AMLO y el presupuesto en seguridad

El gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) tendrá una gran presión en cuanto a cómo distribuir el presupuesto federal para cumplir con todas sus promesas de campaña, principalmente en los tres ámbitos que dominaron su discurso: pobreza, corrupción y seguridad.

Para cumplir con los programas sociales, que incluyen duplicar la pensión a adultos mayores, una renta mensual para discapacitados y el financiamiento a los jóvenes, entre otros, requiere unos 500 mil millones de pesos. Buena parte de estos recursos provendrán de su plan de austeridad, como recortar a la mitad los salarios de la alta burocracia y mocharle el presupuesto a los estados y municipios, muy probablemente cancelando el llamado Ramo 23, a través el cual se otorgan partidas discrecionales a los gobiernos estatales y municipales.

Hasta ahí, las promesas de campaña suenan lógicas: por un lado, combatir la corrupción y el “derroche” presupuestal, y por otro usar estos recursos para echar a andar programas sociales y de infraestructura. Sin embargo, una de las grandes disyuntivas será el presupuesto destinado a la seguridad, uno de los principales detonadores del voto “antisistema” de los mexicanos.

Entre los temas más polémicos que ha puesto sobre la mesa el virtual presidente electo es convertir el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) en la nueva Agencia Nacional de Inteligencia (ANI).

El desmantelamiento del Cisen, no obstante, comenzó en el presente sexenio, luego de que fue “ahorcado” financieramente por la Secretaría de Hacienda en tiempos de Luis Videgaray.

En el papel, el Cisen fue creado como un órgano de inteligencia civil para generar información estratégica, táctica y operativa que permitiera preservar la integridad, estabilidad y permanencia del Estado Mexicano, así como dar sustento a la gobernabilidad a través de medidas de prevención, disuasión, contención y neutralización de riesgos o amenazas que pretendieran vulnerar el territorio, la soberanía y el orden constitucional.

Al organismo adscrito a la Secretaría de Gobernación se le deparaban grandes horizontes en la administración de Enrique Peña Nieto, tras superar 12 años de marginación de los gobiernos panistas, con Vicente Fox y Felipe Calderón.

Sin embargo, la historia del Cisen fue totalmente diferente. En el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2015, la Secretaría de Hacienda, a cargo de Luis Videgaray, destinó al rubro de Seguridad Nacional 7 mil 616 millones de pesos. Un año después, esta cifra descendió a 3 mil 273 millones de pesos.

El devastador recorte se debió, según fuentes del gobierno, a una lucha de poder entre Luis Videgaray y el entonces secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, quien, se decía, ocuparía la inteligencia civil para fines políticos, entre ellos impulsar su candidatura a la Presidencia de la República.

En 2017, el organismo de Seguridad Nacional tuvo un recorte adicional por 450 millones de pesos. En 2018, José Antonio Meade, como secretario de Hacienda, le dio un “respiro” y le otorgó un presupuesto de 2 mil 888 millones de pesos, una cifra prácticamente similar a la que se tenía a finales del sexenio pasado (2 mil 823 millones de pesos).

En esos tres años de desmantelamiento de la Inteligencia para la Seguridad Nacional la violencia en el país se disparó. Los homicidios subieron a más de 15 mil en 2015, a casi 20 mil en 2016 y a cerca de 26 mil en 2017.

De mantenerse el presupuesto cercano a los 3 mil millones de pesos en el rubro de Inteligencia, este pasará, como ya fue anunciado por el virtual titular del área, Alfonso Durazo, a la nueva Secretaría de Seguridad Pública, que absorberá también las funciones y los más de 200 millones de pesos que se le asignan a la Unidad de Inteligencia Financiera, proveniente de la Secretaría de Hacienda.

Ambas dependencias alcanzarían en conjunto un presupuesto de inteligencia de alrededor de 3 mil 100 millones de pesos, un monto probablemente insuficiente para las labores para detectar y desarticular las grandes amenazas a la gobernabilidad y la seguridad del Estado.

Mainbit aclara.

Representantes de la empresa Mainbit enviaron a esta columna una réplica respecto de lo expuesto el pasado 29 de junio en este espacio.

Sobre el pleito que mantienen con la empresa Cepra por el contrato para proveer equipos de cómputo al SAT, el cual ronda los mil millones de pesos, la firma que encabeza José Antonio Sánchez negó que se hayan promovido decenas de recursos legales para revertir el fallo en favor de Cepra y que en repetidas revisiones de las autoridades se haya declarado en cada uno de estos análisis la validez del procedimiento de adjudicación a esta última.

Por el contrario, expuso, Mainbit promovió solamente una inconformidad ante el Órgano Interno de Control del SAT, mientras que Cepra, además de cuatro recursos de esa naturaleza administrativa, ha promovido alrededor de 20 juicios tanto de nulidad como de amparo y en ninguno de ellos ha obtenido una sola sentencia favorable a sus intereses.

Lo único que Cepra logró temporalmente fue que el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Hidalgo concediera la suspensión de los efectos de la terminación de su contrato, como una medida cautelar durante el trámite del juicio de amparo; sin embargo, esa determinación fue revocada por el Primer Tribunal Colegiado de ese Circuito en su sesión del pasado 28 de junio, por lo que no existe justificación alguna para que la compañía de Joel Sánchez no retire sus equipos de las instalaciones del SAT.

La representación legal de Mainbit afirma que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) tiene en la mira a Cepra por haber incurrido en diversas irregularidades en la entrega de información para participar en la licitación LA-006E4-2016 del SAT.

Los hechos, asegura, ya son investigados por la Procuraduría General de la República por la probable comisión del delito de fraude. Adicionalmente, el Ministerio Público Federal estaría documentando un fraude procesal, toda vez que la información falsa fue también esgrimida en la demanda emitida por Cepra para obtener un amparo.

Mainbit se refirió también a su presunta participación, en 2015, en los conflictos del sistema para la emisión de pasaportes de la Secretaría de Relaciones Exteriores. En este caso asegura que, según la auditoría 15-005100-02-0031 de la ASF, efectivamente se encontraron múltiples defectos en la operación del servicio a partir de que se adjudicara el contrato al consorcio Véridos México, pero que estos mismos no son atribuibles o responsabilidad alguna de Mainbit.

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