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¿Qué hacer con Gobernación?

19/06/2019
02:04
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En el sexenio pasado, la Secretaría de Gobernación (Segob) era un mastodonte. Acumulaba en su seno una cantidad inmensa de poderes y responsabilidades. Contaba con ocho subsecretarías, 16 organismos desconcentrados y tres organismos descentralizados.

Caían en su cancha la interlocución política, la seguridad pública, la protección civil, la relación con las iglesias, la política migratoria, la prevención del delito y la inteligencia civil, entre muchas otras cosas. Era cabeza de sector lo mismo de la Policía Federal que del Cisen o el Instituto Nacional de Migración (INM). En 2015, tal vez el cénit de su influencia, recibió 77 mil millones de pesos de presupuesto, un monto mayor que el de la Sedena.

Pero todo eso quedó en el pasado. En la actual administración, la Segob ha sido mutilada hasta la irrelevancia. En primer lugar, perdió todas las funciones de seguridad que había adquirido en 2012. Se fueron a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Policía Federal (ahora en proceso de fusión con la Guardia Nacional), las prisiones federales y el Servicio de Protección Federal.

Pero allí no acabó la transferencia de funciones. La SSPC absorbió también al Cisen (ahora conocido como Centro Nacional de Inteligencia), el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la Coordinación General de Protección Civil y el Centro Nacional de Prevención de Desastres. Todos esos movimientos administrativos equivalen en conjunto a una disminución de 90% en el presupuesto de la Segob.

Añádase a lo anterior que buena parte de la relación con gobiernos estatales y municipales ha pasado, por la vía de los llamados superdelegados, a la Presidencia de la República. Y la interlocución con el Poder Judicial transita por la Consejería Jurídica de Presidencia. Y la negociación con los partidos de oposición se hace en el Congreso de la Unión o en Palacio Nacional.

En esta avalancha de recortes, la Segob había conservado una función importante: la política migratoria. Pero los acontecimientos de las últimas semanas parecen haber sacado también esa responsabilidad del ámbito de influencia de Bucareli: la semana pasada, el presidente Andrés Manuel López Obrador le encomendó la operación del acuerdo migratorio con Estados Unidos al canciller Marcelo Ebrard, pidió la renuncia de Tonatiuh Guillén como titular del INM y puso en ese cargo a Francisco Garduño, un incondicional que le va a reportar a Ebrard y al Presidente, pero no a su jefa nominal, la secretaria Olga Sánchez Cordero.

Dado lo anterior, tal vez sería hora de pensar seriamente en cerrar la Segob. La SSPC podría absorber al INM y convertirse en una Secretaría del Interior, a la usanza europea o latinoamericana. Las funciones regulatorias en materia de juegos y sorteos podrían irse a la Secretaría de Economía. Los organismos de corte social, como el Secretariado Ejecutivo del Sistema de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, podrían trasladarse a la Secretaría de Bienestar. El Archivo General de la Nación y RTC podrían pasar a la Secretaría de Cultura. El Consejo Nacional de Población podría volverse responsabilidad de la Secretaría de Salud. La atención a temas de derechos humanos, así como lo poco que le queda a Segob de interlocución política y desarrollo político, podrían aterrizar en la Oficina de la Presidencia. Y de remate, el Palacio de Cobián podría volverse museo o espacio cultural: al fin y al cabo, tiene más valor histórico y arquitectónico que Los Pinos.

O no. Tal vez la Segob siga siendo muy funcional. Pero sería interesante que explicaran cuál es exactamente esa utilidad. Para ser muy franco, yo no la veo.
 

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