Sobre la geografía de la violencia

Alejandro Hope

Como ejercicio, escribo en Google la frase “balacera en” y me aparecen como opciones automáticas para terminar la frase: Monterrey, Reynosa, Puebla, Apaseo el Alto, Acapulco, Guadalupe y Jalostotitlán.

Escribo enfrentamiento y las opciones que me ofrece el buscador son la siguientes: Nuevo Laredo, Reynosa, Zihuatanejo, Puebla, Sinaloa, Veracruz y Chihuahua.

Tecleó la palabra secuestro y el algoritmo me pone enfrente las siguientes alternativas geográficas: Tecámac, Tijuana, Oaxaca, Guadalajara y Monterrey.

Mismo ejercicio para cobro de piso. Opciones: Apodaca, Jalapa, Acapulco, Tijuana, la Condesa, Michoacán y Tampico.

Este es un retrato del país que ahora somos. La violencia criminal ya no está concentrada. Ya no es asuntos de bolsones, allá en el norte o en la frontera o en la sierra. Es un fenómeno que está ahora disperso en buena parte del territorio.

Algunos números permiten dimensionar el fenómeno. En 2010, uno de cada cuatro homicidios en el país tuvo lugar en el estado de Chihuahua. De hecho, 15% del total nacional ocurrió en un solo municipio: Ciudad Juárez. En 2017, no hubo un solo estado que acumulara más del 10% del total nacional.

Otro dato: en 2015, sólo 4 estados tuvieron más de 1000 víctimas de homicidio doloso. En 2017, 13 entidades federativas rebasaron esa cota.

La violencia criminal se ha venido multiplicando en zonas que no teníamos en el radar hace algunos años. Por ejemplo, la entidad federativa que acumuló el mayor número absoluto de víctimas de homicidio doloso en el primer trimestre de 2018 no fue Guerrero, el Estado de México o Baja California: fue Guanajuato.

¿A qué se debe este fenómeno de dispersión? No lo tengo enteramente claro, pero permítanme ensayar una teoría.

A principios de siglo, el submundo criminal estaba dominado por media docena de bandas criminales de gran tamaño, dedicadas en lo fundamental al narcotráfico. En esa configuración, la violencia criminal tendía a concentrarse en zonas de producción de cultivos ilícitos y rutas de tránsito de drogas, particularmente ciudades fronterizas y puertos marítimos.

Pero desde entonces, todas esas bandas, en menor o mayor medida, han estado sujetas a presión por parte del Estado, sus estructuras han sido descabezadas y han acabado fragmentadas. Hay no menos de 12 grupos distintos que tienen su origen en la banda de los Beltrán Leyva. Un número similar puede trazar su linaje a los Zetas. Y lo mismo vale para, por ejemplo, el Cártel del Golfo.

Estas bandas emergentes, sean Rojos o Guerreros Unidos o Tequileros o Ardillos o Metros o Viagras, no tienen la sofisticación de sus predecesores. No tienen los contactos en Colombia para mover toneladas de cocaína. No tienen redes de distribuidores y aliados en Estados Unidos. Las grandes sumas del narcotráfico no están a su disposición.

Pero tienen, eso sí, gran capacidad y disposición para la violencia. Y se dedican entonces a secuestrar y extorsionar y robar (además de traficar). Pero eso tiene una implicación fundamental para la geografía de la violencia: si el negocio ya no es (solo) contrabandear droga, si el negocio es explotar economías locales, casi cualquier lugar es bueno.

El reto es entonces distinto, pero las capacidades del Estado son casi las mismas. La Policía Federal tiene el mismo número de elementos que hace seis años. No hay más policías estatales que en 2012 y ciertamente hay menos policías municipales. Y eso es sólo el problema cuantitativo. La calidad de todos los eslabones del sistema sigue siendo tan lamentable como siempre.

En resumen, tenemos más problemas en más lugares y los mismos recursos que hace un sexenio.

¿El resultado? Nuestro desastre cotidiano.
 

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