Una de … papa

Lo interesante del caso es que en la suspensión definitiva concedida del togado alude a que el escenario pone en riesgo la soberanía y la seguridad nacional, en paralelo al derecho a la alimentación del país.

De pasadita habla de la difícil competencia, dado el apoyo que le otorga el gobierno de Estados Unidos a sus productores locales de papa .

Y, como no queriendo, hace una referencia a políticas hostiles de la nación de las barras y las estrellas hacia México.

El amparo se había concedido contra una reforma a la Ley Federal de Sanidad Vegetal que laxaba las condiciones de ingreso del producto desde la perspectiva fitosanitaria.

El argumento del organismo que planteó la protección de la Ley, la Confederación Nacional de Productores de Papa (Conpapa), hablaba de que el tubérculo de Estados Unidos estaba contaminado, lo que ponía en riesgo los cultivos anexos de chile, tomate, berenjena y tabaco.

La modificación al ordenamiento del que el juez considera inconstitucionales sus artículos 54 y 55 apartado A, fracciones XX y XXXI y noveno transitorio, se dio tras la modificación a su vez de un convenio bilateral con el país del norte, en cuyo marco se anotaban diversos requisitos de carácter fitosanitario para el acceso de papa estadounidense.

El documento original se había firmado en 2009, bajo cuyas telas se le daba exclusividad al tubérculo Made in USA para ingresar primero a la zona fronteriza y luego al centro y sureste del país.

El problema es que desde entonces el organismo no pasó la prueba de inocuidad cuyo peligro, a juicio de Conpapa , seguía latente.

En el jaloneo que llegó a enfrentar a las secretarías de Agricultura y Economía, el organismo encabezado entonces por el actual presidente del Consejo Nacional Agropecuario, Bosco de la Vega, inició una guerra de desplegados contra el gobierno. Los choques entre éste y el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, fueron de antología.

En el fragor de la batalla se llegó a decir que el país había laxado sus reglas a presión de Estados Unidos como condición para integrarnos a la negociación del Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP), finalmente en el naufragio.

En los capítulos, de pronto se solicitó vía el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales el nuevo Acuerdo Bilateral… entregándose tachoneado, según ello para no dañar la relación con el país del norte.

El argumento original de Economía para negar el texto era que el propio INAI lo había reservado por 12 años.

El documento se firmó el 12 de marzo de 2012, cuando el secretario de Economía se llamaba Bruno Ferrari.

A querer o no del gobierno, pues, el embargo sigue.

Balance general.

De acuerdo con el monitoreo de Televisión Azteca durante el partido México-Corea del fin de semana pasado las señales de su transmisión vía los canales de paga Izzi y Sky en diferentes puntos del país fueron interrumpidas de manera intermitente. La sospecha apunta a la dueña de éstos, es decir Televisa, en una suerte de zancadilla.

Según los índices de medición de audiencia de Nielsen-IBOPE y HR Media, el canal 7 había superado la audiencia del de la televisora de avenida Chapultepec. De acuerdo con éstos, en el encuentro México-Alemania el canal de Televisa obtuvo 15.4 puntos de rating, en tanto Azteca 7 acumuló 18.6.

En el México-Corea los números habrían sido 16.8 contra 17.4.

La televisora de Ricardo Salinas asegura a su vez que en 17 partidos, de acuerdo con Nielsen–IBOPE, Azteca 7 llevaba una ventaja de 20 puntos, sumando la audiencia. Los canales de Televisa tendrían 111.7 puntos, en tanto Azteca 7 acumularía 131.8

Falla de cálculo. De acuerdo con un grupo de economistas reunidos con los eventuales jefe de la Oficina de Presidencia, Alfonso Romo Garza, y secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, de llegar Andrés Manuel López Obrador a la Presidencia de la República, el cumplimiento de las promesas de campaña en el ámbito social, becas y apoyos, llenaría 85% del presupuesto del país.

El escenario, pues, reduciría no sólo el gasto de inversión del gobierno, sino el propio corriente, es decir el costo del aparato público.

De acuerdo con el cálculo inicial, al cerrarse las llaves a la corrupción y al rescatarse bienes mal habidos, el gobierno tendría un flujo extra de recursos. Sin embargo, éste no sería permanente.

La promesa del abanderado de la coalición Juntos Haremos Historia es no aumentar impuestos ni derechos.

Golpe a Napoleón.

En un reciente laudo de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje se decreta retirarle la titularidad del contrato colectivo de trabajo de la mina San Martín, ubicada en Zacatecas, al sindicato minero encabezado por Napoleón Gómez Urrutia.

Esta pasa a la Federación de Sindicatos Mineros. La mina propiedad del Grupo México de Germán Larrea Mota Velasco lleva 11 años en huelga por supuestas violaciones al contrato colectivo de trabajo en materia de higiene y seguridad.

El escenario remite a lo ocurrido en la Minera de Cananea, donde el sindicato mantenía una huelga que fue declarada inexistente por la autoridad laboral, quien también determinó quitarle la titularidad del contrato colectivo al sindicato.

Anteriormente se había expedido un laudo similar frente al cual se había amparado el sindicato, obligando a reponer el procedimiento.

Motu proprio.

Detectadas cinco empresas como responsables de una campaña telefónica para inhibir el voto hacia un candidato presidencial, hete aquí que según el Instituto Nacional Electoral, éstas actuaron por su cuenta, es decir ningún partido político las contrató, lo que parece inverosímil.

Las firmas involucradas son Intelphone, Next Contact, TKM Customer Solutions, Focus Investigación y Massive Caller.

Todas ellas están enfocadas a realizar campañas de mercadotecnia o publicidad.

La gran pregunta es de dónde obtuvieron los datos para personalizar las llamadas y por qué en las pantallas de los celulares aparecieron como salidas de Brasil.

La paradoja del caso es que si se sostienen en su dicho de que ningún partido las contrató, las firmas podrían ser objeto de una sanción más fuerte.