A lo chino

Como usted recordará, la firma encabezaba un consorcio que resultó ganador de la licitación, con la novedad de que el gobierno la descarriló, y aunque se planteó reponerla, al final del día se metió el expediente al archivo muerto.

Defendido bizarramente el resultado de la licitación por el secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, comparecencia al calce en Comisiones del Congreso… finalmente se vio obligado a anunciar la reversa.

El sospechosismo hablaba de la presencia en el consorcio del Grupo Higa, vía su filial la constructora Teya, en la antesala de ventilarse públicamente que éste había construido y financiado la llamada Casa Blanca cuya propiedad se atribuyó la esposa del presidente Enrique Peña Nieto, Angelica Rivera. En el grupo estaban también Constructora y Edificadora Gia; GHP Infraestructura Mexicana y la italiana CSR Corporation Limited.

Sin embargo, el eje de la marcha atrás era la sospecha de favoritismo, dado que habiéndose inscrito al concurso 17 empresas, el único que presentó una postura fue el consorcio. El resto se quedó en la raya al rechazar la SCT una solicitud de ampliación del plazo, alegando que no tenían suficiente tiempo para preparar su oferta.

La ganadora fue de 50 mil 820 millones de pesos… por encima del techo de 43 mil previsto por la dependencia.

Las bases hablaban de que 85% de los recursos los aportara la constructora, amortizándolos con la operación del ferrocarril.

Entre las compañías que se quedaron en la raya estaba el grupo ICA, las francesas Bombardier y Alstom, además de la italiana Salina; la japonesa Mitsubishi Eléctrica de México; la española Abengoa; y las mexicanas Constructora de Proyectos Viales de México y Promotora y Operadora de Infraestructura e Ingeniería de Mantenimiento Aplicados.

El primero planteaba integrar un consorcio en el que participarían Construcciones y Carros de Ferrocarril y Alstom, es decir, las firmas que construyeron la accidentada Línea 12 o Dorada del Metro.

A contrapelo de las promesas, la reposición de la licitación nunca llegó. El argumento del gobierno era carencia de recursos.

A partir de entonces la firma china empezó a sacar las uñas. Si al principio declaraba que estaba en espera de que el gobierno mexicano garantizara sus derechos e intereses legales, más tarde empezó a hablar de una indemnización.

Entrada al ruedo, la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma, reputada como la principal agencia de planificación del país del Extremo Oriente habló de “lidiar de manera adecuada con la enorme mano de obra y dinero que Railway invirtió en la licitación del proyecto”.

Más tarde se hablaría de la presencia en el país desde meses antes de la publicación de la convocatoria de 100 ingenieros chinos para trabajar en el proyecto, colocándose en la lista los traslados, las oficinas que debieron alquilarse y hasta el costo de los planos.

Aun así, es evidente que el reclamo de 600 millones de dólares, es decir 11 mil 500 millones de pesos, la quinta parte del costo del proyecto, es exagerado.

El problema es que el gobierno le puso a los chinos herramientas para armar la guillotina.

Balance general.

A una semana de la salida del gobernador del Banco de México, Agustín Carstens, no termina de salir el humo blanco de la chimenea de Los Pinos, lo que provoca nerviosismo de inversionistas y especulaciones sin fin.

Aunque el cargo lo ocuparía en calidad de interino el decano de la Junta de Gobierno, Roberto Del Cueto Legaspi, se reclama certeza plena en un escenario en que la inflación se salió de cauce y los temblores en los mercados vuelven a la par de la incertidumbre sobre el futuro del Tratado de Libre Comercio de América del Norte.

Nacido en 1929, el banco central ha sido encabezado por figuras de prestigio nacional e internacional. Así Rodrigo Gómez como Miguel Mancera o el propio Carstens. La presencia de una figura respetable garantiza la defensa de la autonomía del organismo.

El candidato natural era el actual secretario de Hacienda, José Antonio Meade, a quien se le entrampó en el escenario de la sucesión presidencial.

El cargo es transexenal, es decir, que quien fuera el próximo Presidente de la República no tendría facultades para remover al titular.

Castañón otra vez.

A la callada, el pleno del Consejo Coordinador Empresarial decidió el miércoles facultar a la Comisión Ejecutiva para reelegir en automático por un tercer periodo como presidente a Juan Pablo Castañón Castañón. No habrá, pues, el procedimiento correspondiente, en un escenario en que la Concamin reclamaba su derecho a la rotación luego de un larguísimo periodo en que la estafeta ha pasado de la Coparmex a la Concanaco.

La exposición de motivos habla de la importancia del organismo cúpula frente a la discusión pública de los próximos meses, aunque sin mencionar especificamente el escenario de la sucesión presidencial.

Según ello, el reclamo del CEE apuntaría a fortalecer la libre empresa así como principios y valores que produzcan igualdad entre los mexicanos y que se promuevan el Estado de Derecho y la democracia plena.

¿Y Telcel?

Llama la atención, de cara a la catarata de esquelas de firmas en competencia con Televisa en el mercado de televisión de paga y telefonía, el silencio de Telcel frente al asesinato de Adolfo Lagos. Ni mención pública del caso ni condolencias. La falta de solidaridad, sin embargo, no es nueva.

Aunque en mayo pasado Teléfonos de México recibió por decimosexto año consecutivo el galardón de Empresa Socialmente Responsable que otorga el Centro Mexicano para la Filantropía, hete aquí que la empresa siguió cobrando su servicio después de las horas amargas del sismo del 19 de septiembre.

Mientras la competencia abría sin cobro sus redes, incluidos mensajes de SMS y datos, hasta las 21 horas llegó el aviso de gratuidad de Telcel. Las primeras en ofrecerlo fueron Movistar y AT&T.

Por la buena.

De aprobar el Senado una minuta enviada por la Cámara de Diputados de aprobación a una reforma al Título Sexto de la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente relativo a inspecciones, se privilegiara la resolución de conflictos mediante la conciliación.

La posibilidad es impulsada por la Concamín, en un marco se está colocando mayor equilibrio entre prevención y sanciones, pasando los acusados de presunto culpable a presunción de inocencia.

De aprobarse la reforma, habría una tregua de seis meses para implementarla.