelaron detalles de las declaraciones juramentadas de funcionarios de Odebrecht, las cuales señalan a Emilio Lozoya Austin, amigo y ex colaborador del presidente Enrique Peña Nieto.

Desde diciembre pasado, cuando Odebrecht se declaró culpable ante una corte federal de Estados Unidos y vinculó a México con el pago de un soborno de 10.5 millones de dólares, a la fecha, el procurador Cervantes había estado “nadando de muertito” frente a este caso. En enero de 2017, EL UNIVERSAL reveló que Pemex, al mando de José Antonio González Anaya, quien sustituyó a Lozoya Austin en febrero de 2016, presentó una denuncia ante la PGR contra quien resulte responsable por los actos de presunta corrupción declarados en Estados Unidos.

Semanas más tarde, Cervantes viajó a Brasil para sostener reuniones técnicas y especializadas de intercambio de información con sus contrapartes. A su regreso, integró una investigación que, por sorprendente que parezca, no ha logrado dar con un solo presunto responsable, en contraste con lo sucedido en el resto de los países señalados por Odebrecht.

Según la PGR, ha citado a declarar a 10 servidores públicos y nueve ex funcionarios de Pemex que intervinieron en la adjudicación de tres contratos asignados a Odebrecht. Lo mismo hizo con tres directivos de la constructora brasileña, incluido Marcelo Odebrecht, el ex presidente de la empresa. Lo que es un misterio es por qué no llamó a declarar a Emilio Lozoya, ex director general de Pemex y ex coordinador internacional de la campaña de Enrique Peña Nieto, cuyo nombre comenzó a sonar en los medios desde hace tiempo por el simple hecho de haber encabezado a la petrolera mexicana cuando se pagaron la mayoría de los presuntos sobornos.

Peor aun: ¿por qué Raúl Cervantes no citó a Emilio Lozoya si, como reveló su abogado Javier Coello Trejo, se puso a disposición de la PGR desde mayo pasado? La respuesta podría tener dos explicaciones: la primera, que el procurador no sabía qué hacer con el caso y, la segunda, porque apostó a que la justicia brasileña y Odebrecht no revelarían las declaraciones juramentadas que implicaron a Lozoya Austin, las cuales fueron reservadas en México por cinco años.

En todo este entramado hay dos hechos relevantes que muy probablemente detonaron la bomba el fin de semana. El primero es el anuncio que hizo Pemex a la SEC de Estados Unidos el pasado 14 de junio sobre la rescisión del contrato otorgado a Odebrecht para remodelar la Refinería de Tula. Se trata del mismo proyecto por el que supuestamente se pagaron las “propinas” a funcionarios de Pemex. En Odebrecht temieron el inicio de una serie de cancelaciones de contratos. ¿Seguirían la Refinería de Salamanca y Los Ramones II?

El segundo hecho tiene que ver con la negativa de la PGR de llegar a un acuerdo “reparatorio” con Odebrecht —como se ha hecho en la mayoría de los países involucrados— y sin el cual Pemex y otras dependencias de gobierno podrían seguir cancelándole contratos. El argumento del equipo de Cervantes era que de alcanzar un acuerdo se inhibirían las sanciones administrativas y penales de los funcionarios y ex funcionarios relacionados con el caso, tanto de México como de Brasil.

Como sea, la estrategia de Raúl Cervantes no funcionó y hoy Odebrecht lo tiene contra las cuerdas.

Posdata. Tras la presión mediática, finalmente la PGR citó a comparecer a Emilio Lozoya. Acudirá hoy junto con su abogado Javier Tello. Este aguerrido penalista también presta sus servicios a empresarios como Jorge Vergara, a quien defendió en el litigio contra su ex esposa Angélica Fuentes. Fuentes, por cierto, también estuvo casada con Raúl Cervantes.

El espaldarazo de la Corte a Slim. Como se esperaba, los ministros de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) votaron a favor del amparo promovido por América Móvil el cual otorga al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) —y quita al Congreso de la Unión—, la facultad de fijar la tarifa de interconexión que deberán pagar los competidores al grupo de Carlos Slim. Llama la atención que la Corte dejara vigente la tarifa cero que rige actualmentehasta el 1 de enero de 2018. Suena a estrategia política, porque tendremos a un regulador dirimiendo si mantiene o aumenta la tarifa en pleno año electoral. Poderosa herramienta de presión para los medios de comunicación y los grupos de poder, ¿no cree?

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