En la temporada de fin de año que se aproxima –de festejos y reuniones familiares–, los integrantes de la alta burocracia del Estado mexicano celebrarán a lo grande con sueldos, aguinaldos y bonificaciones que superarán los 800 mil pesos, mientras millones de personas recibirán de manera normal su salario mínimo y, si corren con suerte, tendrán acceso a la gratificación anual, de apenas 15 días de su ingreso regular. En esa brecha salarial los ingresos de los primeros llegarán a ser más de 250 veces superiores a los de 7.3 millones de personas que, de acuerdo con el Inegi, ganan el sueldo mínimo.

El problema en sí no debería ser el ingreso de los funcionarios, pero ante el abismo que existe con las percepciones económicas de millones de mexicanos, y con casi la mitad de la población en condiciones de pobreza, la millonaria partida que se destinará para pagar los ingresos de una burocracia privilegiada se vuelve insensible, absurda y poco pertinente.

Hace unos días se tuvo la oportunidad de disminuir un poco esa disparidad, pero se dejó ir. La semana pasada se anunció un aumento al salario mínimo de 3.9%, el cual regirá a partir del 1 de diciembre de este año. En cambio, de acuerdo con lo previsto en el Presupuesto de Egresos de la Federación, los ingresos de los senadores en 2018, por ejemplo, tendrán un incremento de 4.74%. El porcentaje es mayor para el ya elevado sueldo de los legisladores que para el salario mínimo.

Aunque en términos reales el salario mínimo pasará de 80.04 a 88.36 pesos, cinco pesos corresponden al procedimiento del llamado Monto Independiente de Recuperación, creado ante la inocultable pérdida de poder adquisitivo del ingreso.

El objetivo de elevar el sueldo se planteó al menos hace cinco años cuando se propuso que dejara de ser utilizado como medida para fijar multas o tarifas, lo cual significaba una atadura para una eventual mejora. La meta aún se ve lejana, pues actualmente todavía se encuentra por debajo de la línea de bienestar que marca el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).

El bajo salario de los trabajadores mexicanos ha sido cuestionado incluso en la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, pues es visto como un ilegal “instrumento de competitividad” frente a los salarios que cobran los trabajadores estadounidenses y canadienses.

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