Mariasún se deslinda de demanda contra Santander

Mario Maldonado

El conflicto legal que mantiene un grupo de inversionistas mexicanos, encabezados por Antonio del Valle, en contra del Banco Santander, el cual incluso podría afectar la relación empresarial México-España, ya tuvo repercusiones entre sus involucrados.

A principios de marzo publicamos en esta columna que el ex presidente de Grupo Modelo, Carlos Fernández, estaba entre la espada y la pared en este caso, pues por un lado es el segundo accionista individual más importante del banco español, y por el otro es amigo y ex socio de buena parte de los empresarios mexicanos que los están demandando.

El litigio emprendido por Antonio del Valle, presidente honorario de Mexichem, tiene que ver con una inversión en el Banco Popular español. Fue en 2015 cuando él y un grupo de inversionistas mexicanos le inyectaron 460 millones de euros con miras a comprar más acciones y quedarse finalmente con la institución que atravesaba serios problemas de liquidez. La jugada, sin embargo, salió mal y en junio del año pasado Santander terminó quedándose con el quebrado banco tras pagar la simbólica cantidad de un euro y el compromiso de capitalizarlo con 7 mil millones de euros.

Los mexicanos perdieron todo, pero quieren recuperarlo a través de instancias internacionales. Al inicio de 2018, el grupo que encabeza Antonio del Valle inició una demanda contra Santander en un juzgado de Nueva York, donde exige se transparenten los documentos, valuaciones y comunicaciones que llevaron a la firma presidida por Ana Botín a quedarse con el Banco Popular. En otro frente, iniciaron un arbitraje internacional en contra de las autoridades españolas que aprobaron la transacción por supuestamente haber violado el Tratado de Protección de Inversiones entre México y España.

Este segundo asunto podría poner en riesgo la inversión española en México, la segunda más importante para el país después de la estadounidense, no sólo porque los mexicanos acusan violaciones a las cláusulas del tratado bilateral, sino porque entre los aludidos en el conflicto con Santander está el principal enlace de empresas españolas en México: Valentín Diez Morodo, también ex socio de Grupo Modelo y actual presidente del Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior.

En el grupo que formó Del Valle para esta aventura, además de Diez Morodo, destacan relevantes empresarios mexicanos como Roberto Hernández, Alfredo Harp, Fernando Chico y Eduardo Tricio, entre otros.

María Asunción Aramburuzabala (Mariasún) también poseía acciones del Banco Popular, no obstante, asegura que se trataba de una inversión pasiva, a diferencia de la participación que tenía Antonio del Valle, quien además de haber estado en el Consejo de Administración del grupo financiero español estableció una asociación con su banco Ve x Más.

La poderosa empresaria, presidenta de Tresalia Capital e inversionista en múltiples proyectos en México y el extranjero, asegura además que nada tiene que ver en las acciones legales que emprendieron los inversionistas del Banco Popular en contra del proceso de adquisición del mismo por parte de Banco Santander.

En un comunicación enviada a esta columna, expone que las posiciones de su firma Tresalia en el Banco Popular fueron estratégicas, “inversiones de portafolios” en las que se esperaba cierto retorno y, cuando éste se obtuvo, fueron retiradas.

La hermana de Mariasún, Lucrecia Aramburuzabala, está casada con Carlos Fernández, consejero y segundo accionista individual más importante de Santander. El empresario mexicano también es el mayor inversionista de la inmobiliaria española Colonial, de la cual controla 13.8% de sus títulos, cuyo valor supera los 200 millones de euros. Hace unas semanas se convirtió en uno de los principales accionistas del grupo de medios Prisa, tras adquirir 22.4 millones de títulos, equivalentes al 4% del capital.

El GACM y sus voceros. Muy nerviosos deben andar los voceros del Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM), que dirige Federico Patiño, por los dichos del candidato puntero en las encuestas, Andrés Manuel López Obrador, en torno a su plan de echar abajo el proyecto, pues ahora ya no buscan quién se las hizo, sino quién se las pague.

El vocero del GACM, Octavio Mayén Mena, hizo llegar a EL UNIVERSAL una “precisión” sobre los dichos textuales de Yeidckol Polevnsky en una entrevista con MVS, retomados en la columna del miércoles “El rompimiento de AMLO con Slim”, en los que la presidenta de Morena expone sus dudas sobre algunos de los contratos otorgados por el administrador del Nuevo Aeropuerto Internacional de México.

Particularmente se refiere al contrato adjudicado directamente al despacho del yerno de Carlos Slim, Fernando Romero, y al arquitecto Norman Foster, en el cual la Auditoría Superior de la Federación detectó irregularidades y sobrecostos, lo cual fue retomado a su vez por Polevnsky para apuntalar sus dichos.

“El diseño del NAIM, que incluye todos los componentes del aeropuerto (Edificio Terminal, Torre de Control, Centro de Transporte, Pistas y demás aspectos), fue resultado de una amplia convocatoria a la que acudieron los más prestigiados despachos nacionales en participación conjunta con los más experimentados especialistas internacionales en construcción de aeropuertos”, refiere el vocero del GACM, y agrega que más del 87% del monto adjudicado para la construcción del nuevo aeropuerto se ha llevado a cabo mediante licitaciones públicas para obras de la infraestructura aeroportuaria.

Twitter: @MarioMal Correo: [email protected]

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