Los empresarios favoritos del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto están entrando en una fase de resignación ante lo que hoy parece inminente: el triunfo de Andrés Manuel López Obrador el próximo 1 de julio y la llegada de José Antonio Meade en un lejano tercer lugar.

Sin embargo, la abdicación de los contratistas afines al PRI ha sido de diferentes formas: unos se anticiparon e hicieron movimientos para tratar de blindar sus empresas; otros ya comenzaron a enviar su dinero al exterior y unos más han optado por tender puentes con el equipo del candidato de la coalición que encabeza Morena.

En el primer caso está la familia Hank, cuyas empresas se estima han obtenido contratos por más de 32 mil millones de pesos en lo que va del sexenio.

En octubre del año pasado, Banorte e Interacciones, ambas presididas por Carlos Hank González y Carlos Hank Rohn, respectivamente, anunciaron una fusión para crear el segundo banco más grande del país. Un too big to fail en caso de que a la nueva administración federal, muy probablemente encabezada por López Obrador, se le ocurra revisar los negocios que les han entregado el gobierno federal y los estatales.

Los Hank son una de las 11 familias más ricas de México. Forbes les calcula una fortuna de 2 mil millones de dólares, aunque en el sector financiero creen que su riqueza está muy por arriba de esa cifra.

Otro caso es el de OHL México, que a inicios de 2018 decidió vender 100% de su filial de concesiones al fondo australiano IFM Global Infrastructure Found. Su intención es dejar de cotizar en la Bolsa Mexicana de Valores y encontrar otro interesado que se quede con el resto de la compañía para salir del país. En tanto lo consigue, ya tiene blindada su joya de la corona: el Circuito Exterior Mexiquense. La empresa carga con el estigma de la corrupción por los negocios que hizo, desde su cúpula, con los gobiernos del presidente Peña Nieto en el Estado de México y durante su administración federal.

En otro frente aparecen los empresarios que están moviendo su dinero a otros países. Se trata de una operación similar a la que hizo el constructor de las dos casas más famosas del sexenio: la Casa Blanca y la Casa de Malinalco, Juan Armando Hinojosa, quien tras el escándalo envió parte de su fortuna (se calcula que unos 100 millones de dólares) a paraísos fiscales como Nueva Zelanda, según la investigación de los Papeles de Panamá.

Los contratos que logró el dueño de Grupo Higa con los gobiernos estatal y federal de Enrique Peña Nieto ascendieron a más de 20 mil millones de pesos.

La salida de capitales de empresarios que podrían enfrentar problemas el próximo sexenio o que simplemente temen la llegada de un presidente como Andrés Manuel López Obrador comenzó al inicio de este año, pero conforme se acerca la elección presidencial y la brecha se mantiene entre el puntero y el candidato del partido en el gobierno las fugas de dinero hacia el exterior se han incrementado, según empresarios del sector financiero.

Otros empresarios amigos de los gobiernos priístas, como Roberto Alcántara, dueño del grupo de transporte terrestre IAMSA y de la aerolínea VivaAerobús; Eustaquio de Nicolás, accionista de Homex; Nicolás Mariscal Servitje; de Grupo Marthnos; Olegario Vázquez Aldir, presidente del Grupo Empresarial Ángeles, y el propio Carlos Slim están intentando tender puentes con el político tabasqueño.

El enlace, ya se sabe, es su propuesta para jefe de gabinete, Alfonso Romo. El principal asesor económico de AMLO es un empresario moderado, pro industrial, que en el pasado fue socio de Slim. Entiende bien los mercados financieros, porque fundó la casa de bolsa Vector con el ex secretario de Hacienda Pedro Aspe a la cabeza, y la inclusión de la tecnología en la economía: con su firma Seminis llegó a controlar una buena parte del mercado mundial de semillas, hasta que se la vendió a Monsanto.

Hay otros, sin embargo, que podrían tener sus días contados como “prósperos” empresarios. Apunte en esta lista al dueño de AHMSA, Alonso Ancira, a quien tiene bien ubicado por la inexplicable venta que le hizo a Pemex de una planta “chatarra” de fertilizantes por 475 millones de dólares y a la brasileña Odebrecht.

Hace unos días, en la entrevista que concedió al programa Tercer grado de Televisa cuestionó que la empresa productiva del Estado haya pagado esta cantidad al empresario acerero. “Si hay denuncia de por medio por planta de fertilizantes de Ancira, va para adelante”, dijo el candidato presidencial.

Así como sucedió con la constructora Tradeco de Federico Martínez, favorita de los gobiernos de Vicente Fox y Felipe Calderón, a la que le cerraron las puertas y la inhabilitaron en el actual sexenio, podría pasarle a muchas empresas afines al gobierno del presidente Peña Nieto a partir del 1 de diciembre próximo.

Posdata. Otro tema relevante es la relación que tendría el eventual gobierno de AMLO con los empresarios del norte, principalmente los del Grupo Monterrey que no se llevan con Romo y quienes están apoyando a Ricardo Anaya. O con los del Consejo Mexicano de Negocios, a los que acusa de conspirar en su contra. Lo más probable es que con ellos haya una operación cicatriz.

 Twitter: @MarioMal
Correo: mario.maldonado.padilla@gmail.com

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