Después de las escenas del uso desproporcionado de la fuerza policial en Cataluña para intentar evitar el referéndum el pasado 1 de octubre, y de una semana que se han sucedido manifestaciones tanto proindependentistas y prorreferéndum como prounionistas (siendo innegable la diferencia de participación entre unas y otras), lapso en el que se han alzado diversas voces tanto catalanas como del resto del territorio ibérico demandando un diálogo político entre ambas partes para evitar por un lado la Declaración Unilateral de Independencia (DUI) y por el otro la invocación del artículo 155 de la Constitución española (que se refiere a la posibilidad por parte del gobierno central de suspender la autonomía regional), la comparecencia del Presidente Puigdemont frente al Parlamento catalán ha dejado nuevamente abiertas un sinfín de incertezas políticas en el proceso actual.

Más allá del embrollo jurídico que significa firmar texto de declaración de independencia pero la cual no se proclama para ofrecer una “última oportunidad de diálogo”, pareciera que el gobierno catalán pretende seguir la vía eslovena de 1991. La diferencia radicaría aquí que el contexto europeo no está por la labor de reconocer a la República catalana, como sí lo hizo Alemania en ese entonces, argumento suficientemente fuerte como para evitar la declaración unilateral. El escenario europeo es radicalmente diferente hoy que hace 25 años. En ese entonces en el contexto del fin de la bipolaridad los nacionalismos podían considerarse como respuestas a las dominaciones imperialistas; hoy el contexto de una globalización que potencializa la interdependencia hace que los nacionalismos se presenten como anacrónicos, especialmente cuando se constata un resurgir de la extrema derecha amparada en estos sentimientos.

Sin embargo, es de suma importancia dejar en claro que el movimiento independentista catalán (al menos el institucional, surgido de las últimas elecciones regionales) no se basa en un sentimiento nacionalista supremacista racial, su construcción parte desde el sentimiento de pertenencia lingüístico-cultural hasta el de pertenencia cívica de los que viven en territorio catalán. En este sentido, la independencia no declarada se presentaría como una ventana para la mediación y la oferta de diálogo como carta democrática frente al mundo. Donald Tusk, Presidente del Consejo Europeo, en una reunión del Comité de las Regiones de la UE pidió al gobierno catalán respetar el orden constitucional y buscar el diálogo no a través de las diferencias si no mediante las similitudes.

Tusk y las instituciones supranacionales tienen razón en advertir las consecuencias negativas que una independencia unilateral tendría no sólo para Cataluña (quedando fuera del marco regional europeo), si no para el conjunto del Estado español y también para el continente en general y el proceso de integración en particular, que hoy en día se encuentra ralentizado precisamente por pugnar con el peso de los Estado-nación miembros. Lo que no han querido reconocer las propias instituciones europeas es que el gobierno actual del Estado español en su negación constante de cualquier posibilidad de diálogo y con respuestas como la de amenazar de muerte al Presidente catalán (el portavoz del Partido Popular dijo que “Puigdemont podría terminar como Companys”, que fue fusilado por las tropas franquistas durante la Guerra Civil) o la de no condenar las manifestaciones y agresiones de la ultra derecha fascista que ha aprovechado las movilizaciones prounionistas, ha perdido credibilidad para ser parte de la solución del problema.

Si la respuesta por parte de La Moncloa a la “pausa” enunciada desde Barcelona continúa siendo judicial y policial bajo el único argumento de la legalidad, la legitimidad democrática que exige el diálogo político tal vez se podría recuperar siguiendo el consejo que el ex Primer Ministro belga dio en el Parlamento Europeo hace unos días: buscar la formulación de estructuras federales como anclaje en una Europa federal. En palabras propias: una República Catalana dentro de una República Federal Española. El problema es que de la respuesta que venga de Madrid dependerá si hoy en día Cataluña considera que todavía tiene algo que dialogar con el resto del Estado español o da un salto a un frío aislacionismo internacional, en cuyo escenario resultaría un duro golpe a la credibilidad europea si la respuesta es una represión militar. 

Internacionalista y experto en integración europea
agarciag@comunidad.unam.mx  

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